A todo se acostumbra uno, no hay duda. En realidad es parte esencial de nuestra envidiable capacidad de adaptación como especie, que explica entre otros motivos la supervivencia humana desde las costas del Ártico hasta el propio Sáhara, desde la tundra siberiana hasta lo más profundo del Amazonas. Y sin embargo, como tantas otras cualidades que contribuyen a nuestra supervivencia en la naturaleza, en ocasiones es recomendable modularla al abandonar lo salvaje y convivir en sociedades complejas, y muy en particular en una sociedad democrática.

En España nos hemos acostumbrado, en los últimos tiempos, a la más burda mentira, al más descarado desprecio por la verdad y por nuestra misma inteligencia como ciudadanos. En ocasiones nos es más cómodo asumir lo habitual, sin duda, pero toda sociedad democrática que pretenda seguir siéndolo debe evitar acostumbrarse a algunas prácticas que comenzamos a dar por sentadas, lo que es sin duda el primer paso para su posterior aceptación.

De hecho, esta tendencia a la asimilación en algún momento nos lleva a ceder al abatimiento en la denuncia de determinados abusos por parte de un Gobierno sin “línea roja” alguna en su discurso y en sus actos. Tan lejos quedó el momento en el que Pedro Sánchez se demostró capaz de alterar una posición de campaña exactamente el día siguiente de las elecciones (Podemos en el Gobierno), o que desprecia la separación de poderes (“y la Fiscalía, ¿de quién depende”?) que en ocasiones puede parecer fútil insistir una y otra vez sobre la creciente gravedad de sus actos. No lo es.

En realidad, creo no alejarme de la verdad cuando afirmo que Pedro Sánchez ha defraudado ya a estas alturas a todo el mundo; incluso a sí mismo. A quienes no lo han votado, entre otros tantos motivos, por haber humillado a nuestra democracia frente a quienes pretendieron derogar la Constitución en 2017, con la triarquía sucesiva del indulto sin solicitud de perdón de los condenados, la derogación del delito cometido y, como corolario, la amnistía inconstitucional a cambio de una investidura. A quienes sí lo han hecho por faltar recurrentemente a la palabra dada en todo tipo de cuestiones trascendentales, sin siquiera admitir o explicar los sucesivos vaivenes. A sí mismo, en definitiva, pues atendiendo a sus constantes renuncios (“podemos sí, podemos no”, “indultos no, indultos sí”, “amnistía inconstitucional, amnistía por supuesto”, y un sinnúmero de ejemplos similares que no es preciso repetir aquí), cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual sería incapaz de mirarse al espejo.

¿Alguien nos ha preguntado si queremos vivir en un país así? Yo desde luego no lo quiero, y estoy convencido de que la inmensa mayoría españoles tampoco

El último de los abusos, en este caso para llevar a Salvador Illa a la Generalitat a cualquier precio, es, junto a la condonación de la deuda catalana, la propuesta de creación de un concierto fiscal insolidario que sepultará definitivamente la igualdad de los ciudadanos. A partir de ahora, en España no queda ninguna duda: tendremos ciudadanos de primera y de segunda clase. ¿Alguien nos ha preguntado si queremos vivir en un país así? Yo desde luego no lo quiero, y estoy convencido de que la inmensa mayoría españoles tampoco.

Yo no me considero superior a ningún otro español, y por ello no espero ser tratado ni mejor ni peor que un gallego, un valenciano o un catalán. Al contrario, como madrileño estoy orgulloso de contribuir a la solidaridad entre españoles; pero todas las regiones ricas deben aportar en la medida de sus capacidades, y si ya es suficientemente insoportable la práctica exclusión de País Vasco y Navarra de este sistema la salida de Cataluña le da la puntilla a toda aspiración de reconocer en España una sociedad de ciudadanos libres e iguales. 

Más grave es aún, desde luego, el motivo por el que esto ocurre. Y es que el carácter general o particular del privilegio es irrelevante. En la España de Sánchez, no nos engañemos, la igualdad termina donde comienzan las aspiraciones de poder del Presidente. Si eres un delincuente pero tus votos garantizan la investidura, incluso lo inconstitucional puede tornarse constitucional, con la misma facilidad con la que en las bodas de Caná el agua tornó en vino. No tengo duda de que si determinados ciudadanos acaudalados con nombre y apellidos fuesen determinantes para la gobernabilidad, serían eximidos a título personal del pago de impuestos (como por cierto lo serán también Puigdemont y compañía del pago de los millones malversados a la Hacienda pública en el curso del Procés). Lo que ocurre es que Sánchez en este caso lo que necesita son los votos de los partidos independentistas, y por ello los ciudadanos catalanes pasarán a ser ciudadanos de primera con privilegios económicos sobre el resto de los ciudadanos de esa nación por la que se dicen oprimidos. ¡Bendita opresión!

En tan solo unos años hemos dilapidado aquellos elementos que impidieron que en 2017 una minoría reaccionaria y antidemocrática despojara a los ciudadanos catalanes de su derecho a vivir al amparo de la Constitución

Lo más grave de todo es que, dejando de lado la humillación nacional y democrática que suponen todos y cada uno de los pasos dirigidos a evitar que quienes rompieron la convivencia democrática asuman las consecuencias de sus actos, en tan solo unos años hemos dilapidado todos aquellos elementos que impidieron que en 2017 una minoría reaccionaria y antidemocrática -con mayoría parlamentaria mínima- despojara a los ciudadanos catalanes de su derecho a vivir al amparo de la Constitución que, no lo olvidemos, votaron masivamente junto al resto de españoles. Una Constitución que puede reformarse en su integridad, pero que mientras tanto debe respetarse. Y es que todos sabemos que la independencia del poder judicial y la incapacidad de la Generalitat para recaudar los tributos (y por tanto de poder pagar siquiera las nóminas en el primer día de una república independiente) fueron los dos baluartes que sostuvieron el estado de Derecho en aquel momento.

Pues bien, no transcurridos siete años desde aquello, Sánchez no solo ha indultado y amnistiado a los artífices del atentado a la Constitución, sino que ha eliminado -recordemos- el delito de sedición del código penal, impidiendo que los mismos delitos cometidos en aquel momento puedan perseguirse en adelante por los jueces (que, conviene recordar, se limitan a aplicar la ley penal en vigor). Por otro lado, aparentemente a través del pacto al que acaba de arribarse la Generalitat pasará a gestionar la recaudación tributaria, de modo que, en caso de repetirse el golpe, podríamos asistir impotentes a una “versión tributaria” de la conducta de todos aquellos Mossos D’Esquadra a los que se ordenó cerrar los colegios electorales para evitar el referéndum ilegal, cuyo resultado todos conocemos.

Un anuncio en plenas vacaciones

Por supuesto, este acuerdo se ha anunciado con media España de vacaciones y la otra media esperando a tomarlas y sin ganas de amargárselas. En septiembre, confían sus promotores, nos habremos olvidado. 

¿Podemos acostumbrarnos a esto? Quizá podamos, pero si queremos vivir en un país de ciudadanos libres e iguales, no debemos. El ser humano a todo puede acostumbrarse, sí, pero una democracia no. No podemos, no debemos acostumbrarnos algunas cosas que están sucediendo. Hay una buena noticia, y es que si bien seguimos residiendo, de momento, en un régimen democrático, no me cabe duda de que somos una abrumadora mayoría los que estamos en contra de la España con ciudadanos de primera y de segunda clase que algunos pretenden construir con tal de aferrarse al poder. Ejerzámosla cuando las urnas nos llamen de nuevo.

• Tags
• Cataluña
• Junts
• Pactos
• Pedro Sánchez
• Salvador Illa