El Gobierno ha respondido un sonoro "no" a las televisiones privadas. El Ministerio de Industria ha querido atajar cualquier debate sobre el decretazo que proponían las empresas para reparar el apagón de la TDT. Y ha emitido un comunicado en que asegura que esa posibilidad es "inaceptable" porque "choca" con la jurisprudencia de los tribunales. Además, reitera que va a hacer cumplir la decisión del Tribunal Supremo que supone que nueve canales dejen de emitir antes del próximo 6 de mayo. Toda una declaración de intenciones que aviva más, si cabe, la mala relación entre el titular del departamento, José Manuel Soria, y los grupos Mediaset, Atresmedia, Unidad Editorial y Vocento, agrupados en la patronal Uteca, dirigida ahora por José Manuel Lara y Alejandro Echevarría.
Tanto el Ministerio de Industria como los citados grupos mediáticos han empezado una suerte de guerra de comunicados que evidencia tanto sus enormes discrepancias sobre este asunto como su falta de comunicación en privado al respecto. En esa particular lucha, el último asalto se produjo el pasado viernes. Particularmente relevante resulta el comunicado que publicó a última hora de la tarde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En la nota enviada a algunos medios y hecha pública en la web oficial, Industria echa por tierra la propuesta -publicada en exclusiva por Vozpópuli la pasada semana- de las televisiones consistente en que el Ejecutivo dicte un real decreto para devolver las licencias a las compañías después de que sus canales dejen de emitir.
Soria ha cargado contra las televisiones dos veces en pocos días por querer soslayar la legalidad para salirse con la suya
Industria asegura que se trata de una idea que no respeta la legalidad. "Es inaceptable la pretensión de aprobar un Real Decreto Ley que vacíe de contenido la referida sentencia. Dicha propuesta choca con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la adopción de leyes particulares y, en este caso específico, con diversas resoluciones de las autoridades comunitarias basadas en la Directiva 2002/20/CE". En otras palabras, del departamento dirigido por Soria vuelve a acusar a las televisiones de intentar soslayar la legalidad para salirse con la suya. Es la segunda vez que lo hace en pocos días a través de sendos comunicados.
Alarma injustificada de las TVs
Además, en ese comunicado, que apenas ha tenido relevancia por la hora y la fecha a la que fue enviado, Industria repite su "disposición al diálogo, tal y como ha venido manteniendo en los últimos 18 meses, dentro del marco legal y siempre defendiendo el interés general". Y acusa a las televisiones de desatar un alarmismo injustificado sobre las consecuencias del cierre de canales. "Los propios escritos de los licenciatarios de TDT de ámbito estatal a la CNMV no prevén perjuicios en sus cuentas por la ejecución de la sentencia, lo que no se corresponde con la alarma que trasladan sobre los pretendidos daños que les causaría esta ejecución y su impacto en la actividad económica del sector". Y, por último, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información asegura que adoptará "las medidas necesarias para garantizar que, tras el cumplimiento de la sentencia, se mantenga una oferta televisiva de calidad y en abierto óptima para los ciudadanos".
Los grupos mediáticos insisten en el "impacto económico negativo en una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales"
El comunicado de Industria llegó el pasado viernes por la tarde, unas horas después de otro texto de la patronal de las televisiones que tampoco tenía desperdicio. Las empresas recordaban que la sentencia del Supremo evidencia que "la Administración la única que incurrió en errores y carencias puramente formales" y apuntaban que "el que los hechos se deban a actuaciones del Gobierno del año 2010 no exime al actual Ejecutivo de su responsabilidad de enmendar errores anteriores". También criticaban la presunta "disposición al diálogo" de Soria. Y, para acabar, Uteca remarcaba que "la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo supondrá un impacto económico negativo en una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales".
Esta pelea de comunicados parece, por momentos, un diálogo de sordos. Y es que unos y otros insisten en sus tesis sin que se atisbe algún acuerdo cercano. Lo único que parece seguro es que el Ejecutivo hará cumplir la sentencia del Supremo antes del próximo 6 de mayo. Dejarán de emitir, por tanto, estos canales: la Sexta 3, Nitro y Xplora (de Atresmedia), La Siete y La Nueve (Mediaset), un canal de teletienda y AXN (Unidad Editorial) y dos canales de teletienda (Vocento). Lo que ocurra después es un verdadero misterio.
