Catalunya se encuentra en una encrucijada histórica. Y solo el president Puigdemont tiene en sus manos la posibilidad de enderezar un problema que se está enquistando por momentos. El president Puigdemont, diciendo claramente que el 10 de octubre no se proclamó la independencia en Catalunya, puede evitar la aplicación del artículo 155 que, por otra parte, debería estar encaminado, de persistir el president en mantener las instituciones catalanas en la ilegalidad, a recuperar la vigencia del Estatut y de la Constitución en Catalunya y dar la palabra a toda la ciudadanía, no a una parte, convocándola cuanto antes a unas elecciones.
Pero quiero dejar claras dos cosas. La primera, el mandato parlamentario de la mayoría independentista ya está caducado. La segunda, no hay salida mejor que la convocatoria de elecciones por parte del president Puigdemont. Esta asunción de la realidad permitiría abrir un período de claridad, rebaja de la tensión y diálogo.
Por eso creo que de lo que pase a partir de ahora el principal responsable será el president Puigdemont, porque es quien rompió las reglas de juego los días 6 y 7 de septiembre, en el pleno del Parlament que aprobó de manera ilegal tanto la ley del referéndum como la ley de transitoriedad, e instaló fuera de la ley a las instituciones catalanas. Fue un error. Otro más. Un error que se suma a las mentiras que tanto él como su antecesor y su vicepresidente económico han dicho a los catalanes. Por ejemplo, sobre la mayoría social independentista. Los independentistas no son mayoría. El problema es que una minoría social se quiere imponer a una mayoría utilizando los resortes de poder de que disponen (gobierno, medios de comunicación, etc). No es un conflicto Catalunya-España como quieren hacer ver los independentistas, es un conflicto entre catalanes que quieren respetar las reglas del juego y una mayoría parlamentaria independentista que no las quiere respetar porque quiere imponer sus objetivos a toda costa.
Segundo. Sobre la “facilidad y exento de costes” del proceso, está quedando claro que la unilateralidad o la ilegalidad son el camino más rápido al precipicio. Especialmente cuando no tienes de tu parte ni la mayoría de la población, ni la fuerza de la ley aplicable, ni la legislación internacional, ni ningún país democrático que te vaya a reconocer. Porque también nos dijeron que Europa reconocería el anhelo independentista. Y Europa ya ha dicho NO. Nos dijeron que la economía no se resentiría, que las empresas no marcharían. Y la realidad es que con el mero anuncio o la mera perspectiva de la DUI las empresas (se contabilizan ya sobre las 700 desde el 1 de octubre) se están yendo. Que la independencia no tendría costes económicos es otra de las afirmaciones independentistas que se ha demostrado falsa. Las decisiones unilaterales, poner en riesgo la seguridad jurídica, asustan a la gente, que se lleva su dinero a otra parte.
Llevamos 5 años de proceso y cero resultados prácticos en cuanto a mejoras económicas, sociales o competenciales pero, eso sí, una gran fractura social como único legado. Por eso los socialistas proponemos otro camino. El camino del diálogo, la negociación y el pacto. Un acuerdo para amplias mayorías, no para el 50 más uno, y mucho menos para el 37%, que sería el apoyo social que tendría una secesión si hacemos caso a los propios datos del Govern. Sin duda, es mejor un acuerdo para amplias mayorías, que resultará de una exigente negociación y que deberá ser refrendado en votación por los catalanes y catalanas, que resolver un empate por la mínima.
