Las televisiones privadas llamaron durante meses a la puerta del Gobierno para pedirle que salvara los ocho canales que el próximo martes iba a cerrar el Tribunal Supremo. La respuesta siempre fue la misma: un “no” rotundo. Eso les obligó a buscarse la vida y a sentarse a negociar con la empresa que les había demandado para comprar su perdón a cambio de un suculento sobre con 20 millones de euros en su interior. Este acuerdo calma sus ánimos, pero no aminora la intensidad de la guerra que mantienen con el Ejecutivo. De hecho, no están dispuestas a retirar las multimillonarias demandas por daños y perjuicios que le reclaman a la Administración por haber hecho la vista gorda ante la clausura de nueve canales que sufrieron el año pasado.
Su esperanza de que prosperen estas denuncias es escasa, pero con esta medida pretenden reivindicar su malestar ante un Ejecutivo al que culpan de haber demostrado durante toda la legislatura una pasividad flagrante a la hora de legislar sobre la Televisión Digital Terrestre (TDT), entre otras cosas, por su "claro interés" de potenciar plataformas de pago como la que ofrece Telefónica. Ninguna de estas empresas ha querido revelar a Vozpópuli el importe exacto de sus demandas, pero en todos los casos exigen indemnizaciones de “muchos millones de euros”.
El PSOE repartió 17 licencias a dedo para emitir en TDT, varias de ellas entre sus amigos
Las televisiones -y Abertis- iniciaron esta batalla judicial poco después de que el Gobierno ordenara la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2013 que solicitaba la clausura de nueve cadenas de Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial por haber sido concedidas de forma irregular por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Los socialistas quisieron ganarse el favor de las principales compañías del sector televisivo y les repartieron a dedo diversos permisos de emisión con una aleatoriedad que fue considerada ilegal por el Tribunal Supremo, en lo que respecta a los nueve primeros canales a litigio.
Los beneficiarios han explotado durante años estas licencias y han ganado decenas de millones de euros gracias a ellas. Pero han criticado reiteradamente que las inversiones realizadas en esos canales se pudieran perder de un plumazo por culpa de la inseguridad jurídica generada por el Gobierno socialista y consentida por el actual. De ahí que hayan solicitado a la Administración una generosa indemnización por la pérdida de las nueve primeras cadenas de TDT. Y de ahí que reclamaran a Mariano Rajoy protección ante los efectos de una sentencia que atajaría un error que estas empresas no cometieron, pero que les ha perjudicado. ¿La respuesta de Moncloa? Siempre no.
La guerra que no termina entre el Gobierno y las televisiones
Es bien sabido que las relaciones del Ejecutivo con Atresmedia y Mediaset han sido muy tirantes últimamente. Especialmente desde las elecciones europeas de mayo de 2014. Mariano Rajoy atribuye a estas compañías una buena parte de la responsabilidad el varapalo que sufrió su partido en los comicios autonómicos y municipales del pasado 24 de mayo. Les culpa de "martillear" a los espectadores con los casos de corrupción que atañen a su partido, así como de favorecer el crecimiento de partidos de izquierda radical, como Podemos.
Rajoy acusa a las televisiones de "martillear" a los espectadores con los casos de corrupción
Desde las televisiones privadas, confiesan no entender la actitud del Ejecutivo en este asunto, máxime cuando fue el propio Partido Popular el que decidió hace unos meses que sus representantes no acudieran a las tertulias políticas que emiten en sus cadenas y, por tanto, renunció a la posibilidad de defenderse de las críticas en los platós. Ahora bien, estas compañías denuncian el doble juego seguido por el Gobierno y Génova en este asunto, pues a la vez que "han escondido" a sus portavoces de las cadenas de Atresmedia y Mediaset, han presionado sobre los contenidos de sus programas de debate o sobre los contertulios que, a su criterio, debían o no debían sentarse en sus mesas.
El nuevo vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Casado, ha expresado su intención a devolver a las mesas de debate de Atresmedia y Mediaset a los políticos del partido. Esto habla del cambio de estrategia que se ha acordado en Moncloa para contrarrestar el “martilleo” del que se queja Rajoy, así como para ganar adeptos entre el electorado.
Está por ver si este cambio de rumbo adoptado por el PP también incluye un deshielo en sus relaciones con las televisiones para que lograr una tregua de cara a la campaña electoral. En cualquier caso, si estas compañías no estuvieran dispuestas a suavizar sus críticas, el Gobierno cuenta con un importante as en la manga: las seis nuevas licencias para emitir en TDT que repartirá en octubre.
