Mi querida España, un gran país sin dirección, sumido en la perplejidad, en el que una de las dos Españas asiste atónita a la crítica de la otra hacia quiénes nos defienden de los adversarios, velan por nuestro bienestar y sirven a un Estado, sin atender a los colores del Gobierno.

El pasado 6 de mayo se cumplieron veinte años desde la aprobación de las dos leyes fundamentales que regulan el Centro Nacional de Inteligencia; se trata de una ley ordinaria que lo crea y establece sus misiones y una ley orgánica que marca los requisitos para que pueda limitar el ejercicio de dos derechos fundamentales de los ciudadanos, a saber: el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.

Además, el presidente del Gobierno aprueba anualmente la Directiva de Inteligencia, un documento secreto por ley en el que se recogen los objetivos sobre los que debe trabajar el CNI para garantizar la seguridad nacional.

Una de las principales responsabilidades que la normativa le atribuye al CNI es garantizar la unidad de España, su integridad y la estabilidad de las instituciones. Desde hace varias semanas, se le acusa de investigar a aquellos que suponen una amenaza para estos tres valores. Que arremetan contra él quienes se sienten agraviados es comprensible; ahora bien, que una parte de la ciudadanía se incorpore a esa crítica y haga suyo el ataque a uno de los organismos empeñado en velar por el bienestar de todos sus conciudadanos allá donde se encuentren es inadmisible en un país moderno, democrático y, como no podía ser de otra manera, garantista.

Una cosa es que los procedimientos, fuentes, etcétera, del CNI sean secretos porque así lo establece la ley y otra es que puedan ser contrarios a la normativa. El fin último del secreto es salvaguardar la seguridad de los españoles y, por supuesto, también la de los miembros del CNI, no amparar la arbitrariedad de sus actuaciones.

Que una parte de la ciudadanía se incorpore a esa crítica y haga suyo el ataque a uno de los organismos empeñado en velar por el bienestar de todos sus conciudadanos allá donde se encuentren es inadmisible en un país moderno, democrático y garantista"

Pegasus ha llegado a nuestras vidas para quedarse e, incluso, para separar a estas dos Españas. Algunos no salimos de nuestro asombro cuando analizamos el curso de los acontecimientos:

Hace diez meses el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, advirtió al Gobierno de la vulnerabilidad de los dispositivos electrónicos, principalmente los teléfonos móviles, del presidente y de los ministros y se ofreció a someterlos a un análisis para verificar si habían sido o no infectados.

El Gobierno rechaza el ofrecimiento del CNI, probablemente temerosos de que el servicio de inteligencia español fuera a recabar información que no debiera conocer.

• En julio de 2021, en plena crisis diplomática entre España y Marruecos, este último país firma un acuerdo con Israel, país “propietario” de Pegasus y que decide a qué naciones se les vende la herramienta y bajo qué condiciones de uso. Dicho tratado supuso el restablecimiento de relaciones entre ellos y el inicio de la colaboración en el ámbito de la seguridad que implica, entre otras cosas, compartir información, investigación y ciberseguridad.
• A principios de 2022, el CNI vuelve a advertir a los miembros del Gobierno sobre la posible infección de sus teléfonos con Pegasus.
• El presidente del Gobierno y la ministra de Defensa reconocen públicamente que sus teléfonos tienen activado Pegasus.
• El servicio de inteligencia de Reino Unido afirma que el autor de la infección es Marruecos. No olvidemos que Pegasus solo se vende a Gobiernos “para la defensa de su seguridad nacional”.
• Algunos medios de comunicación españoles comienzan a achacar la infección al CNI porque no ha vigilado convenientemente y porque no está actuando sin control desde hace tres años por no comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales (por no estar constituida, no por falta de voluntad).
• La media España en la que me incluyo recibe estupefacta mensajes que incriminan a uno de los garantes de la seguridad nacional. ¿Desde cuándo se culpa al vigilante de un robo y no al ladrón? ¿Qué país de nuestro entorno arremete contra su propio servicio de inteligencia? ¿Lo hizo Merkel cuando supo que Pegasus campaba a sus anchas por su teléfono móvil?

Una sociedad y una clase política que se niegan a aprender seguirán incurriendo en los mismos errores de por vida. No miramos a Europa y presentamos una protesta formal ante el país que ha agredido a nuestras autoridades, sino que arremetemos contra la institución silenciosa y discreta que, por su deber de reserva, no va a reaccionar ni a contradecir a los gobernantes de la nación cuyos intereses defiende.

¿Por qué la reacción, en términos de acusación, es distinta cuando se ciberataca a la SEPI que cuando se ciberataca a miembros del Gobierno? Me niego a admitir que sea por el carácter del agresor.

La media España en la que me incluyo recibe estupefacta mensajes que incriminan a uno de los garantes de la seguridad nacional. ¿Desde cuándo se culpa al vigilante de un robo y no al ladrón?"

Desde el final de la transición y el último Gobierno de Felipe González, España ha estado huérfana de políticos con vocación de Estado y ha padecido la preocupación de los gobernantes por defender su sillón en la(s) primera(s) fila(s) de la bancada del Congreso de los Diputados. Es más, se han empeñado en tachar de fachas a cualquier ciudadano que ame y defienda a su patria: seguimos sin aprender.

Tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE han utilizado al CNI para sacar rédito político, sin importar la honestidad de la institución y su lealtad a la Nación. Aznar desclasificó parcialmente dos informes elaborados por el servicio de inteligencia tras el 11-M, en vísperas de las elecciones generales; ahora, ponemos en la diana al guardián y no al agresor. ¿Será porque contamos con su silencio y reserva? Solo falta ver si también se desclasifican los documentos señalados por los representantes de algunos partidos independentistas tras la reunión de la Comisión de Secretos el pasado día 5 por salvar la bancada roja. Es más, las deliberaciones de esa comisión son secretas y ya circulan comentarios sobre lo que allí se habló, ¿se perseguirá el presunto delito de revelación de secretos?

El buenismo de algunos Gobiernos los lleva a no comprender que en política internacional y en geoestrategia no hay amigos: hay intereses comunes. Si se comparten los intereses, habrá buena relación y cooperación para defenderse de la amenaza común; en lo demás, todos son adversarios. Haciendo uso del refranero español y de los consejos de una buena amiga, y patriota, por la caridad entra la peste.

Una vez más, os invito a reflexionar sobre la realidad, que no es siempre como nos la presentan y a cuestionar las opiniones interesadas en incrementar la polaridad social y política que vivimos desde hace años y que, como decía Machado, hará que una de la dos Españas nos hiele el corazón. Asimismo, confiemos en las instituciones que, sin ánimo de obtener beneficio alguno, trabajan en aras de la seguridad de todos nosotros desde la más absoluta discreción, vocación de servicio para con sus compatriotas y respeto al ordenamiento jurídico. Los miembros del CNI viven e incluso mueren para protegernos.

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