El Gobierno sigue dando pasos en firme en su carrrera por la liberalización total del negocio de la Inspección Técnica de VehículOS (ITV), aplaudida desde las diferentes patronales del motor (fabricantes, concesionarios...), ya que la mayoría de las redes comerciales de las marcas se encuentran en números rojos (en un 65%) por el desplome de las ventas y la caída del negocio de la posventa.
En 2000, el Gobierno abrió a los talleres las puertas a este goloso negocio que mueve 500 millones, aunque ninguna Comunidad Autónoma lo permitió en sus competencias estatutarias. Ahora extenderá esta libertad no sólo a los concesarionarios, como se había hablado hasta ahora, sino también a todas las partes que prestan servicios en transportes terrestres por carretera; gestorías; aseguradoras, peritos...
Esta es la principal novedad que el Gobierno incorpora en el proyecto del Real Decreto que liberalizará este negocio y que está ya está levantando ampollas en la patronal del sector ACEA-ITV, que representa 58 empresas que operan los 370 centros de ITV que hay en España.
En la práctica, los grandes grupos comercializadores (Seat, Renault, Peugeot....), reparadores de vehículos, pero también la grandes empresas de transporte escolar, de viajeros (Alsa, Continental...) y mercancías peligrosas, entre otras, podrán construir y gestionar sus propias estaciones de ITV, en las que podrán inspeccionar sus propios vehículos.
"Esto tendrá efectos imprevisibles sobre la seguridad vial y el medio ambiente, los consumidores, la economía de miles de pequeños talleres mecánicos y sobre las actuales estaciones de ITV existentes", dicen en la patronal de la ITV. La patronal argumenta que la incorporación de grupos de concesionarios al sector no garantiza un mejor servicio y, además, vulnera los principios de imparcialidad e independencia, pues los vendedores de coches serían "juez y parte" al detectar los posibles defectos de los coches y proceder a subsanarlos.
La liberalizacón pasa por eliminar todas las incompatibilidades vigentes en la normativa estatal para la prestación del servicio de ITV, el artículo 4 del actual RD 224/220. Además, para entrar en este negocio, según el borrador, será necesario que dichas compañías tengan una acreditación (norma UNE-EN ISO/IEC 17020) que emitirá la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
PORYECTO POR EL QUE SE ANULA EL ARTÍCULO CUATRO DEL ACTUAL RD 224/220 (Incompatibilidades)
ARTÍCULO 4 DEL RD 224/2008
Trámite de audiencia y CCAA
A partir de la publicación de este borrador, se abre un periodo de 30 días hábiles, siguientes al 6 de julio, para que los interesados presenten observaciones.
No obstante, las competencias en materia de Inspección Técnica de Vehículos corresponden a las comunidades autónomas, que tienen la capacidad de limitar el acceso a esta actividad en su legislación territorial.
En la actualidad, hay diez comunidades autónomas que se rigen bajo el modelo de concesión administrativa (establece el número y ubicación de estaciones de ITV que deben operar en el territorio, sistema de precios, etc.); otras tres (Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja) que promueven el sistema de autorizaciones en el que no se define la ubicación de centros de ITV ni su número; y otras tres que gestionan el sistema directamente con sus propios funcionarios (Extremadura) o a través de una empresa pública (Principado de Asturias y Andalucía).
Por su parte, Cataluña reguló un sistema mixto por el que la Generalitat otorgaba autorizaciones a las empresas para instalar las estaciones, pero planificaba el número de centros que debían instalarse en cada territorio y su ubicación. La continuidad de este último modelo está por decidirse en los tribunales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló contra la legislación de la Generalitat amparándose en la Directiva de Servicios europea, trasplantada a la legislación nacional. Sin embargo, la ITV está excluida de esta Directiva, ya que queda cubierta por la exclusión prevista para los servicios en el ámbito del transporte, tal y como lo ha manifestado recientemente la Comisión Europea a través de su Dirección General de Mercado Interior y Servicios. Actualmente el fallo ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que el servicio de ITV debe seguir estando totalmente regulado por la Administración.
