Vitaldent, pionera en implantar el modelo de franquicia en las clínicas dentales, sigue en el ojo del huracán. Apenas 24 horas después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvieran a su dueño, el empresario uruguayo Ernesto Colman, y a varios directivos, la jueza les ha enviado a prisión por blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. Los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. Pero... ¿quién es quién en el caso Topolino?
Además de los cuatro principales implicados en la red de fraude, que supuestamente obligó a los franquiciados a entregar pagos en B a la hora de abrir una clínica dental con la marca Vitaldent, hay otras personas que el auto emitido por la jueza María Isabel Serrano reconoce como parte de los implicados:
- Ernesto Colman. Es el propietario de Vitaldent y de otras sociedades. Considerado el cabecilla de la trama, el auto apunta que desde una posición de "superioridad" impartía las "órdenes e instrucciones en base a su posición jerárquica de administrador de sociedades y dueño de la marca Vitaldent". El escrito sostiene que Colman es el organizador de "una estructura societaria destinada a enriquecerse ilícitamente" a través de las ganancias patrimoniales "derivadas del fraude fiscal a la Hacienda Pública" -en su domicilio, la policía ha intervenido más de 400.000 euros en efectivo-.
Colman construyó "un sistema de financiación opaco a la Administración Tributaria que le ha permitido ingresar importantes cantidades de efectivo en su patrimonio personal"
Colman, continúa el auto, a través de los Laboratorios Lucas Nicolás S.L. construyó "un sistema de financiación opaca a la Administración Tributaria que le ha permitido ingresar importantes cantidades de efectivo en su patrimonio personal mediante el flujo de capital desde la clínicas Vitaldent hacia su propia persona, y de ahí a cuentas bancarias de entidades sitas en territorios off-shore". Para camuflar su rastro, según relataron otros investigados, el dueño de la clínica habría realizado operaciones societarias carentes de contenido para justificar la facturación y movimiento de capital, intentando encubrir así el origen ilegal del dinero, facilitándose así su blanqueo posterior.
- Bartolo Conte. Hombre de confianza de Colman, era el encargado de controlar las gestiones empresariales del grupo Vitaldent, siendo el responsable de dar las "instrucciones necesarias a sus subordinados en el departamento financiero para que cuadren las cuentas" que no se ajustaban en el dinero en efectivo y en los apuntes contables. Según apunta la juez en su auto, "es conocedor y partícipe de la mecánica de generación de dinero B procedente de los pagos de las clínicas", además de ser el responsable de las clínicas en Italia, el gestor de las franquicias en Portugal y consejero en las sociedades luxemburguesas de Colman.
Conte gestionaba también, el márketing y la publicidad de la empresa, siendo el único propietario de Negociación y Compra Advertising, empresa a la que se contrataba la publicidad y en la que Ernesto Colman participaba con un 20% a través de la sociedad Yabba Dabba. Esta estructura, apunta la juez, permitía "la recaudación de cantidades en B a través del canon de publicidad, a cuyo pago están obligados todos los franquiciados".
- Julio Nicolás Sisinni. Testaferro y colaborador de Colman en las sociedades ajenas a Vitaldent, que eran "utilizadas para enmascarar los fondos provenientes de las actividades ilícitas" que tenían su origen en Vitaldent. Nicolás ejerce su función como parte del proceso de blanqueo de capitales, actuando como testaferro de alguna de las sociedades, como el caso de la sociedad Abrasion Operativa, o como apoderado en varias sociedades de marketing y publicidad de Conte.
Además, Nicolás actúa como responsable de la gestión, mantenimiento y creación de estructuras societarias de Colman en el exterior, "viajando a distintos países para realizar el pago de gastos de gestión de las sociedades de Ernesto Colman en Uruguay o Argentina", recoge el auto. Su relación se extiende también a Conte, dado que era responsable de los fondos en efectivo que generaban las clínicas Vitaldent en Italia, y con el que comparte también un despacho en la calle Claudio Coello, en el que se han intervenido más de 100.000 euros en metálico.
El testaferro declaró ante la policía que tenía total conocimiento de la estructura societaria y ha aportado datos de las operaciones realizadas por Colman y su compañeros.
Arteaga habría establecido rondas por las clínicas para recoger el dinero en efectivo de manera trimestral “yendo él personalmente, o apoyándose en su hermano Óscar Arteaga”
- Javier Arteaga Gálvez. Fue Director General de Expansión en Miami (Estados Unidos) entre 2006 y 2007 y mantenía una estrecha amistad con Ernesto Colman. De esta forma, la magistrada señala en el auto que “es y ha sido conocedor de todo lo relativo al movimiento de dinero B, dentro de la organización liderada por este”, algo que ha reconocido parcialmente. En la actualidad posee 22 clínicas franquiciadas en Madrid, Andalucía y Canarias. La juez señala que “paga el canon del 10% o 11% de la facturación de cada clínica que gestiona”. Además, explica cómo Arteaga habría establecido rondas por las clínicas para recoger el dinero en efectivo de manera trimestral. Cuenta también que lo haría “yendo él personalmente, o apoyándose en su hermano Óscar Arteaga”. Y sobre a dónde va a parar el dinero, la juez explica que “lo introduce posteriormente en el mercado nacional, en base a una estructura societaria con facturación falsa”.
- Yolanda Copete. Es la responsable del Departamento de Expansión de Vitaldent y "una de las personas que recogía dinero B de las clínicas odontológicas". "Es la persona a la que los franquiciados se dirigen para solicitar un aplazamiento o quita en el pago del canon e interviene como apoderada en múltiples actuaciones notariales para la realización, como representante de negocios jurídicos de sociedades vinculadas a la red de clínicas Vitaledent", reza el documento judicial.
Además, el escrito de la magistrada recoge que “como responsable de un puesto directivo, da instrucciones para cambiar el procedimiento llevado hasta ese momento en la contabilidad que se iba anotando en Ulyses, tratando de que los ingresos realizados desde Central a Clínica se anoten como venta y no como un pago gratuito”. Su única finalidad es “modificar la producción de cada clínica”.
- Óscar Arteaga Gálvez. La magistrada Serrano señala que "desempeña un rol activo en la gestión de las sociedades, actuando como administrador solidario en las diferentes empresas de prestación de servicios dentales y gestoras de las mismas”. Además, añade que es informado y consultado sobre las decisiones importantes (contratación de personal y gestión, ventas e inspecciones) y que “es conocedor del pago del canon en B y de que dichos pagos no se reflejan en ningún apunte contable o mercantil y se realizan sin ningún tipo de control tributario”. Finalmente señala que en el registro de su domicilio se encontraron más de 600.000 euros en metálico, “lo que viene a corroborar los indicios que respecto a él ya existían en el procedimiento”.
