El informe definitivo remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia (UDEF) a la instructora de la 'operación Topolino' revela que la cúpula Vitaldent defraudaba a la Hacienda Pública más de 17 millones de euros al año a través de los pagos en B que obtenía de las denominadas clínicas propias, es decir, aquellas cuya gestión dependen de la propia marca a diferencia de las franquicias. Así lo pone de manifiesto la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda en el auto donde envía a prisión al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, Bartolomé Conde y a los colaboradores Nicolás Sisinni y Javier Arteaga.
Todos ellos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal por haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Hacienda Estatal.
En la resolución, la juez cifra de la siguiente manera el fraude fiscal cometido por la cúpula de Vitaldent: "se puede determinar que cada una de las clínicas propias paga un canon mensual de 10.000 euros por lo que anualmente se perciben por los investigados cantidades millonarias, que se estima por la UDEF, partiendo de la base de que hay 146 clínicas propias, que se elevarían a 17.250.000 euros al año los cuales se ocultan a la Hacienda Pública".
La juez explica cómo con la caja B Vitaldent creó un sistema "de generación mensual y anual de grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente"
Además, en el auto de prisión, la magistrada María Isabel Serrano subraya que "de la investigación llevada a cabo por este juzgado se desprende indicios bastantes de la existencia de un grupo de personas que de manera organizada como propietarios y/o responsables de las clínicas Vitaldent, y a través del sistema de franquicias que operan con centenares de clínicas repartidas por toda España, habrían diseñado y estarían participando en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes y la propia Hacienda Estatal, generando de este modo cantidades ingentes de dinero opaco a la Administración Pública, cuyo destino final trataría de desvincularse de su origen mediante operaciones ficticias y la utilización e interposición de numerosas entidades instrumentales radicadas en Suiza, Luxemburgo, España u Holanda".
En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda detalla cómo tal defraudación tendría su origen en la existencia de una caja B "así como un sistema de generación mensual y anual de grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente".
La juez explica que en un primer momento cada clínica podía generar en B la cantidad mensual elegida siempre que el 10 por ciento del dinero "ennegrecido" fuese destinado a la organización. Posteriormente, se pasó a exigir a cada clínica el pago de 10.000 euros mensuales que eran abonados mediante un sistema de recogida que habría sido encargado por Colman a personas de su confianza. Una vez que ese dinero era almacenado era enviado hacia paraísos fiscales como Suiza.
Con el fin de desviar esos fondos Ernesto Colman creó un complejo sistema societario dividido en mercantiles que poseían las participaciones de las clínicas propias (que no eran franquicias) y otro grupo de sociedades que eran utilizadas para "minorar el pago de impuestos y expatriar capitales hacia países de la zona euro". Por último, en el auto, la magistrada recalca que para llevar a cabo con éxito estos pagos en Vitaldent existía una contabilidad y una contabilidad B y la facturación se realizaba "habitualmente sin IVA".
