El Gobierno aprobó hace unos días el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esta norma contempla que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda obligar a un medio de comunicación a dejar de informar sobre un proceso judicial si el juez que lleva el caso se siente "inquietado" o "perturbado". Por ello, las asociaciones de periodistas claman contra el Ejecutivo del PP, señalan como principal responsable a Alberto Ruiz Gallardón y recuerdan que Jorge Fernández Díaz también ha intentado limitar el trabajo de los informadores.
En el consejo de ministros del pasado 4 de abril el Gabinete dirigido por Mariano Rajoy aprobó y presentó este anteproyecto basado en un informe del Ministerio de Justicia. Dicho anteproyecto incluía muchos cambios legales, entre ellos el aforamiento de los Príncipes de Asturias. Respecto al asunto periodístico, el acuerdo del consejo decía textualmente así: "Para fortalecer la independencia judicial se incorpora la posibilidad de que el amparo que el Consejo concede al juez que lo solicite incluya una orden para que cese la conducta perturbadora y en el caso de que no sea así se entienda que se está cometiendo un delito contra la Administración de Justicia. El juez unipersonal que se sienta gravemente inquietado por, por ejemplo, las críticas recibidas también podrá solicitar que el asunto en cuestión sea tramitado y resuelto por un órgano judicial colegiado".
Endurece la ley
La vigente ley orgánica del Poder Judicial ya establece que cuando los jueces o magistrados se consideren "inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado". Sin embargo, el Gobierno quiere ir más allá. Y en el artículo 18 de la citada ley se faculta al CGPJ a decidir y ordenar el freno de la labor periodística.
El juez podrá ordenar "el inmediato cese" del trabajo de periodistas que, de continuar con su conducta, estarían delinquiendo y podrían ser castigados a cuatro años de cárcel
Más en concreto, el citado artículo permite al órgano de gobierno de los jueces ordenar a "quien perturbe o inquiete" a los magistrados "el inmediato cese en dicha conducta". "La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal", señala. Dicho apartado dice así: "El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses".
¿Contra la Constitución?
Las asociaciones de periodistas están más que enfadadas. Y han expresado su total oposición porque consideran que esta propuesta atenta contra la libertad de expresión y de información, consagrados en la Constitución. Primero fueron la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Y ahora se suma la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP). Esta última organización remarca que Gallardón vuelve a la carga después de haber fracasado en su polémico intento de hace un año para limitar las informaciones sobre sumarios que se encuentran bajo secreto. La FESP denuncia que el ministro de Justicia "ya lo intentó en 2013, en el borrador de anteproyecto del Código Penal Procesal, que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Gallardón ya intentó limitar la publicación de informaciones sobre un proceso judicial en 2013, al aprobar cambios en el Código Penal, pero tuvo que echarse atrás por la presión
En aquél se establecía que "un tribunal, de oficio o a instancia del fiscal, podría acordar 'el cese de la difusión [de la información sobre un proceso judicial], siempre que ésta pudiera comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados'. Y los medios podrían tener que responder ante sus "eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento". "Ante el escándalo que levantó esa propuesta -narra esta organización-, no sólo entre las organizaciones de periodistas sino entre las asociaciones de jueces y fiscales, porque atentaba contra el derecho constitucional a la libertad de información, fue retirada del texto". "Ahora, el ministro ha utilizado otro anteproyecto de ley para introducir ese mismo artículo y el Consejo de Ministros lo ha aprobado", denuncian.
Además de Gallardón, las organizaciones de periodistas están descontentas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, responsable último de la Ley de Seguridad Ciudadana, también controvertida. Así, la FESP denuncia que "esta nueva amenaza del Gobierno al derecho a la libertad de información se suma a su conocido objetivo de restringir la libertad de actuación de los fotoperiodistas en las manifestaciones públicas, incluida en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha provocado el rechazo de todo tipo de organizaciones judiciales, periodísticas y de la sociedad civil en general".
