Radiotelevisión Española ha adjudicado durante el estado de alarma alrededor de medio centenar de contratos. Todos estos procedimientos han sido publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y están relacionados con las necesidades del día a día de la corporación, pues tienen que ver con servicios técnicos, de transporte o de construcción y reforma.
Los grupos parlamentarios no podrán escuchar las explicaciones de la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, con respecto a estos acuerdos porque el PSOE y Unidas Podemos vetaron la semana pasada su comparecencia en la Comisión Mixta Interparlamentaria sobre la corporación.
Lo hicieron al considerar que la responsable de la radio-televisión pública forma parte, por edad (78 años), de la población de riesgo, en caso de contraer covid-19 y, por tanto, no es aconsejable que acuda a sede parlamentaria. La oposición reclamó que compareciera por videoconferencia, pero no tuvo éxito con su propuesta. El Partido Popular pidió amparo a la Mesa del Senado, sin embargo, la solicitud fue rechazada el pasado 28 de abril.
Eso retrasará la comparecencia de Mateo para hablar, entre otros asuntos, de la crisis del coronavirus y de la forma en la que se ha gestionado en RTVE, donde, según los datos que la propia empresa puso en manos de sus sindicatos, se registraron 200 infectados hasta el pasado día 17. El 79%, en sus centros de trabajo de Madrid.
Contratos para el día a día
En este tiempo, la corporación ha rubricado alrededor de 50 contratos que contemplan desde la realización de obras en alguno de sus centros de trabajo de Madrid hasta la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en sus sedes de la capital de España y de la Ciudad Condal.
También están relacionados con la adquisición de equipos, la renovación de licencias informáticas o la contratación de servicios de varios tipos, desde peluquería hasta vending o comedor (1,9 millones de euros para la sede de Sant Cugat del Vallés).
Hay que recordar que ninguno de estos acuerdos -sea cual sea su importe- pasan por el filtro de un Consejo de Administración, dado que no existe en la corporación desde el verano de 2018, cuando se disolvió el anterior.
Desde entonces, RTVE está a la espera de la resolución del concurso público -con decenas de impugnaciones- que servirá para elegir al próximo presidente y a los otros nueve vocales de este órgano. El proceso está paralizado desde enero de 2019 y la crisis del coronavirus ha retrasado aún más, si cabe su resolución.
Ante esta situación, la Comisión Mixta Interparlamentaria de Radiotelevisión Española es el principal órgano de control de esta empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Sin embargo, Mateo tan sólo ha comparecido una vez en el último año, dada la especial situación política que ha vivido España.
En este tiempo, el Comité de Dirección ha asumido toda la responsabilidad sobre el día a día de la corporación, sin necesidad de que los contratos de mayor cuantía pasaran por el trámite del Consejo de Administración.
El importe de las licitaciones se puede saber a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. No ocurre lo mismo con el de los programas de televisión, cuya información económica y técnica recibían periódicamente los consejeros.
Para hacerse una idea del nivel de gasto de RTVE en este sentido, basta consultar los datos obtenidos por este periódico a través del Portal de Transparencia, en los que se refleja que, entre enero y septiembre de 2019, la corporación repartió entre las productoras audiovisuales un total de 104,7 millones de euros.
