Un tribunal yemení controlado por los huthis ha dictado este jueves la pena de muerte contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Salmán de Arabia Saudí por un bombardeo en 2018 contra un autobús en el que murieron más de 50 personas, la mayoría de ellos niños.
El tribunal, con sede en la provincia de Saada (noroeste), ha condenado a muerte a un total de diez personas por el bombardeo, entre quienes figuran también el presidente de Yemen reconocido internacionalmente, Abdo Rabbu Mansur Hadi, y el principe heredero saudí, Mohamad bin Salmán.
Según las informaciones recogidas por la agencia yemení de noticias SABA, otros sentenciados a muerte son el exsecretario de Defensa estadounidense James Mattis y el vicepresidente de Yemen reconocido internacionalmente, Ali Mohsen al Ahmar.
La condena dictada por el tribunal estipula además que los sentenciados deben pagar 10.000 millones de dólares (alrededor de 8.510 millones de euros) a los familiares de las víctimas del ataque, entre los que figuraron 40 niños.
Bombardeo contra un autobús
Los veredictos derivan de un bombardeo ejecutado por la coalición internacional que lidera Arabia Saudí contra un autobús escolar en agosto de 2018 cuando circulaba cerca de un mercado de la localidad de Dahyan, en la provincia de Saada.
La coalición, que cuenta con respaldo de Estados Unidos, reconoció posteriormente que el bombardeo fue "injustificado", después de que el Congreso estadounidense pidiera incluso replantearse la colaboración entre el Ejército y la coalición, bajo la presunción de que podría haberse cometido un crimen de guerra.
Las fuerzas leales al Gobierno yemení, encabezado por Hadi y apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis, respaldados por Irán, llevan combatiendo desde finales de 2014, en una guerra que ahora se considera un conflicto de poder entre las dos principales potencias rivales de la región, Arabia Saudí e Irán.
Un equipo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció recientemente que los dos bandos enfrentados han cometido graves crímenes durante el conflicto y abogó por que los responsables sean procesados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).
