El magistrado del caso Villarejo vuelve a archivar las diligencias para Repsol y Caixabank y y los presidentes de ambas compañías, Antonio Brufau e Isidro Fainé. El instructor reabrió la investigación por orden de la Sala de lo Penal y, tras practicar las diligencias encargadas, vuelve a levantarles la imputación al considerar que no hay indicios que les impliquen en la contratación de las empresas del comisario jubilado.
El instructor Manuel García Castellón vuelve a finalizar la investigación de esta pieza 21 del caso Villarejo relativa al encargo en 2011 que tanto Repsol como Caixa hicieron al policía para que investigase a Del Rivero en plena operación de la petrolera mexicana Pemex y Sacyr para hacerse con el capital de Repsol. De esta forma considera que hay indicios para juzgar a Villarejo, a su socio en Cenyt, Rafael Redondo y a los directores de seguridad de Caixa (Miguel Ángel Fernández Rancaño) y de Repsol (Rafael Araujo). Este último volvió a declarar este mismo miércoles de manera voluntaria en la Audiencia Nacional.
Junto con estos cuatro imputados, Manuel García Castellón procesa también a Rafael Girona (exsubdirector de Seguridad de Repsol) y el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño (para quien le han suspendido el juicio que se sigue por otros trabajos del comisario tras haber sufrido un ictus).
Declaración clave del compliance
El magistrado recoge en su auto los mismo argumentos que ya plasmó cuando les archivó la causa en julio del año pasado y se reafirma en que no hay indicios que prueben que Brufau y Fainé conocían que se contrató con las empresas del comisario jubilado para desarrollar el conocido como proyecto Wine. En lo que respecta al presidente de la petrolera, dice el juez que "no hay indicio ni sospecha" de los que pueda desprenderse que la iniciativa de contratar a Villarejo partió de él. "Mantener esto serían meras conjeturas", explica.
"El hecho de que el señor Brufau haya reconocido en su declaración como investigado la preocupación que le generó el pacto Sacyr-Pemex, al considerarlo altamente perjudicial para Repsol, es una afirmación razonable y por sí solo no es indicativo de nada", concluye el auto. Sobre Fainé se determina que ni conoció los pormenores de la contratación ni detalles del espionaje que se centró en la figura de Del Rivero y de su familia más cercana.
Ambas compañías reguladas y auditadas cumplían con sus controles de supervisión
El magistrado basa sus conclusiones en varias diligencias de calado practicadas desde la reapertura de esta pieza vigésimoprimera del caso Tándem. Destacan, por un lado la declaración del jefe de Compliance de Repsol, Enrique Hernández, y, por otro, del propio Araujo que declaró este mismo martes a petición propia. En lo que respecta a Hernández su testimonio lo ordenó la Sala de lo Penal ya que tanto Fiscalía Anticorrupción como imputados consideraron importante escucharle en sede judicial antes de terminar la investigación.
El jefe de Compliance compareció ante el juez el pasado 3 de mayo y explicó que la petrolera cuenta con controles implantados en el año 2011 para prevenir la comisión de delitos y que la compañía tenía, además, un canal de denuncia interno activo desde 2009. El juez recuerda que durante su declaración apuntó "una y otra vez" que todo lo relativo a la contratación de Villarejo recayó sobre el área de seguridad que dirigía entonces Araujo. Éste por su parte, así lo confirmó este mismo martes.
Funcionó el control
A ello se suman las citaciones de María Luisa Retamosa (jefa de Auditoría de Caixa); Carlos López Agudo (director de Cumplimiento de Caixa), de Rafael Tejedor (perito que elaboró el informe encargado a KPMG) y toda la nueva documental aportada. Todo ello lleva al magistrado Manuel García Castellón a concluir que las contrataciones se gestaron y controlaron en los respectivos departamentos de Seguridad y que ni la cúpula de las dos empresas ni tampoco sus máximos representantes estaban al tanto de este asunto.
"En definitiva, ambas compañías, reguladas, supervisadas y auditadas cumplían con sus obligaciones de supervisión y control sin que se les pueda achacar a un déficit en esta materia la presunta comisión de los delitos que han sido investigados por este instructor. Por ello reitera también el archivo para los exaltos cargos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris y Juan de Amunátegui, además del exdirector general de Medios de Caixa, Antonio Massanell.
Con todo, los hechos investigados en esta pieza irán a juicio ya que el juez considera que Villarejo y el resto de personas procesadas cometieron delito de cohecho y revelación de secretos con esta contratación. La misma se gestó a finales de 2011 ante el temor de que Sacyr y su aliado Pemex se hicieran con el control de Repsol y pusieran en riesgo su negocio internacional. Para ello contrataron al Grupo Cenyt, el cual espió las llamadas de los objetivos, entre los que se encontraban también el jefe de seguridad de Sacyr y el antiguo directivo directivo de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo.
La petición de Del Rivero
En concreto, accedieron a llamadas telefónicas de todos ellos y a otro tipo de información que constituyen datos de carácter reservado. Al respecto el auto alerta de que no solo habrían revelado secretos sino que también contrataron a un funcionario policial en activo ya que Villarejo estuvo adscrito a la Policía Nacional hasta su jubilacióon a mediados de 2018.
Por ello García Castellón da el primer paso para sentar en el banquillo a los presuntos responsables de estas contrataciones. No obstante, en otros dos autos separados, declina practicar las diligencias de prueba solicitadas por la defensa de Del Rivero de adherir una pericial sobre la intervención de sus teléfonos móviles y el borrado de su contenido. Según razona, la causa ya contó con un informe policial que analizaría todo lo relativo al pinchazo de llamadas. Además, dice que no hay evidencias que demuestren que Cenyt dispusiera de "herramientas tecnológicas de las capacidades descritas".
