Siete años después del apagón analógico, la Justicia europea ha dado su última palabra sobre un asunto que preocupaba al Gobierno, a varias comunidades autónomas y a empresas de telecomunicaciones, como Cellnex. El Alto Tribunal de la UE ha sentenciado que España no tendrá que recuperar 260 millones de euros de ayudas a la TDT que concedió entre 2005 y 2009; y que la Comisión Europea había considerado 'ilegales', al considerar que se adjudicaron sin respetar el principio de neutralidad tecnológica.
España ha repartido desde 2005 varias decenas de millones de euros en ayudas públicas para llevar la TDT a las zonas más remotas de su territorio. Es decir, a aquellos lugares donde los operadores de televisión no están obligados a transmitir su señal. El problema es que, en 2013, la Comisión Europea dijo que los concursos en los que las comunidades autónomas concedieron esas ayudas no habían sido neutrales, por lo que obligó a España a recuperarlas.
La Justicia europea respaldó en primera instancia a la Comisión, al igual que hizo el pasado septiembre el abogado general de la UE, Melchior Wathelet. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el TJUE ha fallado este miércoles en favor de los intereses de España en uno de los recursos presentados, lo que neutraliza una patata caliente que se encontraba en manos del ministro, Álvaro Nadal, de comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Cataluña; y de empresas como Cellnex Telecom.
Fuentes jurídicas precisan que la clave de esta decisión se encuentra en el recurso presentado por la Comisión Europea a las ayudas concedidas a Galicia y a la empresa Retegal. A juicio del TJUE, la Comisión no argumentó de forma adecuada los motivos por lo que estas subvenciones no eran legales -”insuficiencia de motivación”-, de ahí que le haya quitado la razón.
El hecho de que el TJUE haya decidido anular esta resolución de la Comisión Europea ha provocado un “efecto dominó” sobre las demás decisiones sobre empresas y comunidades autónomas, que también han sido revocadas, detallan estos informantes.
Historia de un problema
Estas subvenciones salieron de las arcas del Estado a partir de 2005, después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara una línea de ayudas para que los habitantes de las zonas en las que resulta más complicado recibir la TDT -por causas geográficas- pudieran dar el salto del sistema analógico al digital, ante el apagón que estaba programado para cinco años después.
Las compañías que disponen de una licencia para emitir en toda España (Atresmedia, Mediaset, NetTV, VeoTV, Real Madrid, Secuoya y Grupo Kiss FM) tienen la obligación de llevar su señal sólo al 96% del territorio, mientras que Televisión Española, sólo al 98%. Por eso, los socialistas idearon un programa de subvenciones para extender la cobertura a las zonas a las que no se recibían sus canales, en las que habita aproximadamente el 2,5% de la población.
El problema es que la Comisión Europea consideró que, a la hora de conceder estas ayudas, el Gobierno discriminó a otras compañías que también estaban capacitadas para llevar la cobertura de televisión a las zonas de sombra, como las de satélite.
El complicado litigio relacionado con estas ayudas de Estado no es el único que ha afectado a la TDT desde que esta tecnología se implantara en España. Cabe recordar que Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial se vieron obligados a cerrar 9 canales de televisión en 2014, después de que el Tribunal Supremo declarara ilegales las concesiones que obtuvieron para su explotación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los demandantes iniciaron un proceso judicial similar que hizo peligrar a otras 8 cadenas de televisión. Sin embargo, las empresas afectadas y Cellnex llegaron a un millonario acuerdo extrajudicial con los litigantes que puso fin a este proceso.
