Las reiteradas quejas vertidas por la Asociación Eólica de Galicia en torno a la paralización que sufre la puesta en marcha de nuevos parques eólicos, que afecta a decenas de proyectos en la comunidad, bajarán probablemente de frecuencia e intensidad tras anunciar la Xunta que dichas instalaciones serán declaradas de “interés público superior”. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente, que gozarán de una tramitación mucho más ágil mediante la aplicación de un reciente reglamento europeo que insta a acelerar el despliegue de energías renovables en todo el territorio de la UE por motivos tales como su contribución a la salud y a la seguridad públicas.
Por lo tanto, demorar su instalación sólo estará justificado en el caso de que se demuestre el efecto pernicioso de dichos proyectos sobre el medioambiente y sobre el paisaje. La Consellería de Industria será la encargada de vigilar las consecuencias sobre el medio natural de los parques eólicos en construcción para identificar con prontitud "los posibles efectos adversos no previstos" y llevar a cabo medidas para evitarlos.
En el caso de Galicia, la medida anunciada por el gobierno autonómico tiene por objetivo fundamental evitar que la apertura de nuevas infraestructuras eólicas siga demorándose debido a los constantes recursos judiciales que interponen colectivos ecologistas y vecinales opuestos a la “plantación” de más aerogeneradores en zonas que, en su opinión, deberían estar protegidas.
Los retrasos que provocan dichos recursos han colmado la paciencia de la patronal eólica, que denuncia la inseguridad jurídica que padecen los empresarios del sector y el gran perjuicio que supone para la economía gallega frenar el desarrollo de una industria que genera miles de puestos de trabajo, potencia la utilización de energías limpias y anima a la creación de nuevas empresas vinculadas a las renovables.
La Xunta circunscribe la declaración de interés público superior a parques eólicos de competencia autonómica cuya fecha de inicio esté comprendida entre el 30 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2024, así como aquellos que se iniciaran con anterioridad y en los que no recayese resolución definitiva en la vía administrativa antes del 30 de diciembre de 2022.
Añade que también "será extensiva a procedimientos de autorización que se inicien con posterioridad a 30 de junio de 2024, cuando así lo determine el derecho de la Unión Europea". La Asociación Eólica de Galicia espera que Tribunal Supremo se pronuncie a final de año sobre el fondo del asunto que ha llevado a la anulación y suspensión cautelar de parques en la región, de forma que decenas de proyectos puedan, al fin, ponerse en marcha tras un parón que dura ya mucho tiempo y que amenaza inversiones que superan los 6.000 millones de euros.
Denuncia, en este sentido, que en los últimos cinco años se han instalado "únicamente 510 MW" y en 2022 sólo 28 megavatios. Según los datos de la Asociación Empresarial Eólica, Galicia cuenta con más de 3.800 MW instalados en las cuatro provincias. Es la cuarta comunidad autónoma por potencia instalada en España y cubre un 54% de la demanda eléctrica con energía eólica.
