Gusten o no las televisiones públicas, está claro que los periodistas que trabajan en ellas en España corren peligro de desaparecer como especie. En estos momentos, los tribunales tienen que decidir sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) de dos cadenas autonómicas: Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y Telemadrid. En juego, los puestos de trabajo de unos dos mil informadores que ya fueron despedidos y, quizás, de otros tantos. Los gobiernos regionales, ambos del Partido Popular, ya han dejado claro que echarán el cierre si pierden en los juzgados. Y, por lo visto hasta ahora, tienen todas las papeletas para cosechar sendas derrotas.
Esta semana, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dejó claro que si el Tribunal Supremo declara nulo el ERE de Telemadrid, cerrarán la cadena pública. En una entrevista a RNE, aseguró que la intención de la medida era hacer "viable" el canal autonómico. Fueron despedidos 860 empleados a principios de este año. Pero tres meses después, tras la denuncia de los afectados, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que el ERE no era "ajustado a derecho" y obligaba al ente público a elegir: o readmitía a los despedidos o aumentaba sus indemnizaciones.
Llegaron, como siempre llegan, los recursos pertinentes de ambas partes ante el Supremo. Y ahora el Alto Tribunal tiene la última palabra. Hay tres posibilidades: ratifica la legalidad del ERE y tumba lo decidido por el TSJM, mantiene la sentencia del tribunal autonómico salvo alguna correcciones o, como quieren los sindicalistas y teme González, anula el ERE en su totalidad y obliga a la readmisión de los despedidos. Los sindicalistas creen que habrá decisión antes de que acabe el año. Y las palabras del jefe del Ejecutivo regional abonan esta posibilidad. Sea cuando sea, no sólo está en juego el futuro de los 860 despedidos, sino también el del resto de empleados. Entretanto, en su presupuesto para 2014 del canal público, el Gobierno del PP cuenta solo con un gasto en indemnizaciones de 120.000 euros.
Fiscalía valenciana
El caso de la televisión autonómica valenciana, del que puntualmente ha informado Vozpópuli, está en una fase anterior, aunque no por ello menos preocupante tanto para sus directivos como para sus empleados. Resulta que los sindicatos de RTVV han llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) el ERE por el que fueron despedidos más de mil informadores. Este tribunal ha tumbado otros cuatro expedientes de la Generalitat. Y, a tenor de lo sucedido en el juicio celebrado hace unos días, parece que volverá a repetir decisión en este caso. Hasta la Fiscalía valenciana se puso de parte de los empleados durante la vista oral.
Si los jueces del TSJV dan la razón a los denunciantes, CCOO, UGT, CGT e IV, el Ejecutivo valenciano tendría que desembolsar una importante cantidad. En concepto de salarios de tramitación, tendría que pagar 70 millones a los empleados. El Gobierno autonómico ya ha sugerido que tendría que cerrar la cadena si pierde. Su abogado ratificó esta postura durante el citado juicio al recordar que la plantilla, de más de 1.600 empleados antes del ERE y de 600 ahora, estaba sobredimensionada y su mantenimiento era imposible. La deuda de RTVV llegó a ser de 1.200 millones de euros que finalmente asumió la Administración.
El fallo se espera antes de que acabe noviembre. Los sindicalistas son más que optimistas y no creen que el Ejecutivo se atreva a cerrar tras una presumible derrota. En todo caso, una vez que decida el TSJV, quedará el paso último del Supremo. En ese sentido, tal vez la decisión sobre Telemadrid, a pesar de los matices particulares de cada caso, siente un precedente decisivo para RTVV.
El caso de RTVE
Además de los hervideros que ahora mismo son Telemadrid y RTVV, está el caso de la siempre polémica Radiotelevisión Española (RTVE). De momento, el presidente de la Corporación, Leopoldo González Echenique, ya ha sugerido que puede acometer un ERE. El telón de fondo es la negociación de un nuevo convenio colectivo. Hace unos días se votó y los empleados, por una diferencia de solo 29 votos, decidieron tumbar el borrador preacordado. Comisiones Obreras lideró la campaña para no aceptar unas condiciones que incluían la rebaja de los sueldos. Ahora, a falta de que las negociaciones lleguen a buen puerto antes del 30 de noviembre, Echenique y sus consejeros pueden decidir unilateralmente medidas drásticas.
Por tanto, todo está en el aire en los tres casos descritos. Solo hay dos cosas claras: las televisiones públicas jamás serán rentables y los políticos de turno han de decidir si son o no necesarias.
