Los dos sindicatos vencedores del referéndum convocado hace unas semanas en la Policía Municipal de Madrid, CSIT-Unión Profesional y CPPM, quieren negociar su convenio directamente con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Han denunciado al Ayuntamiento ante la Inspección de Trabajo por no respetar los descansos ni facilitar la hidratación durante su trabajo.
El conflicto del Ayuntamiento de Madrid con los sindicatos policiales tuvo una primera parte con la convocatoria de un referéndum en el que se proponía a la plantilla un modelo de convenio para los próximos años.
El concejal de Seguridad, Javier Barbero, pensó que iba a ganar la consulta la propuesta que era apoyada por tres de los sindicatos: CCOO, UGT y UPM. Pero los votantes rechazaron en un 85% la oferta y reforzaron las posiciones de CSIT-Unión Profesional y CPPM que rechazaban el preacuerdo por considerarlo regresivo.
Estos dos sindicatos continúan con sus exigencias para que se acepten las propuestas que incluían en su plataforma y que han sido rechazadas en las negociaciones, incluso después del referéndum.
El pasado lunes los responsables policiales llegaron a suspender una reunión antes de que comenzaran las negociaciones, lo que ha enfadado más a los representantes de los agentes.
Fuentes de CPPM señalaron que esta postura de menosprecio constante “son propias de regímenes pasados, mientras se juega tanto con la salud de los trabajadores, con suspensiones y prolongaciones indiscriminadas, lo que es una vergüenza constante”.
Bajas en el Orgullo Gay
Tras la celebración del referéndum unos doscientos agentes rechazaron, por enfermedad, acudir a prolongaciones de jornada o suspensión de sus libranzas para trabajar en el día del Orgullo.
Tampoco se apuntaron a hacer horas extras los funcionarios durante el festival de música Madrid Cool, lo que provocó protestar por la falta de agentes en los críticos momentos de la entrada a los conciertos.
En este ambiente de tensión, ayer el concejal de Seguridad anunció que interpondrá una demanda judicial por las 222 bajas médicas que se produjeron en la jornada del Orgullo. Javier Barbero consideró que esa es una situación “especialmente grave”.
El concejal anunció que se van a tomar medidas por "Asuntos Internos, pero en cualquier caso el Ayuntamiento va a plantear una demanda judicial porque nos parece especialmente grave".
Barbero cree que el asunto del convenio tiene un fondo político y anunció que la respuesta municipal será “contundente”.
El responsable de la Policía dijo que quiere seguir negociando y “no que un número pequeño de agentes hagan pagar las consecuencias, porque hay muchos que desean que haya acuerdos".
A Manuela Carmena le están contando cosas que no son ciertas, por lo que queremos una reunión", aseguran desde CSIT-Unión Profesional
José Francisco Horcajo, portavoz de CSIT-Unión Profesional, considera que las amenazas del concejal le descalifican para negociar, por lo que exige, al igual que otros representantes de los funcionarios, que la propia alcaldesa tome la dirección de las negociaciones.
“A Manuela Carmena le están contando cosas que no son ciertas, por lo que queremos una reunión para que conozca por nuestra boca la situación que atraviesa el cuerpo”, señaló Horcajo.
El portavoz de este sindicato explicó que están sometiendo a los policías a una constante incertidumbre laboral en sus jornadas, duración y descansos. “Están convirtiendo el estado físico y mental de los agentes en un problema para la ciudadanía, pero también para los propios policías en una situación de Alarma 4 antiterrorista.”
Horcajo añadió que el problema es de liderazgo y no económico debido a que los actuales gestores les faltan modelos y referente de lo que quieren de la policía de Madrid.
