En el encuentro mantenido el martes en el Congreso por Pedro Sánchez con Francesc Homs y Joan Tardá, los representantes de Democracia y Libertad y Esquerra Republicana acabaron dejando en el aire la posibilidad de abstenerse en la investidura, aunque condicionaron este gesto de generosidad con el PSOE a que Sánchez admita la celebración del referéndum en Cataluña. Como el comité federal de su partido ha vetado tal posibilidad, el líder socialista ha ofrecido a los independentistas estudiar las 23 reivindicaciones que Artur Mas trasladó a Mariano Rajoy en julio de 2014, a pesar de que en el propio equipo negociador de la investidura se reconoce que la mayoría de ellas son inasumibles porque, entre otros problemas, enfrentarían al PSOE con las siete comunidades en las que gobierna.
La Generalitat exige más gasto para Cataluña de Hacienda, Sanidad, Fomento e Industria
El documento presentado por Mas hace año y medio incorpora propuestas que no solo elevarían el gasto público en infraestructuras sino que generarían serios enfrentamientos entre Cataluña y el resto de las comunidades. En concreto, reclama más de 3.000 millones de euros extras para inversiones en obra pública, pues la Generalitat considera que desde el año 2008 el Estado está incumpliendo la disposición adicional del Estatuto que obliga a invertir en Cataluña el mismo porcentaje que esta comunidad aporta al PIB nacional.
Además, los independentistas catalanes exigen en el documento que ahora Pedro Sánchez se ha comprometido a tener en cuenta más fondos procedentes de los ministerios de Hacienda, Sanidad, Fomento e Industria, la marcha atrás en la reforma del sector eléctrico, nuevas transferencias en Justicia, la derogación de la reforma educativa y políticas activas de empleo a la carta para Cataluña.
Cesiones para la investidura
Consciente de la importancia que podrían llegar a tener para su investidura los votos de los 9 diputados de Esquerra Republicana y los 8 de Democracia y Libertad, Sánchez se ha comprometido a examinar estas reivindicaciones, asumiendo, de momento, el entierro de la reforma educativa del PP, la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica y la promoción de una reforma constitucional que daría una solución global, sin concreción, a la pulsión soberanista.
Fuentes socialistas admiten que aceptar las exigencias de los independentistas sería inasumible “en términos políticos y económicos”, primero porque Sánchez tendría en contra a los barones de su partido, que ya gobiernan en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares y Andalucía, y segundo porque supondría compensar a una comunidad como Cataluña que a finales del año pasado ya había recibido más de 50.000 millones del Estado a través de diversos fondos de ayuda y que, pese a ello, no ha cedido un ápice en su desafío al Estado.
ERC y DyL han dejado en el aire la posibilidad de abstenerse en la investidura
A la vista del enfrentamiento que Esquerra Republicana y la antigua Convergencia tuvieron con Mariano Rajoy en la pasada legislatura, en el PSOE no se descarta que, al final, en el último minuto, ambos grupos regalen su abstención a Pedro Sánchez, aunque de poco valdría si no se viera acompañada de la de Podemos.
