La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Rato que reabra la pieza que investigaba al exvicepresidente del Gobierno por la facturación de sus colaboraciones con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) al considerar que el presunto delito fiscal de 2012 no ha prescrito. Los magistrados estiman así el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que el pasado noviembre archivó dicha pieza, y añade que al tratarse de un supuesto fraude superior a 120.000 euros es constitutivo de delito.
La operación reportada por la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, investigaba la colaboración de Rato con BCC, empresa de la que recibió un total de 1,66 millones de euros y a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a través de la mercantil Arada.
El pasado noviembre, el juez Antonio Serrano Arnal decretó el archivo de las pesquisas al considerar prescrito el supuesto delito fiscal del ejercicio 2009, una investigación que ahora deberá retomar después de que la sala considere indicios de un posible fraude superior a los 670.000 euros en 2012. La Fiscalía asumía en su recurso la prescripción del ejercicio 2009, si bien señalaba que la ONIF en su informe detectaba más cuotas presuntamente defraudadas entre 2010 y 2012, también comprendidas en la denuncia inicial y por las que Rato podría tener que depurar responsabilidades.
Para la sala, la conducta descrita constituiría un delito penal en tanto que los datos utilizados para la liquidación del impuesto se declararon "mal o torticeramente" mediante una "actuación de ocultación de la realidad". Esto es, el exministro no sólo habría dejado de pagar sino que, además, habría incurrido en el uso de un "artificio, ardid o engaño", exponen los magistrados, que se remiten a la sentencia del caso Noós.
El auto menciona además otros "presuntos comportamientos defraudatorios", en alusión a la decena de grandes negocios del ex director gerente del FMI objeto de investigación en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Al margen de BCC, estas pesquisas en fase de instrucción también se dirigen a la época de Rato como asesor en Telefónica, a la que habría facturado 730.000 euros entre los años 2013, 2014 y 2015, a través de Arada, que evitó tributar al declarar pérdidas.
Aunque la pieza más avanzada es aquella que investiga el cobro de comisiones de Publicis y Zenith, empresas encargadas de publicitar el lanzamiento de la marca de Bankia, por las que, según Hacienda, Rato habría cobrado 833.000 euros procedentes de Albisa Inversiones.
