En Radiotelevisión Española no hay muchos motivos para la alegría. Este sábado se celebró el festival de Eurovisión y fue casi la única ocasión durante los últimos tiempos en la que La 1 tenía la oportunidad de ganar la batalla de la audiencia a las privadas. El certamen fue visto por el 36,7% de los espectadores y eso permitió a esta cadena incrementar su media mensual del 8,8 al 9,4%. El año pasado, cerró mayo con el 10,7%, un dato que resulta inalcanzable en 2019. Los ciudadanos cada vez sintonizan con menos frecuencia las cadenas de la televisión pública y sus problemas estructurales, lejos de solucionarse, van in crescendo.
Este martes se constituyen oficialmente el Congreso y el Senado, casi un mes después de la celebración de las elecciones. Dentro de los grupos parlamentarios, son conscientes de que uno de los asuntos que habrá que abordar más temprano que tarde es la renovación del alto mando de Radiotelevisión Española. Si el guión se desarrolla como está previsto, en las próximas semanas los partidos elegirán a los diez componentes del nuevo Consejo de Administración de RTVE y pactarán quién de ellos será el nuevo presidente.
Según publicó Vozpópuli en varios artículos desde el pasado verano, el concurso público que sirvió para elegir a la veintena de precandidatos ha estado condicionado por los fallos que cometieron los partidos a la hora de elaborar su reglamento -fruto, entre otras cosas, de la desconfianza mutua-, lo que ha dotado al procedimiento de una “inseguridad jurídica” que ha afectado, tanto a los concursantes como a los 'expertos' que tenían encomendada la misión de seleccionar a los aspirantes más aptos.
Tal es así que aproximadamente 20 candidatos recurrieron el resultado del procedimiento por su desacuerdo con la puntuación obtenida y/o con las normas del concurso. Alguno, incluso aludió a la existencia de una posible prevaricación. Los abogados del Congreso invirtieron varias semanas en tratar de dar respuesta a este aluvión de alegaciones y presentaron un informe ante los diputados de la Comisión Mixta de RTVE en el Congreso con sus argumentos. Sin embargo, la legislatura expiró y dicho documento no fue 'aprobado' por los diputados, lo que impidió seguir con el concurso.
Enfrentamiento interno
Dentro de RTVE, eso generó incertidumbre, entre otras cosas, porque suponía alargar por un tiempo indefinido la situación de interinidad de Rosa María Mateo, quien administra la corporación desde el pasado agosto sin el control de un Consejo de Administración, en una situación inaudita que provocó el primero de los reales decretos exprés que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez.
La posición de Mateo en la corporación no es precisamente cómoda, pues está enfrentada a una parte de su equipo directivo desde hace unas semanas y sus apoyos -entre ellos, María Escario, Elena Sánchez y Federico Montero- pueden contarse con los dedos de una mano, explican fuentes conocedoras de la cúpula de la corporación.
Son varias las personas con despacho en la planta noble de RTVE que lamentan -en privado- el estilo autoritario de Mateo y su falta de conocimiento sobre el sector audiovisual, lo que no ha contribuido, precisamente, a aminorar los efectos de la grave crisis que vive la televisión pública desde hace unos años. Entre las personas con las que ha mantenido desencuentros Mateo -según los mismos informantes- se encuentra Begoña Alegría, directora de Informativos, que se posicionó contra la administradora única provisional hace unas semanas cuando se ofreció a cambiar la fecha prevista para la celebración del debate electoral para satisfacer al PSOE, cuyo candidato, Pedro Sánchez, quiso eludir un segundo coloquio en Atresmedia.
Mateo aseguró hace unas semanas que, en cuanto hubiera Gobierno, pondría su cargo a disposición del Consejo de Ministros. Desde entonces, han circulado mensajes contradictorios en los altos despachos de RTVE: unos, afirman que Mateo se marchará en las próximas semanas, ante su hartazgo con su puesto, mientras que otros apuestan a que seguirá hasta que el Congreso elija a su sustituto. De lo contrario, la corporación quedaría descabezada y pondría en una situación complicada a Pedro Sánchez.
Otra de las cuestiones que se plantean es la relativa a si se producirá alguna dimisión en el equipo de Mateo, dado que los más críticos con la administradora, dentro de su equipo, tienen miedo de "quemarse" y salir afectados de cara a la siguiente etapa de RTVE, ante los malos resultados cosechados en la actual. Hace unas semanas, la propia Mateo tuvo que convencer a un miembro de su staff, muy cercano a ella, de que no abandonara su cargo, ante su descontento con su situación, que le había llevado a presentar su renuncia.
La dificultad de la negociación
Un diputado que ha seguido de cerca el concurso público de RTVE vaticina que en las próximas semanas empezará el baile de nombres para presidir la corporación y formar parte de su Consejo de Administración. En principio, la intención es que este órgano esté libre del control de los partidos políticos, pero lo cierto -asegura un veterano directivo de RTVE- es que entre los precandidatos hay varias personas con un marcado perfil ideológico. Algunos, han recibido varios ascensos en la televisión pública cuando el PP o el PSOE ha gobernado.
La candidata que obtuvo una mayor puntuación en el concurso es Alicia Gómez Montano, quien cuenta con algunos apoyos importantes dentro de Torrespaña y quien gusta en las filas de Unidas Podemos (no tanto en el PSOE). Ahora bien, su elección implicará un acuerdo entre partidos que no era fácil en la pasada legislatura, y que tampoco lo será en la actual, máxime si se tiene en cuenta el 'insoportable' tacticismo parlamentario que se ha registrado en España en los últimos años, que hace que las conversaciones sobre unos temas colisionen con otras que se desarrollan en paralelo e impidan toda posibilidad de acuerdo.
Todas las fuentes parlamentarias y pertenecientes a RTVE consultadas en los últimos días coinciden en que la supervivencia de la televisión pública depende, en buena parte, de la capacidad que tengan los partidos durante esta legislatura para elegir a su Consejo de Administración, marcar su nuevo rumbo (Mandato Marco) y despolitizar sus estructuras. De lo contrario, auguran que su decadencia se acelerará, en el cada vez más complejo sector audiovisual español.
Últimamente, no son muchas las cosas que han salido bien en la corporación. En la mañana de este lunes, las unidades móviles que se emplearán en la retransmisión de la final de la Copa del Rey de fútbol partían desde Madrid, con destino a Sevilla. Poco después, se conocía que el Juzgado Mercantil nº 12 de Madrid ordenaba a la Real Federación Española de Fútbol incluir a Mediapro (Jaume Roures) dentro de la subasta por emitir este partido, de la que fue excluida por su presidente, Luis Rubiales, por su presunta implicación en casos de corrupción, algo que la empresa niega tajantemente.
El caso es que esta decisión judicial deja en el aire la emisión del partido, pues obliga a repetir el proceso de adjudicación de los derechos, lo que podría perjudicar a RTVE. Desde luego, dura poco la alegría en casa del pobre.
