Está todo, o casi, en el “Con Lupa” publicado el pasado domingo 15 de enero (“El rescate bancario o cómo sentar a MAFO en el banquillo”) en este diario. Está el ejercicio de cobardía de los partidos pidiendo a estas alturas –se supone que escandalizados, aunque es mucho suponer, por el informe del Tribunal de Cuentas poniendo cifras al rescate bancario- una comisión de investigación sobre el caso; está el pasotismo criminoso de los actuales responsables del Banco de España (BdE) dando largas a los jueces con documentación clave para el esclarecimiento de los hechos; y está el manto protector del 'establishment' patrio, de los poderes establecidos, decidido a evitar a toda costa que la cúpula de ese BdE que no cumplió con su obligación como policía del sistema se siente en el banquillo. La pieza terminaba afirmando que “no sería de recibo que los responsables de semejante atraco al contribuyente se fueran de rositas, o solo pagaran la cuenta una parte de ellos. Hay que pedir un gesto de valor al juez, y exigir a nuestra dirigencia voluntad política bastante para afrontar lo ocurrido y sentar en el banquillo a los MAFOS, todos, que participaron en tan escandalosa estafa. Un simple ejercicio de democracia”.
En un auto notificado ayer a las partes, la Sección Tercera (Sala de lo Penal) de la Audiencia Nacional ordena citar a declarar como imputados a los responsables del BdE y de la CNMV que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa, empezando por el exgobernador del BdE Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el famoso MAFO, y siguiendo por el expresidente de la CNMV Julio Segura, pero incluyendo también a otros peces gordos, caso de Javier Arístegui, subgobernador del BdE y presidente de la Comisión Rectora del FROB, de Jerónimo Martínez Tello, ex director general de Supervisión, y de Fernando Restoy, exvicepresidente de la CNMV con Segura, después subgobernador del BdE con Linde, y a partir de enero premiado con un buen puesto en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Caza mayor. El auto supone un revolcón en toda regla para el juez Fernando Andreu y el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que hasta en dos ocasiones se negaron a citar a los responsables de ambas instituciones por su posible implicación en la salida a Bolsa de Bankia. Parodiando la famosa anécdota de Federico II de Prusia y el terco molinero que se negó a venderle el molino que afeaba su palacio de Sanssouci, en Potsdam, los españoles podemos hoy decir con moderado alborozo que “nos alegra comprobar que todavía hay jueces en Madrid”.
Un éxito de la extinta UPyD, que fue quien, años ha, presentó querella ante la Audiencia Nacional (AN) para tratar de esclarecer lo ocurrido, y triunfo sin paliativos de su diputado Andrés Herzog, que ha luchado por mantener viva la denuncia ante la AN con el respaldo del sindicato CIC y casi nulos recursos. Lograr la imputación de MAFO et altri se había convertido en misión imposible, protegido el ilustre sociata por un impenetrable telón de acero levantado por quienes estaban decididos a hacer tragar a los españoles una rueda de molino del siguiente tenor: en el caso Bankia era posible imputar al auditor (Deloitte) pero no al regulador (BdE). ¿Alguien lo entiende? No, sin apelar a la corrupción institucional y la pobre calidad de nuestra democracia. No sentar en el banquillo a la cúpula del antiguo banco emisor suponía, además, abrir la puerta a la posibilidad de que también se fueran de rositas los gestores de las Cajas, con Rodrigo Rato y José Luis Olivas a la cabeza, que dieron lugar a Bankia, que podrían argumentar con razón que todas sus decisiones (tal que la emisión de preferentes y la salida a Bolsa) gozaron de la autorización del supervisor.
El caso dio un vuelco notable el 5 de septiembre pasado con la declaración como testigo de José Antonio Casaus, jefe del equipo de inspección del BdE destacado en BFA-Bankia, el cual reveló la existencia de 4 correos electrónicos dirigidos a sus superiores en los que advertía de la inviabilidad de la institución, correos que han venido a confirmar el cabal conocimiento que MAFO y sus adláteres tenían sobre la verdadera situación patrimonial de la sociedad y sobre las consecuencias que iba a acarrear su salida a Bolsa. Con base a esa declaración, Herzog presentó escrito el 19 de octubre pasado pidiendo la imputación de los altos cargos del BdE y de la CNMV. La sorpresa fue mayúscula cuando, el 28 de noviembre pasado, el juez Andreu, que por lo demás ha vapuleado verbalmente a los testigos que han prestado declaración en nombre del BdE –es decir, que no se cree en absoluto la versión del BdE sobre lo ocurrido- rechazó la pretensión, calificando los correos desvelados por Casaus de “reflexiones transmitidas de manera informal” y de meras “opiniones personales”.
La Sala de lo Penal le acaba de propinar un buen tirón de orejas. En su auto considera que los mencionados correos tienen un “contenido altamente significativo y de alcance”, en los que se formulan indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”. La decisión de la Sala podría tener consecuencias mucho más graves para mucha más gente. Si en la declaración como imputados de MAFO y sus cuates el juez persistiera en meter el dedo en la llaga, tal vez podría toparse con esas conversaciones en las que altos responsables políticos del Gobierno de Zapatero se dedicaron a llamar, ¿presionar?, a presidentes de grandes empresas y bancos para que compraran acciones de la entidad, operación a la que solo se opuso Francisco González, del BBVA. Tanto o más grave aún podría ser que, de la herida abierta de Bankia, saliera el Estado declarado como responsable civil subsidiario, lo que supondría someter a las arcas públicas a un estrés capaz de mandar a tomar viento a ese déficit público que tan rebelde se muestra ante el señor Montoro.
No sería mala cosa, en fin, que la decisión de la Sala de lo Penal condujera a la reapertura de otros sumarios que se han cerrado en falso y que han permitido a tantos partícipes en el desastre de las Cajas escapar limpios de polvo y paja. Sería toda una ironía, cruel ironía, que MAFO y su cuadrilla recibieran la reprobación que merecen por el caso Bankia, y se fueran de rositas en otros casos, tantas quiebras como han supuesto la desaparición de la práctica totalidad de las Cajas de Ahorro. Quien esto suscribe lleva más de diez años –en El Confidencial, primero; en Vozpopuli, después- denunciando las prácticas de los responsables del antiguo banco emisor, desde Jaime Caruana en adelante, para constreñir, limitar o incluso obligar a cambiar bajo presión los informes de situación redactados por los inspectores al terminar su labor fiscalizadora en las entidades, con total olvido del régimen disciplinario y sancionador que permitía, permite, al BdE caer tanto sobre las entidades como sobre sus administradores. Fue esta política de expresa renuncia a su condición de policía del sistema lo que terminó provocando la quiebra del sector de Cajas, cuyos gestores, con el apoyo del partido de turno, pudieron entrar a saco en todo tipo de operaciones especulativas, cuyo final conocemos, sin que nadie les pusiera freno. Los políticos se esconden; la Justicia habla. ¿Podremos alentar alguna esperanza con ella?
