José Manuel Villarejo se interesó por fiscales, magistrados y políticos colombianos a propósito de su viaje al país sudamericano en julio de 2017. El comisario jubilado anotó en sus agendas personales el calendario de encuentros que tenía previsto celebrar la primera quincena del mes en Bogotá. Una de las personas que llamó su atención fue Gustavo Petro, el exguerrillero que se postula como favorito a ganar las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 29 de mayo.
El agente encubierto centró su visita en indagar detalles de la compra por parte del Canal de Isabel II de la colombiana Inassa. Según consta en sus agendas personales, el objetivo principal del viaje era acceder a información sobre esta operación de 2001 que se ha investigado en la Audiencia Nacional en el marco del caso Lezo. De hecho, Villarejo formuló estas anotaciones apenas meses después del estallido de esta causa de corrupción, en el marco de la cual se detuvo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
No obstante, además del caso Lezo, el comisario (ya jubilado) fijó otros objetivos que pasaban también por reuniones con fiscales y abogados de Colombia. Entre ellos se encontraba Gustavo Petro. Su nombre está más de actualidad que nunca ya que es el favorito para ganar las elecciones del próximo domingo 29 de mayo en Colombia.
Su candidatura no está exenta de polémica ya que Petro, que se presenta por el partido de izquierdas Colombia Humana, militó en su juventud en Movimiento 19 de abril; una guerrilla fundada tras la derrota del candidato de la Alianza Nacional Popular Gustavo Rojas Pinilla, en los comicios de 1970. El grupo, que conformaron miembros de otras organizaciones terroristas como las FARC, se conformó como guerrilla urbana y participó en el conflicto armado interno de Colombia.
"Petro, exalcalde de Bogotá"
Así, Villarejo anotó en sus famosos cuadernos la identidad del ahora candidato presidencial con epígrafe "exalcalde de Bogotá"; en referencia al cargo que ocupó Petro entre abril de 2014 y diciembre de 2015. Su nombre, que reflejó en la hoja correspondiente al 9 de julio de ese año va relacionado con Juan Carlos Granados. Se trata de un abogado colombiano que, además de ser gobernador, también tuvo un puesto en el consistorio de Bogotá en calidad de 'contralor'; figura encargada de controlar los gastos de la administración pública.
Precisamente Petro y Granados mantuvieron un enfrentamiento que acabó en los tribunales por la decisión de este primero de bajar las tarifas del autobús público en Bogotá mientras fue alcalde. El departamento que controlaba Granados le impuso en 2016 una sanción millonaria por esta medida cuando abandonó la alcaldía al considerar que había causado un gran perjuicio a las arcas públicas. A comienzos de año la Justicia colombiana falló dando la razón a Petro.
Con todo, el grueso del viaje de Villarejo a Colombia lo centró el caso Lezo. Esta causa de corrupción salpicó al expresidente madrileño Ignacio González, uno de los objetivos número uno del comisario jubilado. Sus pesquisas sobre González arrancaron en plena guerra de espías dentro del Partido Popular de Madrid, pero se ampliaron a medida que creció el enfrentamiento entre González y Francisco Granados; también delfín de Esperanza Aguirre. Por ello Villarejo le espió en relación al famoso tema de su ático de Estepona o de este mismo caso Lezo.
Villarejo y el caso Lezo
El objetivo de Villarejo en julio de 2017 (apenas tres meses antes del estallido del caso Tándem) era averiguar todo lo relativo a la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. Esta operación, que se selló en 2001, comenzó a investigarse quince años después en la Audiencia Nacional por presunto desvío de dinero público con la adquisición. Las diligencias propiciaron la imputación del también expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y del Consejo del Canal que aprobó la operación, aunque finalmente se archivó la causa para el exalto mando del PP madrileño.
La Audiencia Nacional abrió juicio oral por estos hechos en 2020 apuntando que el procedimiento estuvo "plagado de ilicitudes" y se realizó de manera indirecta, puesto que lo que realmente compró fue Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa. En plena investigación penal por estos hechos, el comisario jubilado no solo disponía de toda esta información sino que pretendía trabajarla en Colombia, tal y como muestran sus cuadernos personales.
"Gallardón, objeto del procedimiento"
Así, apuntó un posible encuentro con Fernando Carrillo (en el momento de los hechos procurador general de Colombia) y anotó todo tipo de detalles de esta operativa, pudiera ser con la intención de comentar todo este asunto con el fiscal colombiano. Por ejemplo, referencias a Aguas de Barcelona Agbar (sociedad a la que pertenecía Inassa desde su creación en 1996), el nombre de Canal Extensia (con alusión directa a que fue comprada por una filial del Canal) o el nombre de Gallardón. Junto con esta anotación, el comisario escribió: "objeto del procedimiento".
Del mismo modo apuntó que las pesquisas estaban judicializadas -en concreto bajo la batuta del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional- y que los intermediarios fueron Tripe A. "Costó a la Comunidad de Madrid 97 millones de euros", anotó, haciendo constar, además, los nombres de otros políticos del Gobierno de Gallardón implicados en la causa que sí serán juzgados por estos hechos.
Se trata del entonces director gerente del Canal Arturo Canalda (cuya imputación en el caso Lezo motivó su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas) y el exconsejero de Gallardón Pedro Calvo. Todos estos datos coinciden con las pesquisas seguidas en la Audiencia Nacional y que están a punto de juzgarse a falta de fijar una fecha para arrancar la vista oral.
