“Cuanto más planifica el Estado, más difícil resulta planificarse para el individuo.” F. Hayek.

Hemos conocido que el Gobierno de Baleares ha expropiado 56 viviendas a grandes propietarios para destinarlo a alquiler social. Empleo la cursiva porque es el titular literal de mi periódico, Vozpópuli, que habla además de Baleares y no del Gobierno balear. Nadie puede dudar de la defensa de la libertad individual y de empresa que, a diario, se ejerce desde estas páginas, pero quiero, precisamente por ello, emplear el citado titular para reflexionar sobre cómo el lenguaje político cala a todos los niveles. Las variaciones a lo largo de la prensa son escasas. Grandes tenedores, titulan El Confidencial, El País, COPE y Onda Cero, sin molestarse en cambiar una coma de la nota de prensa del Gobierno balear; la primera expropiación de grandes propietarios, señala La Ser, anunciando que no será la última; quizá sean el ABC y La Razón los únicos medios que se salen de la norma de citar la literalidad de la nota de agencias.

Más allá del empleo del lenguaje para manipular a los ciudadanos, algo que refleja con tanto rigor como humor el último libro de los profesores Rodríguez Braun, Blanco y Ávila, quiero centrarme en lo que, en el fondo, no es otra cosa que la sustracción, siquiera temporal, de la propiedad a sus legítimos propietarios y dedicarlo a un teórico fin moral de orden superior. En este caso, además, caben dos interpretaciones, a cual más terrorífica, de la actuación del Gobierno que libremente han escogido los habitantes de las islas. Para ello, es necesario tener en cuenta que el mercado insular no es un mercado de libre acceso; existen costes de desplazamiento que hacen que la decisión de establecerse allí no sea como trasladarse de Segovia a Valladolid, por citar dos ciudades castellanas asoladas por la crisis.

Por mucho soporte legal que exhiba, lo que está ocurriendo es en menoscabo de la seguridad jurídica, lo que repercute inmediatamente tanto en los precios como en las decisiones de inversión

La primea interpretación, la purista en términos de economía de mercado, nos debe llevar al rechazo absoluto de la actuación del Gobierno socialista de Baleares. Por mucho soporte legal que exhiba, lo que está ocurriendo es en menoscabo de la seguridad jurídica, lo que repercute inmediatamente tanto en los precios como en las decisiones de inversión. Más aún cuando las licencias de edificación y la calificación de los terrenos como urbanos o no dependen, directamente, de la administración, tanto local como autonómica. Esto supone que, ante la carestía teórica de alquileres “sociales”, en vez de recalificar terrenos para abaratar su precio y lograr el mismo fin por otros medios, el Gobierno decide sorber y soplar al mismo tiempo: no abro la posibilidad de edificar porque no quiero que esto sea una jungla de asfalto (sic), y, al mismo tiempo, protesto porque los alquileres y los precios de venta no bajan. Quizá deberían saber que, en toda isla con atractivo empresarial o turístico (Hong Kong es el mejor ejemplo, aunque el de Córcega tampoco es desdeñable), el suelo es escaso; y, si es así, sólo las rentas altas podrán atraparlo.

El deseo de que la vivienda sea accesible a todos los gobernados es justo y legítimo, pero, quizá, deberían considerar alternativas que no contribuyan a deteriorar, aún más, la imagen que tanto ha costado construir de Baleares y, sobre todo, no ahuyentar a quienes más gastan y más contribuyen al erario público con sus impuestos. Aunque, cuando tienes a la actual Barcelona como modelo de desarrollo municipal, ese sea quizá el objetivo último. Veremos cuando dejen de acudir los turistas alemanes a qué resorte se agarran. Porque destinos alternativos existen, y cada vez mejores y con más respeto de la propiedad privada. En esta interpretación, el mensaje que se lanza a la sociedad es terrible: gasta, no ahorres, pide prestado, vive al límite y exígele la responsabilidad al Estado; al mismo tiempo, esos mismos políticos emplean la moralina de cura de pueblo, del “no consumas”, mientras te recuerdan, con sus hechos que, si ahorras, te quitarán el fruto de tu esfuerzo, pues les pertenece.

La segunda interpretación es, si cabe, aún peor. Los vilipendiados grandes tenedores tienen las viviendas vacías en espera de que la situación mejore y puedan cobrar una renta acorde a lo que ellos, y no el mercado, estiman sería el precio justo. En vez de adaptar el precio a la realidad económica (Hayek, siempre Hayek), y posiblemente para evitar el coste de una pérdida de imagen y de rentas (alquilar a precios menores a los que acostumbran daría la inequívoca señal de alarma a los actuales inquilinos de otras viviendas, que exigirían rebajas), pactan con el Gobierno balear un rescate, encubierto bajo el manto de una expropiación forzosa al amparo de la ley autonómica 5/2018, y se garantizan tanto una renta (por pequeña que sea) como no sufrir merma en su imagen. No sería la primera vez que algún empresario no está dispuesto a asumir el riesgo de su inversión, y acude al padre Estado para que le saque las castañas del fuego.

Todos ganan, aquí. El empresario, teóricamente afectado por una ley injusta que le retira el usufructo de su propiedad, pero que logra colocar su producto a un precio inferior al deseado (y mayor que cero), garantizándose una renta durante siete años, y recuperando su espacio al cabo del tiempo. El Gobierno balear, que manda la señal a sus votantes de que “somos capaces de corregir los errores del mercado, ya tienes vivienda gracias a mí, recuérdalo.” Y el nuevo inquilino, que podrá alquilar una vivienda a un precio, en principio, asequible. Bueno, alguien pierde, claro: el contribuyente, que, en este no tan extraño supuesto, acude al rescate de un grupo de grandes tenedores que, en vez de quebrar, sobreviven gracias a los impuestos de todos. Aquí, el mensaje subliminal es también muy claro: ten amigos hasta en el infierno, que allí también hay alcaldes y presidentes de autonomías.

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