“Hay que considerar que es un asunto sin recorrido ninguno y que se ha sacado del contexto adecuado, provocando un daño reputacional no solo a personas concretas, sino a RTVE. Por tanto, creo que hay que condenar su instrumentación interesada y hacer todo lo posible por que en el futuro no puede repetirse”. Este párrafo forma parte de la misiva que ha enviado José Manuel Pérez Tornero –expresidente de RTVE- al Consejo de Administración de la corporación para lamentar la actuación que han seguido Elena Sánchez y su equipo con respecto a la auditoría que les imputa 'gastos de gestión' presuntamente irregulares por valor de 12.000 euros.

En la carta, Pérez Tornero incide en que los autores de este informe -la Intervención General de la Administración del Estado- aprueba en líneas generales su gestión y que, en lo tocante a los gastos de representación sin justificar, tan sólo hacen una recomendación de cara a lo sucesivo.

Con estas líneas, el expresidente de RTVE pone en el foco a su sucesora y a algunos de sus hombres más próximos, que incluso han pedido a algunos altos directivos de la corporación que dimitan ante las repercusiones que pudiera traer este asunto. Entre los señalados se encuentran José Luis Muñiz y el secretario del Consejo de Administración, Alfonso Morales, que ni siquiera cita la IGAE.

El contenido de esta carta se puso de manifiesto en la reunión del Comité de Auditoría de RTVE del pasado martes, en la que se abordaron las repercusiones que tendrá este asunto para la corporación tras la polvareda que levantó el pasado diciembre, después de que varios medios se hicieran eco del mismo. Entre los asistentes -explican fuentes del Consejo- se cuestionó la actuación de los responsables de la corporación sobre este asunto.

El contenido del informe

En la citada auditoría, la IGAE señala la existencia de facturas de viajes y restaurantes que el interventor considera que no están lo suficientemente bien justificadas. Estos gastos los hicieron varios miembros del equipo directivo y los aprobaron desde el departamento corporativo de la televisión pública.

Las entidades públicas inspeccionadas tienen la posibilidad de realizar alegaciones antes de que se presente el informe definitivo y, en este caso, no se consultó a los interesados durante este trámite. De hecho, la propia RTVE pidió que devolvieran las cantidades que reclamaba la IGAE.

Pérez Tornero se refiere a este punto en su escrito: “Si, en el momento procesal oportuno, se me hubiera permitido conocer el informe provisional de la interventora, todo habría quedado bien aclarado, resuelto y perfectamente documentado”.

A continuación, añade: “Como no fue así -sino que se hizo todo lo contrario-, creo que lo que urge es reparar el daño cometido contra el honor y la profesionalidad de determinadas personas y asegurar que nada parecido pueda ocurrir en el futuro”.

Pérez Tornero incide en que “ninguno de estos gastos fue decidido unilateralmente por una persona en concreto, sino que en todos los casos estos gastos fueron, en su día, supervisados, aprobados y validados por los órganos competentes de RTVE, y siguiendo siempre los protocolos habituales en estos temas”. Aquí pone la pelota en el tejado de la Dirección de Recursos Humanos, que depende de la Dirección General Corporativa, encabezada por Marta Torralvo.

La opinión del auditor

En el informe de auditoría –al que ha tenido acceso Vozpópuli-, el autor señala lo siguiente: “Existe una debilidad de control interno en lo referente a las justificaciones de los gastos realizados por el personal de alta dirección. Dado que toda atención debe redundar en beneficio o utilidad de la Corporación RTVE, debe justificarse la necesidad de incurrir en dicho gasto indicando la organización y cargos de los asistentes, los motivos, la finalidad y el contenido de la reunión y, llevar un registro adecuado que permita su posterior verificación por los órganos de control, sin ampararse en razones genéricas de confidencialidad”.

Este punto ha dividido a los consejeros: hay quienes consideran que debe interpretarse como una recomendación para corregir determinados aspectos de gestión de cara al futuro; y hay quien piensa que retrata una mala praxis por la que deben depurarse responsabilidades.

El consejero José Manuel Martín Médem (designado por Podemos) se encuentra en el segundo grupo. De hecho, pedirá la dimisión de los directivos a los que la auditoría de Hacienda ha señalado en su informe. ¿Por qué? Porque RTVE se comprometió a “aplicar una política de tolerancia cero contra cualquier práctica que se aleje de un comportamiento ético en el uso de los fondos públicos” cuando se confirmó su candidatura a recibir partidas del programa Next Gen.

El Consejo de Administración de RTVE debatirá en su sesión de este jueves este asunto. Lo hará en un momento en el que las tensiones entre sus vocales son evidentes y en el que una mayoría de ellos mantiene reticencias con la propia presidenta, a la que acusan de realizar una gestión excesivamente personalista.

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