El presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, se apuntó, en clásico oportunismo nacionalista, a hacer las cosas completamente a destiempo, y diremos que con manifiesto fraude. La última, o penúltima, consistió en envolverse en su último pleno de política general a finales de septiembre pasado en una ley europea de Claridad en la que pretende que las instituciones comunitarias posibiliten celebrar referéndums que den salida a posibles demandas de naciones sin estado en Europa. Han pasado tres semanas de aquella iniciativa.
Es verdad que, con posterioridad, decidió laminar el gobierno que preside a base de echar a los miembros de JuntsxCat de ese gobierno, tomando por coartada el cese del vicepresidente Puigneró.
Pero volviendo a la claridad que reclamó en el debate de política general de la región, nada está ni más fuera de lugar ni más desfasado que venir a estas alturas a reclamar una Ley de Claridad. Se trata de un auténtico pergamino que no hay por dónde coger.
La Ley de Claridad fue una creación canadiense de finales del siglo XX, aprobada en el año 2000. Se trataba de la época en que el Partido quebequés gobernaba en la provincia de Quebec y consiguió que se celebraran dos referéndums de independencia, ambos perdidos, en 1980 y 1995. Eso amén de provocar con su política enloquecida una fuga de inversiones, de capital, de empresas y de personas a Toronto, quedando desplazada Montreal –la gran ciudad de Quebec– como a su vez primera ciudad de Canadá.
Se trataba de poner fin a una locura permanente de convocatorias de referéndums que amenazaba la estabilidad del estado canadiense
Fue entonces cuando se abordó la Ley de Claridad, que imponía que ante un nuevo referéndum de independencia, para tener validez, requería una pregunta clara, una mayoría favorable cualificada. Se trataba de poner fin a una locura permanente de convocatorias de referéndums que amenazaba la estabilidad del estado canadiense.
Recuerdo que mucho se habló de esa Ley de Claridad en España hace veinte años, siempre por el afán de dar gusto a los nacionalistas, empeñados en tomar cualquier ejemplo de lo que sucede en cualquier lugar del mundo en su propio beneficio. Era un debate inútil: no hace falta en España ninguna ley de claridad, sencillamente porque la Constitución prohíbe un referéndum de autodeterminación, bajo la consideración de que España se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, patria común e indivisible de todos los españoles. Habrá que repetirlo cuantas veces sea necesario; que los nacionalistas abandonen toda esperanza en esta materia.
Pero, como tantas veces suele suceder en la historia, lo que un día brilló con luz propia se acaba agotando con el tiempo. Así ha sucedido con el nacionalismo soberanista en Quebec, liderado históricamente por el Partido quebequés, que gobernó esa provincia durante los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Pero las tornas cambiaron y ya en 2018, en un Parlamento de 125 escaños, la mayoría absoluta fue para el Partido Futuro de Quebec (Coalition Avenir de Quebec), de carácter regionalista y conservador y con nula voluntad de romper la estructura nacional de Canadá. Y el que fue en tiempos poderoso Partido quebequés quedó reducido a la ínfima expresión de diez escaños, poco más del 15% del voto, en esas elecciones de 2018.
El último partido en esas elecciones fue, sí, el Partido quebequés, que se hundió de sus diez escaños en 2018 a un mísero resultado de 3 escaños, a las puertas de la desaparición del Parlamento
Ya entonces comenzaba a quedar atrás toda la política quebequesa nacionalista que se había conocido en las postrimerías del Siglo XX.
Pero lo tremendo es que las nuevas elecciones para el Parlamento de la provincia de Quebec tuvieron lugar el 3 de octubre pasado, a los cuatro días del debate de política regional en el parlamento catalán en que el señor Aragonès se envolvió en la Ley de Claridad. Pues bien, quien esto firma no ha visto en ningún medio de comunicación el resultado de esas elecciones quebequesas del 3 de octubre. Ni ha oído al presidente Aragonés ni a nadie de su gobierno pronunciarse sobre ese resultado. Resultado que vale la pena retener: el partido futuro de Quebec revalidó su clamorosa mayoría absoluta de 2018, pasando de 74 a 88 escaños. Y el último partido en esas elecciones fue, sí, el Partido quebequés, que se hundió de sus diez escaños en 2018 a un mísero resultado de 3 escaños, a las puertas de la desaparición del Parlamento.
Así las cosas, hace ya mucho tiempo que en Canadá nadie debate sobre la ley de claridad, por la elemental razón de que el independentismo ha desaparecido en Quebec; de manera que esa ley de claridad es un espantapájaros que no interesa absolutamente a nadie en aquel país.
Alguien se lo tendría que hacer entender al señor Aragonès. Que venir precisamente ahora a reclamar una Ley de Claridad de carácter europeo es un perfecto fraude. Hacerle entender que no puede venir a estas alturas a reivindicar algo que no existe ya en Canadá. Hacerle entender que el pasado 3 de octubre, a pesar del silencio clandestino guardado por el gobierno que preside, el nacionalismo se hundió en Quebec. Que se hace aberrante observar cómo se guarda un silencio sepulcral sobre ese resultado electoral, que se quiere mantener a toda costa en la oscuridad. Y hacerle entender, sobre todo, que con su política de división y confrontación únicamente crea declive y decaimiento en Cataluña. Hacerle entender que así no se va a ningún sitio más que al empobrecimiento colectivo.
Esta ocurrencia de invocar ahora la Ley de Claridad puede valer como vodevil; pero como forma de gestionar Cataluña conduce al desastre
Debiera entender que Europa lo rechaza, que no quiere saber nada de andar rompiendo estados democráticos, máxime con la guerra criminal que está asolando Ucrania. Y una parte importante de la sociedad catalana, que se sumó con gran alegría al proceso, no podrá sino preguntarse ¿y ahora qué se hace? Cuando se constata que el talento se va, o se pone fin a tanto disparate acumulado, o todo acaba en una lenta decadencia y caída. Esta ocurrencia de invocar ahora la Ley de Claridad puede valer como vodevil; pero como forma de gestionar Cataluña conduce al desastre.
Por último, siempre me he preguntado por la pasión nacionalista por los referéndums. El empeño en una pregunta que se contesta con un sí o no, da igual lo que se destruya. Esa pasión donde se pierden referéndums como forma de ganar tiempo para convocar el siguiente. Donde perder referéndums no es nunca el final del camino. Porque creo que un referéndum para resolver una cuestión de soberanía es profundamente antidemocrático; como creo que, si pudiera ser, un segundo referéndum en Gran Bretaña acerca del Brexit daría el resultado inverso al que se produjo en 2016. ¿O no lo estamos viendo, con cuatro primeros ministros conservadores en este tiempo, con una inestabilidad política lamentable, con una situación económica sumida en la inseguridad?. Al cabo, la política democrática liberal debe ser una política representativa para no incurrir en cesarismos o en bonapartismos que abren la puerta al autoritarismo.
Sí, que venga Aragonès a estas alturas, en estos momentos, a proclamar una Ley de Claridad se encuentra mucho más cerca del fraude que de cualquier otro derecho legítimo en política.
