Un periódico madrileño tuvo días atrás la ocurrencia de abrir su sección económica con un titular de este tenor: “La patronal pide revisar el papel de los liberados sindicales y bajar cuotas sociales”. La idea fue recibida por la tropa sindical con indignación, por un lado, y un mal disimulado cachondeo, por otro. Y con insultos para la patronal “facha”. El sindicalismo, presente en la Administración y en alguna gran empresa privada, se ha convertido en España en una casta mucho más atrabiliaria y peligrosa, por silente, que la política, una casta envejecida, aferrada al uso y abuso de sus prerrogativas, que vive de espaldas a la realidad de las nuevas tecnologías, decidida a defender el statu quo con uñas y dientes. Inmovilista. Reñida con la transparencia. Y reacia a cualquier pacto que implique pérdida de privilegios. Una rémora para el crecimiento y la creación de empleo. Sin duda uno de los grandes problemas, no por silencioso menos grave, de la democracia española. En este cuadro, los liberados sindicales, conocidos en las empresas como “sindicalistos”, son la quintaesencia de esa corrupción presente en un sistema de representación que necesita con urgencia una modernización profunda.
“Contaré el caso de Osvaldo, nombre inventado por motivos evidentes, porque el personaje es de carne y hueso”, asegura el director de personal de una empresa madrileña de más de mil trabajadores. “El tipo es un perfecto profesional del escaqueo, que sólo en 2016 justificó 198 días en ausencias al trabajo. Se dice pronto. Casi 200 días. A sus horas sindicales le añade el día de asuntos propios, todos los permisos retribuidos que están contemplados en convenio, vacaciones, bajas médicas, justificantes médicos de reposo y accidentes laborales… Este vividor, por llamarlo de alguna forma, se ha pasado medio año en su casa cobrando. Su ingenio es notable para concatenar un permiso con otro: por ejemplo, si le dan el alta médica, pide horas sindicales y a continuación un permiso retribuido seguido de otro par de días sindicales y vuelta a la baja médica. Todo el mundo lo conoce, aunque no es el único, ni mucho menos. ¿Lo más alucinante? Sus compañeros no le han visto en una reunión sindical desde hace años”.
El sindicalismo, presente en la Administración y en alguna gran empresa privada, se ha convertido en España en una casta mucho más atrabiliaria y peligrosa, por silente, que la política
“Según el Estatuto de los Trabajadores, una empresa con plantilla de entre 751 a mil trabajadores debe contar con 21 delegados, y dos más por cada mil o fracción, hasta un máximo de 75. En empresas de más de 500 trabajadores, cada delegado tiene derecho a 40 horas retribuidas al mes dedicadas a labores sindicales, horas de las que puede hacer uso personal o ceder a otro compañero del comité, quien en caso de que reúna horas suficientes para igualar su jornada laboral se convierte en “liberado”, dedicado en exclusiva a salvar a la clase obrera de la opresión capitalista, dicho sea en tono irónico. La empresa suele ocupar el puesto del liberado con otro trabajador. En un sector que trabaja a turnos como el mío, el delegado puede coger sus horas sindicales cualquier día en el que tenga asignado un turno de trabajo, independientemente de si es laborable o festivo. Además, son acumulables, de modo que si un mes no gasta sus 40 horas puede recuperarlas al siguiente. El único requisito que se le pide es que comunique estos permisos con 24 horas de antelación. Hecha la ley, hecha la trampa.
“Aquí tengo gente que, con un poco de decencia, solicita las horas con tiempo suficiente y en días laborables. La gran mayoría, sin embargo, las pide con las 24 horas de rigor, por lo que te las ves y te las deseas para suplir su baja con otro trabajador. Y los hay que las piden en fines de semana completos, o antes y después de sus vacaciones con el fin de alargarlas. Los problemas de empleo causados por la crisis se podrían paliar si las centrales favorecieran un calendario vacacional y repartieran los permisos sindicales equitativamente durante todo el año de acuerdo a un plan previo. Sin embargo, los mal llamados representantes de los trabajadores entienden que estas medidas constriñen sus derechos y no las aceptan. El resultado es devastador. En verano, Navidad y Semana Santa nos vemos obligados a contratar trabajadores temporales para cubrir todos los puestos, y en los restantes meses ni siquiera se puede dar la jornada correspondiente a cada trabajador fijo de plantilla. Esto supone pérdida de puestos de trabajo, pérdidas económicas para la empresa y creación de empleo precario y temporal. Por no hablar de la tan cacareada conciliación familiar que estos sindicalistas se pasan por la entrepierna cuando solicitan sus permisos sindicales con aviso de 24 horas, perjudicando a aquellos que tienen que cubrir sus bajas”.
“Un despropósito continuo que viene provocado por la falta de regulación legislativa y por la permisividad de unos empresarios que prefieren soportar los abusos para no chocar con las centrales y no enturbiar la paz social dentro de la empresa. No soy sospechoso de estar en contra de las demandas de los trabajadores, más bien al contrario. Por ideología me considero de izquierdas. Y por eso mismo me molesta el abuso de derecho que a menudo realizan los sindicatos con la complacencia o permisividad de las empresas. Hace falta una regulación laboral más seria capaz de fiscalizar y poner coto a la labor que estos sindicalistos a quien todo el mundo conoce pero a quien nadie para los pies. El país no debería seguir soportando el coste de unos abusos que al final pagamos todos”.
Casi 262.000 delegados sindicales hay en España
El llamado diálogo social está ahora mismo estancado. “Desde hace meses os venimos diciendo que, respecto de la negociación salarial y otros temas de ámbito laboral y económico, no solo hemos de hablar del aumento de salarios, que en la práctica se van firmando convenio a convenio sin problemas (…) sino que debemos proponer, debatir y llegar a acuerdos siempre que sea posible en muchos otros temas, de acuerdo con el listado que os hemos entregado y del que esperamos respuesta”. Es parte de la misiva que el pasado 22 de febrero Juan Rosell, presidente de CEOE y Antonio Garamendi, de Cepyme, dirigieron a los secretarios generales de CCOO y UGT. Los asuntos a que alude la patronal hurgan en la herida del inmovilismo sindical, porque no otra cosa puede suponer la pretensión de evaluar “la realidad y eficiencia de la representación, en especial en relación al número de horas”, el “análisis de los modelos de representación de los trabajadores en cuanto a número y funciones, y la “adecuación de las garantías de los liberados a las nuevas realidades, con especial referencia al crédito de horas mensuales retribuidas.”
En Alemania, las empresas con menos de 200 trabajadores no están obligadas por ley a tener representación sindical. Aquellas que cuenten con entre 200 y 500 trabajadores tendrán un liberado (frente a los dos liberados, 13 delegados, de España), y las comprendidas entre 901 y 1.500 trabajadores, 3 liberados (frente a los 4 liberados, 23 delegados, en España, país donde la presencia de un delegado sindical es obligada a partir de los 11 trabajadores). El número total de representantes sindicales se elevaba en España a 1 de enero pasado a la apabullante cifra de 261.694 (26.388 en la Administración), de los cuales el 35,84% correspondía a CCOO y el 32,45% a UGT. Imposible saber el número de liberados. Ponderando el tamaño de las empresas, el número de sus sindicalistas y el crédito de horas pagadas, CEOE ha estimado que el número de horas mensuales retribuidas para que delegados y liberados cumplan su función o se las fumen apaciblemente en casa es de 8.212.800. Más de 8,2 millones de horas retribuidas al mes, que multiplicadas por 11 meses, a razón de 20.19 euros/hora (coste hora efectiva según INE), arroja una suma de 1.825 millones al año.
“En una época en que la transparencia se ha convertido en una exigencia social ineludible para instituciones, clase política y empresas, los sindicatos no pueden llamarse andana y negarse a abordar la revisión de situaciones que son auténticos privilegios feudales”, asegura Rosell. “Necesitamos saber qué hacen los liberados, cuántos son, por qué lo son, qué coste suponen para las empresas… Debemos obligarles a que hagan balance de su gestión. Hay liberados que no aparecen por la empresa a la que pertenecen, de modo que sus compañeros les ven la cara en las manifestaciones del 1 de mayo, cuando los “jefes” pasan lista y no tienen más remedio que hacer acto de presencia. Hay que limitar a dos los mandatos sindicales, como en la propia patronal, para evitar que algunos jetas se jubilen tras haber logrado la hazaña de no haber dado palo al agua en la empresa a la que en teoría pertenecen”. El Código de los Trabajadores protege al sindicalista del riesgo de despido. Sueltos son los toros. El delegado sindical, sea o no liberado, es un privilegiado colocado a sotavento de cualquier recorte de plantilla. Con las lógicas excepciones, no hay golfo, inútil, vago vocacional o las tres cosas que no intente colarse en el comité de empresa para blindarse y evitar ser despedido. Una vergüenza consentida por todos.
Más de 8,2 millones de horas retribuidas al mes, que multiplicadas por 11 meses, a razón de 20.19 euros/hora arroja una suma de 1.825 millones al año
La “lista de la compra” de los patronos va más allá, y apunta a reclamaciones tan conocidas como la reducción de las cotizaciones sociales –ese impuesto que grava la creación de empleo en España-, la formación profesional (“la empresa paga -1.843 millones de los 2.150 dedicados por la Seguridad Social en 2016 a este capítulo- y debe decidir en qué lo gasta sin intermediarios de ningún tipo”), las modalidades de contratación, o el absentismo laboral, esa otra lacra que penaliza la competitividad y que, tras haberse moderado por la crisis, ha vuelto por sus fueros con la recuperación. Si la economía española creció en 2016 un 3.2% y creó 413.600 empleos, el absentismo lo hizo también en un estratosférico 23,62% hasta los 75.875 millones, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), cuyo coste directo -prestaciones económicas a cargo de las mutuas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social- ascendió a 5.773 millones el año pasado (12,42% más que en 2015), mientras que las empresas –que abonan la prestación disfrutada desde el 4º y el 15º día por el trabajador—, tuvieron que apechugar con 5.498,7 millones (incremento del 42,55%).
Se va Toxo, incapaz de modernizar CCOO
La respuesta de los sindicatos a los planteamientos de la patronal ha sido la esperada: simplemente se han indignado. Solo quieren hablar de negociación salarial y de mantener el poder sindical en la empresa. Incluso a costa del descrédito social. “Ni por las formas ni por los contenidos podemos estar de acuerdo”, dice la misiva con la que CCOO y UGT han respondido a los patronos. “Todas vuestras medidas se orientan en la dirección de mejorar la competitividad de las empresas a costa de una mayor precarización de las condiciones de trabajo”, sostienen, al tiempo que reprochan a CEOE el “marcado tono antisindical” y el deseo indisimulado de “reducir derechos sindicales”. “Mi decepción es muy grande”, reflexiona Rosell. “En CEOE he recortado gastos, he reducido estructura, me he quedado con la mitad del personal. Hemos cambiado muchas cosas. Los sindicatos no se quieren mover un milímetro en nada. Es una tragedia para España. Solo con que lográramos reducir el absentismo a la mitad, las empresas ganarían 2.000 millones que podrían dedicar a subir salarios… Las posibilidades de hacer cosas son infinitas, pero no se puede hacer contra el inmovilismo sindical”.
Fernández Toxo, una cabeza bien amueblada, anunció ayer su retirada al frente de Comisiones Obreras, un sindicato envejecido, sobrepasado por el tiempo, y al que se siente incapaz de modernizar. “Es una decisión personal, pero no por razones personales”, ha dicho. Sin sintonía, además, con el nuevo líder de UGT y sus amistades peligrosas no ya marxistas, que va de suyo, sino secesionistas. En un país como España, con escasa conciencia sindical y aún menos afiliación, los sindicatos corren el riesgo, lo corremos de todos, de convertirse en organizaciones parasitarias controladas por castas extractoras (de los PGE y de las propias empresas) dispuestas a defender el statu quo a sangre y fuego, negadas desde luego al cambio urgido por la globalización y las nuevas tecnologías. Resueltas a seguir viviendo de espaldas a la creación de riqueza y empleo. Ciertamente deslumbrante el espectáculo de inmovilismo sindical en un país que exige a voz en grito la regeneración de todas sus instituciones.
