España afronta la formación de un nuevo gobierno en un entorno marcado por la incertidumbre política y la desaceleración económica global y nacional. El primer trimestre de 2019 ha confirmado las expectativas a la baja en crecimiento del PIB, generación de empleo y exportaciones. En concreto, la tasa de paro aumentó hasta situarse en el 14,7%, tras incrementarse el número de desempleados en 49.000 personas, su peor registro trimestral desde el año 2013, al tiempo que se destruían 96.100 puestos de trabajo en el sector privado. A su vez, las exportaciones se estancaron en febrero un 0,3% interanual, confirmando el cambio en la composición del crecimiento debido a la contribución negativa del sector exterior, tras dos años de aportación positiva. Por su parte, en la demanda interna se moderan el consumo privado y la inversión, mientras que el gasto público, con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, repunta con fuerza vía Real Decreto Ley.

Ha llegado el tiempo de consensuar una agenda de reformas estructurales con objetivos realistas que permitan dar respuesta a los problemas reales de la sociedad española

La evolución de la actual coyuntura económica española se debe principalmente a la ausencia de reformas estructurales, a las recientes decisiones de política económica, al deterioro de la seguridad jurídica, y al impacto de la ralentización del crecimiento en la UE. Por ello sorprende, ante la fragmentación política, que en el debate electoral haya estado ausente cómo España debería diseñar a futuro una política social apoyada simultáneamente por la estabilidad presupuestaria y un crecimiento sostenible, ante un entorno social, geopolítico y tecnológico en plena transformación. Por tanto, ha llegado el tiempo de consensuar una agenda de reformas estructurales con objetivos realistas que permitan dar respuesta a los problemas y retos de la sociedad española, destacando:

• La elevada tasa de desempleo, principalmente juvenil y de larga duración, y la dualidad del mercado laboral que dificultan la reducción de los niveles de desigualdad en España, que en un 80% se explican por la falta de empleo.
• La ineficiencia del sistema educativo y el elevado nivel de abandono escolar que condicionan la cohesión social al existir una elevada correlación entre paro juvenil y nivel de formación. A su vez, la globalización y la transformación digital están modificando el contexto socioeconómico mundial en el que gana protagonismo el talento, lo que exige la adaptación de la educación a los nuevos requerimientos y perfiles profesionales que demanda el mercado laboral.
• Los elevados niveles de déficit y deuda públicos que reducen el margen de maniobra de la política fiscal ante una eventual crisis económica y que, a la vez, supeditan la sostenibilidad futura del Estado de Bienestar, especialmente ante la grave situación financiera de la Seguridad Social, carga que afrontarán las generaciones futuras.
• El envejecimiento de la población, explicado por el aumento de la esperanza de vida y la reducida tasa de fecundidad (1,3 hijos por mujer) muy alejada de la de remplazo generacional (2,1), que tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico, los avances en competitividad y la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, dado el progresivo incremento del gasto social en pensiones y en sanidad, especialmente a partir de 2025 con la jubilación de los baby boomers.
• El excesivo peso de la economía sumergida (17,2% del PIB) por su impacto negativo sobre la capacidad de recaudación y financiación del Estado de Bienestar, al suponer una pérdida de ingresos públicos anuales de aproximadamente un 2% del PIB.
• El retroceso de la productividad, principalmente por la reducida inversión en I+D+i y en actualización de las infraestructuras, la elevada dualidad y la menor adecuación del capital humano a las necesidades del mercado laboral, y el reducido tamaño medio de la estructura empresarial.
• El peso de la industria en el PIB español, que se sitúa muy por debajo del objetivo fijado por la Comisión Europea de alcanzar en 2020 el 20% del PIB, al ser clave para la estabilidad del ciclo económico, la innovación, la internacionalización y la creación de empleo estable y de calidad.
• El diseño de una transición energética que garantice una energía competitiva, suficiente y sostenible desde el punto de vista medioambiental, y que genere nuevas oportunidades de negocio, innovación y empleo.
• La falta de estabilidad y la fragmentación regulatoria de nuestro país ya que no garantizan el principio de igualdad de los ciudadanos y deterioran la seguridad jurídica, lastrando la competitividad y el crecimiento de las empresas españolas.
• La despoblación del mundo rural por su negativo impacto en la solidaridad interterritorial, y en la preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural.

Como bien decía José Arcadio Buendía en “Cien años de Soledad”: “Lo esencial es no perder la orientación”. Sin embargo, no seguir esta máxima y dejar las cosas en manos del destino provocaron el fin de Macondo y de la estirpe de los Buendía, que no tuvo una segunda oportunidad sobre la tierra. Tomemos nota.