Tomemos al presidente Biden, cuyo juicio a su hijo Hunter ha comenzado estos días en un tribunal de Estados Unidos bajo la acusación de posesión ilegal de armas de fuego. Pues bien, estando ya los norteamericanos en campaña para las próximas presidenciales del próximo mes de noviembre, su padre se felicita por la valentía de su hijo al superar las adicciones que había sufrido en el pasado. Ni una palabra sobre los jueces ni al daño que le puede ocasionar ese juicio.

Tomemos al expresidente Trump, declarado culpable la semana pasada de 34 delitos de falsificación de registros comerciales, al ocultar información sobre sí mismo al pueblo estadounidense con el fin de influir en las elecciones presidenciales de 2016 –que ganó–, por pagos a la actriz Stormy Daniels. Juzgado en un tribunal humilde del Bajo Manhattan, en Nueva York, y condenado por unanimidad por un jurado de 12 personas elegidas al azar. Hay que esperar sentencia, pero la reacción de Donald Trump, repleta de sus truculencias habituales, denuncias fantasmagóricas de conspiraciones judiciales contra él, y que llegó a calificar a Estados Unidos como un país fascista, es la propia de un autócrata que se considera por encima de la ley.

Sí, las reacciones del presidente Joe Biden y de Donald Trump nos permite entender con una nitidez absoluta la diferencia entre un gobernante demócrata, que acepta el imperio de la ley, frente a un autócrata que lo niega, pues se considera por encima de ella.

Su reacción enloquecida cuando un sencillo juzgado de instrucción les cita para rendir cuentas ante la justicia es exactamente la misma: la descalificación, el insulto, la rabia a borbotones

No muy distinto al comportamiento del Sr. Trump es la reacción del presidente Sánchez al dictar un auto un juzgado de instrucción de Madrid citando a declarar en calidad de investigada a su esposa para el próximo 5 de julio. Tras la primera carta–farsa de finales de abril, que concluyó con una comparecencia señalando a medios de comunicación y a jueces, una segunda carta en la que arremete contra la “coalición ultraderechista (?)” y contra, en suma, todos los españoles, carentes al parecer de los derechos que sí alcanzan a su esposa. Y, lo más grave, contra el propio juez que lleva el caso. Afirma ahí el Sr. Sánchez: “No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”. Es exactamente el tipo de lenguaje utilizado por Donald Trump a la salida de los reiterados juicios y condenas que ha sufrido. El tipo de lenguaje de quien considera que está –él o su mujer– por encima de la ley, que no hay tribunal que pueda venir a investigar las actividades de su esposa. No será este autor quien niegue que el sindicato Manos Limpias esté dirigido por un ultraderechista; es absolutamente indiferente, pues tienen la acción legal de personarse como acción popular, como lo han hecho. Y si no, recuérdese el caso Nóos, en que el mismo sindicato consiguió sentar en el banquillo a la infanta Cristina y a D. Iñaki Urdangarín, condenado a más de cinco años de prisión. No se recuerda, en aquel asunto, que nadie se ofendiera por la acción judicial, justo al revés de lo que ahora hace el presidente del Gobierno.

Más de tres meses llevamos oyendo hablar de los negocios de Dª. Begoña Gómez, sin que en todo este tiempo el presidente del Gobierno haya dado ni una sola explicación sobre esos hechos

Sí, los autócratas se reconocen enseguida, sean populistas de derecha, o de extrema derecha si se quiere  –caso Trump, cuya presidencia acabó con el asalto al Capitolio– o lo sean de izquierda –Pedro Sánchez–. Su reacción enloquecida cuando un sencillo juzgado de instrucción les cita para rendir cuentas ante la justicia es exactamente la misma: la descalificación, el insulto, la rabia a borbotones. Nuestra Constitución de 1978 establece en su artículo 1 que “España se constituye en un estado social y democrático de derecho”. Y el art. 117.3 de esa Constitución establece que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes”. Sin ese estado social de derecho, pura y simplemente, no hay democracia. Siendo la presunción de inocencia un sagrado derecho constitucional (art. 24.2 de la Constitución), naturalmente debe ser aplicado a cualquier ciudadano sea éste quien fuera. Podremos hacernos un juicio moral sobre la imprudente y antiestética conducta de Dª. Begoña Gómez, pero nunca vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Nadie sabemos si Dª. Begoña Gómez incurrió o no en un ilícito penal, esto es cuestión que deberán dirimir los jueces.

Pero lo que no es de recibo es la reacción altanera del presidente del Gobierno con su carta, propia de quien desprecia el estado de derecho, que no acepta que su mujer sea citada en calidad de investigada. Más de tres meses llevamos oyendo hablar de los negocios de Dª. Begoña Gómez, sin que en todo este tiempo el presidente del Gobierno haya dado ni una sola explicación sobre esos hechos.

Nunca unas elecciones democráticas deben convertirse en un plebiscito, que es dominio habitual de los dictadores. Porque las elecciones del próximo domingo pasarán –gane quien gane– y la Sra. Gómez seguirá viniendo obligada a declarar el mes que viene ante un juzgado de instrucción de Madrid.

Hybris soberbia y autocrítica

Son actitudes como la de esa carta las que nos indica que nuestro estado de derecho está en riesgo por razón de hybris soberbia y autocrática del presidente del Gobierno. Mucho cuidado con estas cosas porque pueden acabar mal para los españoles.

Es triste que hoy, 6 de junio, en que Europa celebra el 80 aniversario del desembarco aliado en las playas de Normandía, acción militar decisiva para acabar derrotando al año siguiente el régimen criminal nazi de Alemania, España, tan aislada de ese feliz aniversario, se encuentre enredada en los delirios de un autócrata.

Porque es cierto que los autócratas se reconocen fácilmente, y eso también se vota el próximo domingo.

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