Los independentistas han emprendido maniobras para incrementar su potencia de fuego mediática dentro de Cataluña, una comunidad autónoma donde cuentan con decenas de pequeños aliados en prensa, radio y televisión; y en la que algunos de sus grandes contendientes, como El Periódico de Catalunya, se encuentran en serias dificultades. Fuentes cercanas al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) han asegurado a Vozpópuli que la intención de la facción alineada con los secesionistas del organismo ya ha expresado su propósito de convocar un concurso de licencias para repartir entre 4 ó 5 nuevos permisos de emisión. Entre ellos, el que permitirá 'controlar' una plaza importante para los soberanistas, como es Manresa.
Fuentes conocedoras de los debates que se mantienen en este organismo han precisado que el Consejo acordó mantener estas frecuencias en la nevera hasta que se diseñara un nuevo mapa de licencias en Cataluña y hasta que se resolvieran el recurso judicial que afecta a uno de estos permisos. Sin embargo, inciden en que, en las últimas semanas, voces del CAC alineadas con los partidos independentistas han planteado la necesidad de que se convoque este concurso en cuanto sea posible.
No hay que olvidar que el CAC es la institución encargada de conceder y revocar licencias a las radios y televisiones de Cataluña. También de controlar que los adjudicatarios cumplen la normativa audiovisual y de sancionarlos en caso de que la vulneren. Sin embargo, desde hace unos años se encuentra dividido en dos facciones: en una de ellas se encuentran los tres consejeros que comulgan con los partidos secesionistas y en otra, los que fueron designados por PP, PSOE y Unión Democrática de Cataluña.
El voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher, ha provocado que la gran mayoría de las decisiones que este organismo ha tomado durante esta última etapa del procés hayan servido para respaldar los intereses de Carles Puigdemont y sus aliados mediáticos. De hecho, el CAC no ha sancionado a TV3 por asuntos tan graves como la emisión de las cuñas de publicidad institucional sobre el referéndum ilegal del 1-O.
“Los consejeros no independentistas tratan de cubrirse las espaldas con votos particulares porque es evidente que algunas de las decisiones tomadas por el Consejo (en favor del PDeCAT y ERC) rozan la prevaricación”, sostienen fuentes parlamentarias.
A la carta
El último 'gran reparto' de licencias de televisión que realizó este organismo tuvo lugar en 2014, cuando adjudicó seis frecuencias a El Punt Avui TV. Es decir, a la empresa más cercana a Carles Puigdemont -nombrado president a posteriori- y a una de las principales aliadas del independentismo. Poco después, el CAC abría un expediente contra ella ante las sospechas de que había incumplido las condiciones de adjudicación. En noviembre de 2016, le imponía una pequeña sanción de 12.001 euros por esta circunstancia.
Unos meses antes de que estos permisos de emisión fueran a parar a Hermes Comunicacions (El Punt Avui), el Consejo repartió 22 licencias de radio FM en toda la comunidad autónoma. El gran perjudicado fue el Grupo Zeta, casualmente, uno de los más beligerantes contra el proceso soberanista. Godó -que entonces contaba con José Antich al frente de La Vanguardia- obtuvo 9 permisos de emisión. Flaix, un total de 6.
Este último, estaba dirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714. En 2015, formó parte de las listas de Junts pel Sí.
Las fuentes del organismo consultadas por Vozpópuli inciden en que durante los últimos tiempos se han recibido algunas solicitudes para que se convoquen este nuevo concurso de licencias, pero en su mayoría han sido remitidas por “pequeñas empresas que quieren establecer canales religiosos o similares”. Sin embargo, ninguno de los grandes grupos ha expresado oficialmente su intención de obtener nuevos permisos de emisión.
De ahí que llame la atención el interés expresado por el 'bando independentista' del CAC porque se ponga en marcha este procedimiento. “Cuando las cosas son así de extrañas es que hay un interés oculto. Y, a tenor de los precedentes, se puede deducir que hay algún interesado y no precisamente aliado de los constitucionalistas”, concluyen estos informantes.
En el caso de que los soberanistas llevaran a cabo este plan y engordaran con nuevas licencias a sus aliados mediáticos, la situación de desventaja de los medios alineados con los 'unionistas' sería aún mayor. Máxime si se tiene en cuenta que Godó decidió hace casi un año reducir considerablemente el coste de la parrilla de 8TV y eso motivó la marcha de Josep Cuní -contrario a la secesión-. Y máxime si se considera que Zeta se encuentra en el momento más complicado de su historia y ha planteado recortes que mermarán considerablemente la potencia de fuego de El Periódico.
