TV3 emitió el pasado 25 de noviembre un reportaje, titulado Educar sota sospita (Educar bajo sospecha), que incluyó 28 testimonios que defendían que en los colegios de Cataluña no sucedió nada anómalo antes, durante y después del referéndum del 1 de octubre de 2017, frente a los 2 que hablaban de que se habían producido hechos preocupantes e intentos de adoctrinamiento. La Asamblea por una Escuela Bilingüe denunció esta desproporción ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), controlado por consejeros afines a los partidos de la Generalitat. Como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones durante los últimos años, el organismo regulador se ha posicionado del lado de la televisión autonómica.
La decisión del CAC ha sido apostillada por el voto particular del consejero Daniel Sirera, quien, entre otras cosas, cuestiona que el organismo no haya tenido en cuenta determinados hechos que sucedieron en las escuelas catalanas durante esos días. Varios de los cuales, por cierto, son expuestos en la queja que presentó la Asamblea por una Escuela Bilingüe ante el organismo, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Entre ellos, se encuentra la entrega simbólica por parte de "un nutrido grupo de directores" de colegios públicos de las llaves de los centros a Puigdemont el 29 de septiembre al grito de “¡abriremos!”. También cita la carta enviada por más de 600 responsables de escuelas a la Comisión Europea, el 9 de octubre, en la que (firmando con sus cargos) le reclamaban que expresara su "solidaridad y afecto" con los 893 heridos por los "tristes hechos" ocurridos el día 1 de octubre en Cataluña. La Asamblea alude, además, a las diversas movilizaciones de menores en los patios, los mensajes en redes desde cuentas oficiales de los centros; o el discurso que pronunció el sindicato mayoritario de profesores USTEC-STE’s, el 9 de noviembre de 2017, con una pancarta de 'Libertad presos políticos'.
Por todas estas razones, tanto la Asamblea como el consejero Sirera concluyen que el reportaje no es neutral, dado que presentaba un sesgo, al trasladar una falsa apariencia de normalidad en los colegios catalanes durante el 1-O. Algo que choca, entre otras cosas, con sucesos como los denunciados por la Fiscalía, que relató coacciones como las que sufrieron varios hijos de guardias civiles en el IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
"El argumentario nacionalista trata sistemáticamente de identificar o español o el constitucionalismo con el franquismo y otros movimientos no democráticos".
Entre los aspectos más controvertidos del reportaje se encuentra la comparación que realiza entre las denuncias contra el independentismo en las escuelas y las que efectuaron anteriormente las fuerzas de extrema derecha en Alemania y Brasil. "El argumentario nacionalista trata sistemáticamente de identificar o español o el constitucionalismo con el franquismo y otros movimientos no democráticos", añade la queja.
Los argumentos del CAC
El CAC considera en su resolución que el reportaje audiovisual en cuestión analiza de forma neutral, y con "rigor", los principales sobre la escuela catalana que están sometidos a debate, como son, por un lado, el modelo de inmersión lingüística, por otro, la presencia de contenidos con connotaciones ideológicas en los libros de texto; y, por otro, la discusión sobre temas de actualidad política en las aulas y "la eventual autocensura del personal docente".
Este criterio lo han respaldado tres de sus consejeros -incluido su presidente, Roger Loppacher-, mientras que dos se han abstenido y uno, Daniel Sirera, ha votado en contra.
Para este último vocal, según se recoge en su voto particular, los argumentos de quienes opinan que las escuelas catalanas no adoptaron una posición neutral el 1-O -entre ellas, la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí- quedan arrinconados por la inmensa mayoría de los testimonios, en los que se obvian algunos acontecimientos importantes, como los que detalla la queja de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Esta asociación también rechaza que el reportaje utilice la expresión "inmersión lingüística" para referirse a la realidad del sistema educativo catalán, cuando, en realidad, la ley habla de "conjunción lingüística". La diferencia es notable, dado que la primera es la que han defendido tradicionalmente los partidos nacionalistas, y hace referencia al monolingüismo -catalán- que consideran que debería primar en los colegios.
