El fantasma del cierre de canales vuelve a amenazar al sector de la televisión en abierto. La concesión de nuevos permisos de emisión a las empresas que acaparan la inmensa mayoría de la audiencia y de los ingresos del sector, Atresmedia y Mediaset, ha levantado ampollas entre los pequeños operadores del mercado y entre los que aspiraban a hacerse un hueco en el mismo. Uno de estos últimos, Prisa, ha impugnado el concurso de licencias por considerar que su resultado es contrario a la Ley General Audiovisual y a la directiva comunitaria que regula el espectro radioeléctrico. Por su parte, Vocento no descarta seguir el mismo camino al no entender el criterio seguido por la mesa de evaluación. Esto anticipa una nueva batalla judicial en el Tribunal Supremo que hará peligrar las nuevas cadenas de televisión, que deberán comenzar sus emisiones en las próximas semanas.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 16 de octubre, el titular de Industria, José Manuel Soria, quiso acallar las voces que aseguraban que el resultado del concurso por seis licencias de TDT no era objetivo y aseguró que en este procedimiento no había margen para la discrecionalidad. "Las condiciones han sido exactamente las mismas para todos los operadores" y se han valorado las ofertas de todos basándose en "los mismos criterios", defendió. El problema es que algunas empresas no han aceptado esas explicaciones y Prisa -perdedora en este proceso- ya ha anunciado que iniciará un litigio para tratar de tumbar el dictamen emitido por los técnicos de este departamento ministerial.
Prisa considera que el Gobierno ha incumplido la legislación española y europea al otorgar nuevas licencias a Atremedia y a Mediaset, y al permitir la entrada en la TDT del Real Madrid
Uno de los argumentos que los demandantes podrán utilizar para tener éxito en su próxima pelea en los tribunales tiene que ver con la polémica concesión de dos nuevas licencias a Atresmedia y a Mediaset, los dos grandes dominadores del sector y, hoy por hoy, los únicos que son capaces de obtener beneficios con sus negocios en la televisión en abierto. A pocas semanas de las elecciones generales y tras recibir contundentes ataques durante meses desde los canales de estas compañías, el Ejecutivo decidió premiarlas con dos nuevos permisos de emisión y castigó a empresas que aspiraban a entrar en la TDT, como El Corte Inglés o la propia editora de El País. Esto ha despertado serias dudas sobre si vulnera la legislación española y la europea.
Fuentes judiciales han explicado a este periódico que el regalo de dos nuevas licencias a estas empresas puede ser contrario a la directiva europea que sienta las bases sobre cómo se debe gestionar el espectro radioeléctrico, puesto que en la misma se exige a los Estados miembros el fomento de la pluralidad en la televisión en abierto, algo que queda en entredicho con esta decisión gubernamental. De hecho, estos informantes no descartan que la Comisión Europea intervenga para evitar el refuerzo del duopolio televisivo español que ocasionará este concurso.
Vozpópuli informó de que un caso similar se vivió en Italia hace una década, lo que conllevó que la Comisión Europea abriera un expediente a este país por el incumplimiento de las directivas de telecomunicaciones, al considerar que las reglas de licitación de la TDT que había establecido beneficiaban a los tres operadores dominantes: Mediaset, RAI y Telecom.
Desde entonces, las autoridades italianas han tenido que consultar con este organismo europeo cada concurso para la explotación de nuevos canales y, en el caso del que se convocó en 2012 y se falló el año pasado, los operadores mayoritarios ni siquiera pudieron participar, lo que hizo que la licencia se le concediera a La 7, un minúsculo operador.
Acudir al Tribunal Supremo
Las mismas fuentes judiciales aseveran que si, tras impugnar el concurso y acceder a la documentación relativa al mismo, los demandantes prueban que la mesa de contratación ha sido parcial a la hora de repartir las licencias, cualquier contencioso-administrativo que presenten ante el Tribunal Supremo tiene muchas posibilidades de prosperar y, a partir de ahí, los nuevos canales correrían peligro de desaparecer.
"Si uno se lee el pliego de bases del concurso puede observar que los licitadores pretenden promover la pluralidad en la televisión española. Por eso, cuesta entender, por ejemplo, que se haya concedido un canal a un equipo de fútbol (Real Madrid), cuyos contenidos estarán dirigidos a un público muy concreto, como son sus aficionados. Si el jurado ha incurrido en este tipo de prácticas, cabe suponer que el resultado será fácilmente revocable en los tribunales", detallan estos informantes.
No hay que olvidar que el Tribunal Supremo se ha mostrado en los últimos años especialmente receptivo con las demandas que ha recibido sobre una industria, como es la televisión en abierto, que ha estado sometida a los intereses políticos de los partidos que han sido inquilinos del Palacio de la Moncloa durante las últimas décadas. Sin ir más lejos, en 2013 prosperó una causa que provocó el cierre de 9 canales en mayo de 2014 que habían sido adjudicados a dedo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV.
El pasado verano, otras ocho cadenas hubieran seguido el mismo destino si estas cuatro compañías de televisión no hubiesen alcanzado un acuerdo extrajudicial con las tres empresas que habían pedido su cierre -a las que pagaron 20 millones de euros- por considerar que eran explotadas de forma irregular.
Con este último reparto de licencias, todo parece indicar que el Gobierno ha creado el caldo de cultivo necesario para que quienes han resultado perjudicados con su decisión adopten medidas legales para tratar de revocarla (Prisa incluso ha solicitado medidas cautelares). La gran pregunta es si se ha cubierto bien las espaldas en el dictamen del concurso para obtener el respaldo de los jueces en estos próximos litigios. De lo contrario, los beneficiarios de las nuevas licencias podrían enfrentarse a serios problemas para explotarlas.
