En el horizonte de las televisiones autonómicas se ha presentado una amenaza que quita al sueño a sus responsables. Este peligro tiene que ver con la intención del departamento ministerial dirigido por Cristóbal Montoro de aplicar el IVA a la subvención que estas empresas públicas reciben anualmente de los presupuestos de las comunidades autónomas, algo que supondría una disminución del 21% de su partida de gasto. La FORTA calcula que el impacto que esta medida ocasionaría sobre las cuentas de sus socios ascendería a 175 millones de euros anuales.
La presidenta de esta federación, Carmen Amores, advirtió hace unas semanas del riesgo de cierre que supone para los canales autonómicos esta nueva carga fiscal, que ocasionaría a TV-3 unas pérdidas de 50 millones de euros anuales, a Canal Sur de 39; a Telemadrid de 14 y a Castilla-La Mancha Televisión de 6.
El problema se explica en que la Agencia Tributaria está planteándose considerar las aportaciones públicas realizadas a empresas y entes públicos como “subvenciones vinculadas al precio” y por lo tanto, pasaría a considerarlas como operaciones sujetas al Impuesto del Valor Añadido, según ha explicado este miércoles la FORTA a los miembros de la Asamblea de Madrid.
Hace unas semanas, después de que varias televisiones autonómicas recibieran el aviso por parte de la Inspección de que la AEAT valora cobrar este impuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda en el Congreso de los Diputados a la Ley de Contratos Públicos que subsanaría esta situación y, que, en principio, apoyarían los cuatro partidos mayoritarios en la cámara. La FORTA confía en que esta medida llegue a buen puerto y evite que sus miembros tengan que hacer frente a este impuesto, que pondría en serio riesgo de “liquidación” a algunos de sus canales, han precisado fuentes internas.
La presión del duopolio
No hay que olvidar que la federación de televisiones autonómicas envió hace unas semanas un escrito al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en el que pedía al Ejecutivo que dotara de una “política fiscal adecuada” a estos medios de comunicación, así como que garantizara un marco presupuestario “estable y plurianual” que les permitiera cumplir con su objetivo de servicio público.
En el documento, solicitaban al Gobierno que ponga a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las herramientas necesarias para hacer cumplir la normativa vigente a Atresmedia y Mediaset, los dos operadores que acaparan la mayor parte de los ingresos del sector y que han vulnerado algunos de los compromisos (o condiciones) que adquirieron en el momento en que se autorizaron las fusiones Telecinco-Cuatro y Antena 3-La Sexta.
“La situación actual en el mercado publicitario en televisión de duopolio de facto es casi insostenible para el resto de operadores y, el panorama futuro, ya sin ningún compromiso de sus operaciones de concentración al que someterse, será más perjudicial porque la estrategia de ambos será acaparar aún más inversión publicitaria mediante acuerdos con terceros canales a incorporar en sus paquetes (de pago y/o abierto)”, afirmaban..
A este respecto, cabe incidir en que las televisiones autonómicas ingresaron en 2016 por publicidad un total de 126,9 millones de euros, el equivalente al 6% de la cuota de mercado. Este porcentaje fue el más bajo de su historia, algo que contribuyó a empeorar un poco más, si cabe su situación, que es muy compleja desde el inicio de la crisis económica.
Si finalmente no prosperara la enmienda a la Ley de Contratos Públicos presentada por el PSOE y Montoro exigiera a estos medios de comunicación pagar el 21% de IVA sobre la subvención anual que reciben de los Ejecutivos autonómicas, su salud se deterioraría casi de forma definitiva. Principalmente, la de las televisiones con unos costes de explotación más elevados, como TV-3, que gasta cada año en pagar a su plantilla más de 220 millones de euros.
