El presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera, ha vuelto a aprovechar una comparecencia en el Congreso de los Diputados para criticar la insuficiente financiación que recibe esta empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presente en 120 países. El exdirector de La Razón ha incidido en que mientras France-Presse (AFP) -competidor directo en el exterior- cuenta con un presupuesto anual de 127 millones de euros, EFE sólo ingresa 39 millones, pese a que su mercado potencial, de 500 millones de hispanohablantes, es mucho mayor. “Disponemos de menos dinero que la televisión autonómica más pequeña”, ha criticado.
La Agencia EFE cerró el pasado ejercicio con un déficit de 9,8 millones de euros, frente al de 7 millones que registró en 2015. Vera ha justificado el incremento de las pérdidas en varios “factores extraordinarios” a los que han tenido que hacer frente los gestores de esta empresa pública.
Entre estos, ha situado el abono a sus trabajadores de una paga extraordinaria atrasada (1,5 millones), la apertura de un plan de bajas al que se han sumado 21 efectivos de su plantilla; y la finalización del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha estado vigente en EFE desde 2012 y hasta octubre de 2016, y cuya clausura ha generado unos gastos de 1,5 millones de euros.
En este sentido, también ha incidido en que la devaluación de las monedas de mercados sudamericanos donde EFE ha obtenido tradicionalmente, como Argentina (58%), Brasil (21%) y Venezuela (3.842%) ha generado en la agencia un agujero de 1,63 millones en 2016.
EFE, un servicio público
Vera ha expresado su confianza en que la situación financiera de EFE mejore cuando el Gobierno español apruebe -a propuesta de la Unión Europea- la normativa que permitirá adjudicar a esta agencia la categoría de Servicio de Interés Económico General (SIEG), algo que deberá hacer antes del próximo julio para cumplir con el plazo marcado por los organismos comunitarios.
Los servicios de interés económico general son actividades comerciales que cumplen misiones de interés general y que están sujetas a obligaciones específicas de servicio público. La comisaria Margrethe Vestager pidió a España el pasado junio que “adoptara las medidas legislativas y administrativas necesarias” para situar a su agencia pública de noticias bajo este paraguas y, dos meses después, recibió el visto bueno del Gobierno, entonces en funciones.
Según publicó Vozpópuli hace unas semanas, el pasado enero, la UE confirmó que autorizaba a España a conceder anualmente una aportación determinada para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de servicio público. Esta concesión tendrá vigencia desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de agosto de 2027.
A partir de ahora, la Administración española deberá especificar los “objetivos” que tendrá que cumplir cada año la agencia y detallar el presupuesto que dedicará a cada una de sus actividades de “interés general”. Según ha calculado Vera, la declaración de EFE como SIEG le permitirá incrementar su presupuesto un 30%, hasta los 50,9 millones de euros anuales.
El reconocimiento como SIEG incrementará la estabilidad financiera de EFE, una agencia que se ha visto afectada en los últimos años por los rigores de la crisis económica y de los medios de comunicación.
También reducirá el riesgo de que sus competidores en el mercado nacional litiguen para intentar ser recompensados por el Estado por el servicio que prestan, dado que la Comisión Europea ha considerado a EFE como legítima receptora de una remesa de dinero público anual determinada.
Ahora bien, a partir de ahora habrá que ver si sus gestores son capaces de devolver a esta empresa a la senda de la rentabilidad, después de cerrar los últimos ejercicios en números rojos.
