La Comisión Europea estudia si debe forzar a España a recuperar los 100 millones de euros de fondos públicos que varias comunidades autónomas y ayuntamientos han gastado desde 2013 para llevar la TDT a las zonas en las que más difícil y caro resulta implantar esta tecnología. El organismo comunitario ha recibido una reclamación de la multinacional SES Astra en la que denuncia que, durante los últimos dos años, estas Administraciones han discriminado a la televisión por satélite con respecto a la digital terrestre, lo que ha impedido su competencia en igualdad de condiciones dentro del mercado común. Esta queja es similar a la que interpuso esta compañía en 2009 y, en esa ocasión, la Comisión le dio la razón, lo que obligará al Gobierno -todavía no lo ha hecho- a recaudar 260 millones de euros en ayudas que se repartieron de forma irregular cuando José Luis Rodríguez Zapatero era inquilino de la Moncloa.
El origen de este problema se encuentra en 2005, cuando el Ejecutivo socialista decidió convocar un programa de subvenciones para que las zonas españolas con una orografía más compleja no dejaran de recibir la televisión cuando se produjera el apagón analógico. El Gobierno encargó a las comunidades autónomas que realizaran concursos públicos para adjudicar este servicio a las empresas de telecomunicaciones que estuvieran interesadas. En estos procedimientos, se otorgó un excesivo protagonismo a la televisión digital terrestre, lo que llevó a algunas compañías de cable y satélite a impugnar ante la Comisión Europea estas ayudas. La institución comunitaria les respaldó y emplazó a España a que recuperara el importe de estas subvenciones.
La justicia europea decidirá próximamente sobre la legalidad de 46 millones de euros en ayudas para la TDT concedidas por Castilla-La Mancha
Poco después de que se pronunciara la Comisión, en junio de 2013, el Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE). El pasado jueves, esta instancia judicial falló en contra de España, lo que obligará a reclamar las ayudas a las comunidades autónomas, ayuntamientos y telecos (la más afectada es Abertis). Las más afectadas serán Cataluña (52 millones de euros), Castilla y León (37), Castilla-La Mancha (43); Aragón (20) y Galicia (17).
Pero este asunto se complicará aún más si la Comisión Europea acepta la queja presentada por SES Astra en la que critica que España ha seguido discriminando al cable y al satélite con respecto a la TDT desde junio de 2013. Desde entonces, los costes de mantener operativa la red a través de la que se transporta la señal de televión digital terrestre han sido de alrededor de 100 millones de euros, precisan fuentes del sector audiovisual. Si la Comisión Europea volviera a aplicar el mismo criterio y declarara que esta multimillonaria inversión también es ilegal, el Ejecutivo tendría que reclamar a los beneficiarios que devuelvan el dinero que recibieron para prestar este servicio. Bien fuera a través de las comunidades autónomas o bien de los ayuntamientos.
Nuevos concursos para adjudicar el servicio
En los próximos meses, se espera que el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncie sobre la legalidad de los 46 millones de euros que concedió Castilla-La Mancha a varios operadores para garantizar la cobertura de TDT en las zonas de su territorio con un relieve más complejo. No obstante, si se tiene en cuenta la decisión que tomó la semana pasada con respecto a las subvenciones que se otorgaron en el resto de España, parece lógico que falle en contra de los intereses de esta comunidad autónoma.
La obligación de las regiones afectadas por la decisión de la Comisión Europea es la de convocar concursos en los que se adjudique este servicio de una forma neutral, al contrario que hace unos años. Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana aún no han expresado su intención de hacerlo. Los de La Rioja y Canarias se encuentran en fase de diálogo competitivo, mientras que los de Navarra, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha han estado salpicados por cierta polémica, puesto que algunos de los aspirantes han sido descalificados. Por su parte, Andalucía lo desconvocó después de un largo y farragoso procedimiento en el que la mesa de contratación se reunió 16 veces para evaluar las propuestas.
El papel del Gobierno en este asunto no será fácil, puesto que en los próximos meses deberá acreditar ante la Unión Europea que ha recaudado todo el montante de estas ayudas. Si no lo hace, se expondrá a duras sanciones como la que recibió Italia hace unos años por demorarse en la recuperación de unas subvenciones que concedió a diversos operadores del sector turístico.
En paralelo, las compañías de telecomunicaciones que ganaron los concursos públicos "presentarán demandas multimillonarias contra el Estado", al considerar que "actuaron de buena fe" en este asunto y cumplieron con el servicio que les encomendaron las Administraciones públicas, según precisan fuentes de las compañías de telecomunicaciones.
El responsable de resolver este complicado asunto será el nuevo Gobierno, que deberá actuar de forma coordinada con varias Instituciones y empresas para evitar nuevas sanciones de la Unión Europea. También tendrá que confiar en que las comunidades autónomas convoquen concursos en los que se valore de forma imparcial las ofertas de TDT, de satélite, de cable y de internet. Algo que, a tenor de los antecedentes existentes, tampoco parece fácil.
