Mientras la Fiscalía española daba carpetazo esta semana a una veintena de querellas presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, otros países avanzan en las investigaciones contra sus respectivos ejecutivos por su gestión de la pandemia y las consecuencias sanitarias y económicas de las decisiones adoptadas al inicio de la epidemia.
En naciones de nuestro entorno, como Italia y Francia, primeros ministros y responsables sanitarios han tenido que comparecer para rendir cuentas por su gestión. En otros países europeos, como Alemania o Suecia, sus propios Gobiernos han promovido la apertura de comisiones parlamentarias para responder ante las críticas de la oposición y la ciudadanía.
Mientras, Boris Johnson ha prometido una investigación independiente en Reino Unido para analizar en qué podría haber actuado mejor su gobierno para frenar la pandemia. En Australia, por su parte, se ha puesto en marcha una auditoría para escudriñar el uso de 1.100 millones de dólares para la compra de equipos de protección para los sanitarios durante el estallido de la crisis del coronavirus en primavera.
Investigación judicial en Italia y Francia
Las pesquisas judiciales en Italia y Francia han llevado a jefes de Gobierno y ministros a comparecer ante los tribunales. En primer lugar lo hizo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien fue interrogado durante más de tres horas el pasado 12 de junio por la fiscal de Bérgamo, María Cristina Rota, en el marco de la investigación abierta contra el Ejecutivo italiano por su gestión de la pandemia.
La Fiscalía centró sus preguntas a Conte y otros miembros del Gobierno en las razones que les llevaron a no aislar inmediatamente como "zonas rojas" diez municipios de Lombardía y el Véneto, a la postre los más damnificados y que fueron el origen de los contagios registrados en el país transalpino a principios de marzo, y por qué no se cerraron con mayor rapidez otras localidades donde se empezaron a registrar numerosos contagios.
Apenas un mes después de la declaración de Conte, la justicia francesa anunciaba la apertura de una investigación contra tres miembros del Gobierno de Emmanuel Macron. El ahora ex primer ministro Édouard Philippe, la antigua ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, y su sucesor, Olivier Véran, fueron citados a declarar la semana pasada por el Tribunal de Justicia de la República, que investiga más de 90 querellas presentadas por la gestión del Gobierno galo en el inicio de la epidemia.
Además, en la Fiscalía de París se acumulan más de 170 denuncias por diversos delitos, entre los que se incluye el de homicidio involuntario por la muerte de más de 30.000 ciudadanos franceses durante la pandemia.
Comisiones parlamentarias
Al margen de investigaciones judiciales, otros países del entorno europeo han optado por la puesta en marcha de investigaciones parlamentarias para atribuir responsabilidades.
Es el caso de Dinamarca, que el pasado mes de mayo decidió formar una comisión de investigación independiente compuesta por expertos.
En Suecia, la idea fue promovida en junio pasado por el propio Gobierno. Lo mismo hizo el Ejecutivo de la canciller Angela Merkel en Alemania el pasado mes de julio.
En España, mientras, PSOE y Podemos hicieron todo lo posible por evitar que la 'comisión para la reconstrucción social y económica' en el Congreso de los Diputados se convirtiera en una comisión de investigación.
Auditorías e investigaciones independientes
En otros países, han sido los propios gobiernos los que han tomado la iniciativa de abrir investigaciones parlamentarias o independientes para rendir cuentas por su gestión de la pandemia. Uno de los casos más destacados es el de Reino Unido.
Boris Johnson se ha comprometido a poner en marcha una investigación independiente en torno a la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de su Gobierno. El país británico es una de las naciones del mundo que cuenta con un mayor índice de letalidad acumulado.
Algo similar es lo que ha ordenado el gobierno de Australia. El Auditor General del Estado, Grant Hehir, abrió en mayo una auditoría para poner en blanco sobre negro los contratos adjudicados por el Gobierno, por valor de 1.100 millones de dólares, para la compra de equipos de protección y otros productos sanitarios al inicio de la pandemia.
