La televisión pública catalana retransmitió el pasado abril la quema de un ejemplar de la Constitución española por parte de Empar Moliner, escritora independentista y rostro habitual de TV-3. Lejos de censurar esta acción, el Consejo Audiovisual de Cataluña consideró que la colaboradora era libre de realizar esa "denuncia metafórica" y que, por tanto, no merecía sanción alguna. El pasado 4 de noviembre, tan sólo unas horas después de la detención de la alcaldesa de Berga, Moliner, rodeada por una bandera 'estelada', realizó un alegato en Catalunya Ràdio en el que llamó a los Ayuntamientos gobernados por Junts pel Sí a rebelarse contra las leyes españolas. Su nueva "salida de tono" ha sido puesta en manos del CAC, que deberá volver a pronunciarse sobre esta polémica literata.
Una vez más, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ofreció a los habitantes de esta comunidad autónoma una información sesgada acerca de un asunto relacionado con el proceso soberanista, dado que Moliner aseguró durante su intervención que Montse Venturós (CUP) había sido detenida por "colgar una bandera del balcón del Ayuntamiento", cuando en realidad su arresto se debió a su desobediencia ante dos requerimientos judiciales.
Estas citaciones están relacionadas con un proceso judicial que se abrió cuando la alcaldesa de Berga se negó a cumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar la 'estelada' del balcón del Ayuntamiento de la localidad antes de las elecciones del 27 de septiembre y el 20 de diciembre de 2015.
La denuncia a Moliner ante el CAC la ha presentado el Grup de Periodistes Pi i Margall, que ha criticado la beligerancia de la escritora y el "belicismo" que transmite su discurso, algo que considera impropio en un medio de comunicación de titularidad pública, según ha precisado a Vozpópuli uno de sus portavoces.
Durante el minuto y veinte segundos que dura su intervención, Moliner animó a los ayuntamientos regidos por Junts pel Sí a ejecutar acciones subversivas de este tipo y, de este modo, demostrar su apoyo a Venturós. "Los Mossos no son nuestro enemigo", aseguró, a continuación, en un discurso que pronunció envuelta en una 'estelada'.
Los denunciantes lamentan la beligerancia de Moliner, que llamó a los ayuntamientos gobernados por Junts pel Sí a respaldar la causa de la alcaldesa de Berga
Los denunciantes lamentan que desde la Dirección de TV-3 no se ponga coto a este tipo de acciones, que agravian a una gran parte de los ciudadanos de Cataluña y que se transmiten desde un medio de comunicación mantenido por todos contribuyentes. Cabe recordar que en 2016 la radio-televisión pública de esta región cuenta con un presupuesto de 337 millones de euros, que es 150 millones inferior al que tenía en 2011, pero que es el mayor de todos los canales autonómicos.
Al dictado de la Generalitat
La autoridad encargada de que en sus canales no se emitan contenidos que vulneren la normativa audiovisual y de defender "la libertad de expresión y de información, el pluralismo, y la neutralidad y la honestidad informativas" en sus noticiarios es el CAC. Sin embargo, en la práctica se encuentra dominado por los consejeros afines a Junts pel Sí, de ahí que sea habitual que en el organismo no prosperen las denuncias críticas con el activismo de los independentistas en los medios de comunicación públicos.
Prueba de ello es que descartara sancionar –ni siquiera reprender- a Empar Moliner por quemar un ejemplar de la Constitución en TV3. O que considerara que el político catalán Miquel Sellarès no tuvo animus injuriandi cuando, durante una tertulia, se refirió a los votantes del Partido Popular como "cerebros enfermos".
Próximamente, este organismo tendrá que pronunciarse sobre otra queja presentada por el Grup de Periodistes Pi i Margall, en la que sus miembros exponían su disgusto porque, durante la emisión de un programa de TV3, apareciera un mensaje SMS en pantalla en el que se calificaba de partidos "fascistas" a PP y a Ciudadanos. Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas al CAC, la denuncia tampoco prosperará y la televisión pública no será apercibida por este hecho.
Un organismo dividido
Desde que CDC y Unió Democràtica de Catalunya confirmaron su divorcio, a mediados de 2015, este organismo se encuentra dividido en dos facciones. Una de ellas está formada por los consejeros propuestos por Unió, por el PP y por el PSOE. La otra, por los tres designados por CiU y ERC.
En este último bando se encuentra su presidente, Roger Loppacher, cuyo voto de calidad ha servido en la mayoría de las ocasiones para que las resoluciones de este organismo no torpedeen los intereses de la Generalitat.
