El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso que la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y juez en excedencia Victoria Rosell presentó contra las diligencias preprocesales que le abrió la Fiscalía. El TSJC considera que la Fiscalía vulneró el derecho de defensa y el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, pero rechaza que se vulnerase el derecho al honor de Rosell, según recoge la sentencia.
La sentencia menciona la publicidad que la Fiscalía dio a las diligencias abiertas contra Rosell por una posible infracción disciplinaria y manifiesta que "tal información sí trasgrede directamente la neutralidad informativa que deben mantener las instituciones públicas durante el proceso electoral, evitando aquellas que puedan influir en la orientación del voto"." "Como dice el abogado del Estado, no existe precepto legal alguno que ampare que los jueces y tribunales supediten su actividad jurisdiccional en la campaña electoral", se añade.
Proceso electoral
"Pero una cosa es que la existencia de un proceso electoral no constituya causa legal para aplazar, suspender o condicionar la actuación de los Tribunales y de la propia Fiscalía, y otra distinta es informar positiva y públicamente sobre la incoación de actuaciones que pueden directamente influenciar la condición e imagen pública de un candidato electoral en el proceso", indica la sentencia. El 17 de febrero pasado, la Fiscalía General del Estado archivó archivado las diligencias incoadas contra el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, como consecuencia de la denuncia presentada por Victoria Rosell, por considerar que se había extralimitado en sus funciones.
Rosell alegó a su vez que existía una notoria enemistad de García Panasco y de la fiscal que se encargó de la investigación, Evangelina Ríos, hacia su persona
La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado estimó que los hechos denunciados por la diputada de Podemos no son constitutivos de infracción disciplinaria, por lo que ha decretado el archivo de las diligencias incoadas al respecto. Rosell había denunciado a García Panasco por entender que se había extralimitado en sus funciones al abrir una investigación sobre la instrucción que ella había realizado en un caso de fraude fiscal donde figuraba como acusado el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
La Fiscalía de Las Palmas pretendía conocer si Rosell incurrió en algún tipo de responsabilidad disciplinaria en ese procedimiento, tras tener conocimiento de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, había firmado un acuerdo en octubre con la UD Las Palmas para traspasarle la gestión de una licencia de radio por 300.000 euros. La Fiscalía Provincial trasladó sus indagaciones al respecto al Consejo General del Poder Judicial para que decidiera si procedía o no sancionar a Rosell, pero el órgano de gobierno de los jueces determinó la semana pasada que la ahora diputada no había cometido ninguna infracción alguna de sus obligaciones como instructora.
En su queja contra el fiscal jefe de Las Palmas, Rosell alegaba a su vez que existe una notoria enemistad de García Panasco y de la fiscal que se encargó de la investigación, Evangelina Ríos, hacia su persona y que el Ministerio Público carece de competencias disciplinarias sobre los jueces.
