Las televisiones privadas negocian desde hace varias semanas con el Gobierno para que proteja sus intereses. Consideran que están afectadas de una “grave inseguridad jurídica” y le piden que modifique la normativa vigente para conservar sus privilegios. Esto garantizaría el mantenimiento de la actual -y mermada- oferta de contenidos en la TDT, pero entorpecería la entrada de nuevos operadores en el sector, lo que podría poner en apuros a España en las máximas instituciones europeas. De hecho, la Comisión Europea está preparada para actuar en el caso de que detecte que el Ejecutivo dispensa un trato de favor a Atresmedia y Mediaset.
UTECA es el lobby que representa a las televisiones comerciales que emiten en abierto en España. Para esta organización, las empresas que emiten en abierto han sido maltratadas por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, al someterlas a una legislación que ha sido elaborada con torpeza y hacerles pagar por los errores administrativos que cometieron.
Con esta última afirmación, se refieren a la concesión de licencias de TDT, realizada sin concurso durante la Era Zapatero y la cual ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Eso obligó a las empresas beneficiarias (Atresmedia, Mediaset, Net TV y Veo TV) a cerrar nueve canales el año pasado y, muy probablemente, les llevará a hacer lo mismo con otros ocho antes de final de año, si esta instancia judicial así lo decide, como todo parece indicar.
Solicitan un trato de favor
Lo que reclaman al Ejecutivo las televisiones privadas es que modifique la normativa actual, mediante un Decreto-Ley, para subsanar el fallo que cometió en su momento. Necesitan que lo haga antes de que el Tribunal Supremo dicte su nueva sentencia para así poder evitar que se haga efectiva cualquier nueva orden de cierre de canales. Esto supondría jugar en un terreno peligroso, dado que esta actuación invalidaría la decisión de esta instancia judicial para favorecer a lo que no deja de ser un grupo de presión. Eso sí, un grupo de presión con mucho poder e influencia.
La Comisión Europea supervisa desde hace varios años todos los concursos de licencias de Italia
Un caso similar se vivió en Italia hace una década, lo que conllevó que la Comisión Europea abriera un expediente a este país por el incumplimiento de las directivas de telecomunicaciones, al considerar que las reglas de licitación de la TDT que había establecido beneficiaban a los tres operadores dominantes: Mediaset, RAI y Telecom.
Desde entonces, las autoridades italianas han tenido que consultar con este organismo europeo cada concurso para la explotación de nuevos canales y, en el caso del que se convocó en 2012 y se falló el año pasado, los operadores mayoritarios ni siquiera pudieron participar, lo que hizo que la licencia se le concediera a La 7, un minúsculo operador.
Las reticencias de los abogados del Estado
Fuentes de UTECA atribuyen el retraso del Gobierno en legislar sobre este asunto a su “falta de voluntad política” y a su afán por potenciar la televisión de pago. Sin embargo, otros informantes del sector inciden en que los abogados del Estado tienen fundados temores de que la Comisión Europea pueda intervenir en España, al igual que hizo en Italia.
En cualquier caso, el Ejecutivo ha dejado una puerta abierta para realizar esta concesión a las privadas en cualquier momento. Lo ha hecho en el Plan Técnico Nacional de la TDT, aprobado el pasado septiembre, y en el que desvincula el espacio que posee cada empresa en el múltiplex del número de canales que explota.
Empresas como Al Jazeera están interesadas en emitir en abierto en España
La Ley General de Comunicación Audiovisual asocia directamente la concesión del espacio para emitir en la TDT al número de canales que una empresa posee. Es decir, si una compañía de televisión obtiene una licencia para poner en marcha dos cadenas de televisión, debe recibir el ancho de banda justo para situarlas pero, en caso de que decida cesar la actividad de una de ellas, el Gobierno deberá quitarle la porción del múltiplex en la que se emitía.
Fuentes del sector explican que, en caso de que el Gobierno invalidara este punto, podría sacar a concurso múltiplex enteros para que los operadores los explotaran con total libertad. Esto les permitiría abrir y cerrar canales sin perder este espacio, por lo que una sentencia judicial contraria a cualquiera de ellos no alteraría sus planes ni perjudicaría sus inversiones de un modo tan “dramático” como actualmente.
Pero esta decisión restringiría la competencia y dificultaría sobremanera la entrada de las diversas empresas de televisión en emitir en abierto en España, entre ellas, gigantes como Al Jazeera y las 'major' estadounidenses; o compañías españolas como El Corte Inglés.
