El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado este martes que los inmigrantes "ilegales" que lleguen al Reino Unido en patera no tendrán opción a pedir asilo en el país y serán arrestados.
"Vamos a detener a aquellos que lleguen aquí ilegalmente y les expulsaremos en cuestión de semanas, ya sea a su propio país, si es seguro, o a un tercer país seguro como Ruanda", ha afirmado Sunak en una rueda de prensa para presentar la ley sobre inmigración que su gobierno ha comenzado a tramitar en el Parlamento.
"Si usted llega aquí ilegalmente, no puede pedir asilo (...), no puede hacer reclamaciones espurias sobre derechos humanos y no puede quedarse", ha agregado el jefe del Gobierno británico.
La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha defendido este martes ante el Parlamento la nueva ley con la que el Gobierno quiere deportar "rápidamente" a quienes lleguen a territorio británico, aunque ello suponga acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda.
El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha, al que se atribuyeron en 2022 más de 45.000 llegadas. Al menos 44 personas murieron en esta zona el año pasado, mientras que este año ya han perecido al menos 13, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Braverman ha abogado por "detener los barcos que están llevando a decenas de miles de personas a las costas", para lo cual ha puesto sobre la mesa una ley que preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pero que, según Londres, respeta en todas sus variables el Derecho Internacional.
Reino Unido tendrá el "deber" de expulsar a quienes intenten acceder al país de forma irregular y tan sólo permitirá que se queden aquellas personas con un "riesgo real de daños graves e irreversibles", menores de edad o enfermos graves. El resto serán expulsados con efecto inmediato, y no necesariamente a su país de origen.
La nueva norma prevé que, hasta la expulsión, los migrantes puedan permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual -aún por determinar- para limitar la acogida de refugiados en Reino Unido.
El papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Gobierno británico ha reconocido implícitamente que el nuevo plan puede chocar con las leyes internacionales. Asimismo el Ejecutivo de Sunak confía en una cláusula de su propia Ley de Derechos de Humanos (sección 19.1.B) sirva para encontrar un escollo legislativo y pueda "circunvalar" las normas internacionales.
La propuesta se encuentra de frente con algunos obstáculos legales y podría toparse con la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya impidió hace un año las deportación de inmigrantes a Ruanda.
