La queja no es nueva, pero el atentado de París contra el semanario 'Charlie Hebdo' la ha puesto de nuevo sobre la mesa. Expertos de la lucha contra el terrorismo yihadista de nuestro país se quejan de las "dificultades judiciales" con las que aún se enfrentan a diario en la lucha contra el islamismo. En concreto, denuncian que algunos magistrados de la Audiencia Nacional, el órgano judicial responsable de dirigir las investigaciones contra el islamismo, ponen "demasiadas pegas" para autorizar diligencias que consideran "claves" en sus pesquisas. Se refieren, sobre todo, a las intervenciones telefónicas. "Aún hay jueces que no terminan de entender que este terrorismo es diferente al de ETA. Se empeñan erróneamente en seguir aplicando las premisas judiciales que han servido para combatir éste a la persecución del yihadismo", apunta un veterano agente que añade que buena parte de las más de veinte investigaciones contra células o individuos islamistas que se están llevando a cabo en la actualidad se realizan sin 'pinchazos'.
Expertos antiterroristas denuncian que el juez Pedraz suspendió una veintena de intervenciones telefónicas tras filtrarse a la prensa datos sobre una investigación contra islamistas
Los expertos policiales consultados recalcan que en la lucha contra la islamismo "es fundamental la rapidez en conseguir información para evitar atentados y, en estos momentos, tardamos una media de dos días en lograr la autorización judicial para hacer una intervención telefónica... cuando la conseguimos". Según denuncian, estas dificultades se agravan, precisamente, en el caso de los yihadistas que retornan a España después de combatir en Siria o Irak, y que se han convertido en la mayor preocupación para las Policías europeas dada la preparación militar con la que regresan. De hecho, los dos presuntos autores materiales de la masacre de París había participado en estos conflictos. "La mayoría de los jueces exigen que les pongamos sobre la mesa pruebas de que están delinquiendo en España para permitirnos pincharles el teléfono. No les basta con que les demostremos que vienen de luchar en las filas del Estado Islámico", se lamentan. Estas fuentes recuerdan que "esto no pasaba en la lucha contra ETA. Bastaba que se le interviniera a alguien un 'Zutabe' [boletín interno de la organización terrorista] para que se autorizase la intervención de sus comunicaciones".
Esta situación ha provocado recientes roces entre los agentes responsables de las investigaciones y algunos magistrados. El más reciente, con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien anuló una veintena de intervenciones telefónicas de personas supuestamente relacionadas con una trama que reclutaba mujeres musulmanas para enviarlas a Siria e Irak tras aparecer en un diario datos de la investigación. "Nos acusó de la filtración a la prensa y, por sorpresa, suspendió gran parte de los 'pinchazos", detallan. Finalmente, la operación se pudo realizar y la red que las captaba fue desmantelada. Entre los arrestados hubo cuatro mujeres, una de ellas menor de edad. "Da la sensación de que algunos jueces nos hacen pagar a nosotros su cabreo con el Gobierno", se lamenta otro agente. No obstante, otros reconocen "cierta mejoría" en la actitud de algunos jueces, que cada vez envían a prisión preventiva a un mayor número de detenidos en estas operaciones. "Antes, muchos quedaban en libertad", añaden.
No obstante, las quejas no sólo se dirigen contra los magistrados. Los expertos antiterroristas también se quejan de la "lentitud" y de las "pegas" que supuestamente les plantean las compañías telefónicas para facilitar la labor policial una vez que ya han conseguido la autorización judicial. "Parecen no entender que la rapidez en empezar a escuchar las conversaciones de los sospechosos o en recabar los datos que nos facilita su teléfono móvil son fundamentales para prevenir un atentado", añade un veterano agente en la lucha contra el terrorismo islamista, quien recuerda que la celeridad con la que en su día se llegó a los autores del 11-M fue directamente proporcionar, precisamente, a la rapidez con la que la Policía obtuvo la información que aportó la tarjeta del móvil que debía activar la mochila bomba que no estalló. "En los países de nuestro entorno, las operadoras de telefonía no oponen tanta resistencia, aunque también es cierto que se las compensa económicamente por su ayuda", señala uno de estos agentes.
Muchos detenidos, pocos condenados
Las estadísticas reflejan las consecuencias de las supuestas 'trabas' judiciales. De los 504 presuntos yihadistas detenidos en España desde marzo de 2004 hasta finales de 2012, han sido juzgados menos de 170. Algo más de una tercera parte. Además, de éstos más de un 40% resultaron finalmente absueltos. Un porcentaje mucho más alto, por ejemplo, que el que se registra en los juicios contra miembros de ETA, donde menos de un 20% de los que se sientan en el banquillo consiguen esquivar la condena. En 2007, el año en el que se dictó la sentencia del 11-M y que, por tanto, fue en el que más presuntos terroristas fueron juzgados, el porcentaje de absoluciones fue del 50%: de los 63 que estuvieron aquel año ante un tribunal, 31 quedaron libres sin cargos. En 2012, ese porcentaje fue incluso mayor: el 80%, después de que 8 de los diez juzgados salieran sin cargos. Por el contrario, en 2013, último año del que se tienen datos, los cuatro que se sentaron en el banquillo recibieron condenas. Eso sí, la mayor, de 6 años. El resto, fueron de dos años, un año y seis meses. Uno de ellos, Abdellatif Aoulad Chiba, al que la Fiscalía acusaba de idear un ataque terrorista envenenando los depósitos de agua de un complejo turístico con la toxina de la botulina fue finalmente condenado sólo por "difusión pública del terrorismo".
Sólo una tercera parte de los detenidos por presunta relación con el yihadismo acaba sentándose en el banquillo de los acusados. Y de éstos, más de un 40% son finalmente absueltos
Una pequeña victoria que fue posible gracias a la reforma del Código Penal de 2010 largamente reclamada por la Policía y que permitió desde entonces facilitar la labor probatoria contra estas células terroristas al incluir como acto de colaboración terrorista "la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación de terroristas", así como al penalizar la distribución de mensajes y consignas por internet que favorezcan la difusión de las ideas yihadistas y tipificar expresamente el delito de financiación terrorista. Una modificación que tenía como objeto, precisamente, combatir la principal actividad de los grupos islamistas detectados en España: el proselitismo y la recaudación de dinero para financiar tramas en otros países. La Fiscalía recibió entonces la reforma con esperanza:"Resultaba absolutamente necesaria para dotar de una mayor eficacia a la acción del Estado frente a esta grave amenaza", afirmó en su memoria de aquel año. Sólo parece hacerlo logrado a partir de 2013.
Recovecos judiciales para expulsar
El alto porcentaje de absoluciones ha obligado al Ministerio del Interior en los últimos años a buscar curiosos recovecos para, como mal menor a tanta puesta en libertad, poder expulsar de España a alguien catalogado por los servicios antiterroristas como "peligroso" pero que la Justicia no encuentra pruebas suficientes contra él. Ocurrió, por ejemplo, en el verano de 2013 con Abdelkader Ayachine, un ciudadano argelino asentado en Burgos al que la Guardia Civil detuvo en 2007 acusado de liderar una supuesta célula salafista que alentaba la violencia islamista desde internet. Entonces se aseguró que él y su lugarteniente mantenían contactos con otras células europeas, que en su poder se habían incautado numerosos vídeos de claro mensaje salafista y que, incluso, había intercambiado en la red información para la fabricación de explosivos. Un tribunal consideró que las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas. La sentencia absolutoria fue un jarro de agua fría tanto para los servicios de la lucha antiterrorista como para la Fiscalía, que pedía diez años de cárcel para Ayachine.
En los últimos años Interior ha esgrimido condenas por delitos comunes para poder expulsar de España a presuntos islamistas absueltos por los tribunales de delitos de terrorismo
Sin embargo, su absolución no significó su salida de prisión, ya que en 2009 la Audiencia Provincial de Burgos le había condenado a cinco años de cárcel por un delito de corrupción de menores por los 24 archivos pedófilos que la Guardia Civil había encontrado en su equipo informático cuando buscaban vídeos de exaltación de la yihad tras su detención. El análisis posterior de su ordenador permitió comprobar que también participaba en foros de esta temática y que, incluso, había accedido en más de 200 ocasiones a páginas web de pornografía infantil. Cuando aquel verano abandonó la cárcel tras cumplir la pena por pedofilia, la Policía le esperaba a la puerta de la prisión para embarcarle en el primer vuelo rumbo a su país natal. Motivo de la expulsión: la condena por pedofilia.
