El pasado 9 de marzo, ya con el coronavirus enseñando palmariamente sus temibles garras, el inefable periodista de El País Xavier Vidal-Folch escribió un artículo con el título “El peor problema de España es la derecha”. En él criticaba la reunión que Vox celebró de manera irresponsable en Vista Alegre en plena expansión de la epidemia -luego tuvo la grandeza de pedir perdón- pero no por ese detalle, sino porque allí se había llamado al Gobierno de España criminal -que no parece muy diferente de cuando se tacha al partido de Abascal de fascista- y se dijo que las feministas están locas de odio -lo cual es literalmente cierto en numerosísimos casos-. Pero lo más preocupante, según el periodista, es que Vox tiene cautiva a lo que debería ser la derecha democrática del país, el PP, cuyo presidente, Pablo Casado, no critica -y hace bien- a la formación conservadora de la manera acerba que él desearía. Más bien al contrario, gobierna con ella “de acuerdo con los planes establecidos en la sombra por José María Aznar”.
En conclusión, añadía, “de todos los problemas del país, el peor está en la derecha”. El conflicto territorial, con la cuestión catalana a la cabeza, “ha entrado en una fase de cierta desinflamación. El desempleo disminuye, aunque sea a menor velocidad, y el tercero es sólo todavía una gran amenaza, el coronavirus y su impacto económico eventualmente recesivo”. “Lo peor es el tándem Casado-Abascal porque agrava estos asuntos, bloquea las instituciones, encona las divisiones y tensa la sociedad”.
Comparto con ustedes esta cita porque, todavía hoy, cuando ya no hay duda de los efectos letales del Covid19, mucha gente de izquierdas sigue instalada en el delirio. El pasado 16 de marzo, la escritora Almudena Grandes escribió en el mismo diario que aun conociendo el tradicional estilo de la derecha española “la actitud de Casado me ha parecido muy triste”. “Si no podemos aspirar a que ante una situación tan grave le ofrezca al Gobierno una lealtad auténtica, sin amenazas ni limitaciones, no lo lograremos nunca. Me pregunto cuánto habría tardado el PP en decretar el estado de alarma. Si de verdad hubieran sido capaces de tomar esa decisión en una hora escasa, creo que somos muy afortunados de tenerlos en la oposición”.
Cuando se lee detenidamente esta clase de opiniones, como digo, seguramente compartidas por tanta gente del mismo espectro ideológico de los que las emiten, no resisto la tentación de decir que si el virus que nos tiene confinados en casa, amenazados de muerte, y que se extiende de manera pandémica por el mundo es el mayor enemigo para la salud pública y económica global al que nos hemos enfrentado probablemente jamás en la historia, el segundo problema más importante que tenemos concretamente en España es la izquierda actual.
Desprecio de las advertencias
El Gobierno de coalición del señor Sánchez ha engañado sistemáticamente a la opinión pública sobre la magnitud del coronavirus, insinuando hasta el último momento que era un problema bajo control. Su portavoz médico, el señor Fernando Simón -todavía a pie de obra pese a haber perdido todo crédito-, ha inducido permanentemente a confusión sobre la potencia del contagio, y avaló indirectamente la participación en las manifestaciones feministas -alentadas de manera deliberada, irresponsable y negligente por el Gobierno: “sin feminismo no hay futuro”, afirmó Sánchez, “Madrid será la tumba del fascismo” dijo su frívola esposa-, cuando ya se tenían datos suficientes sobre la espiral alcista de los infectados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que carece por completo de experiencia de gestión en asuntos de salud y que se ha convertido en el hombre más poderoso del país -que Dios nos coja confesados-, despreció durante una semana las advertencias de algunas instancias de la Administración, así como las demandas de la Comunidad de Madrid, foco principal de la pandemia, para poner en marcha inmediatamente un plan de choque.
Sánchez tardó un día en decretar el estado de alarma tras un tormentoso Consejo de Ministros que ha aflorado la tremenda debilidad de un Ejecutivo desbordado por los acontecimientos
Después de anunciarlo por televisión, el señor Sánchez tardó un día en decretar el estado de alarma tras un tormentoso Consejo de Ministros que ha aflorado la tremenda debilidad de un Ejecutivo desbordado por los acontecimientos, falto de liderazgo y sometido adicionalmente a la presión miserable de unos agitadores de facultad espoleados por Iglesias, que se saltó la ejemplarizante cuarentena a que estaba obligado y se exigía al resto de los ciudadanos en situación similar. Y han pasado casi tres días hasta que el martes el Gobierno español, el último de la fila, aprobó el plan de combate económico, pues hace tiempo que todos los países de nuestro entorno tienen ya uno en marcha.
Decir que la gestión de la crisis ha sido pésima es una obviedad que siente cada vez más lacerantemente la mayoría de la población, y esto es lo único que han afirmado el señor Casado y los responsables de Vox, como es deber de la oposición, que en un régimen democrático tiene que estar siempre alerta ejerciendo su función de control del poder político, pero que ha prestado su apoyo total al Gobierno y se ha comportado con una moderación exquisita, a diferencia de la falta de escrúpulos y de la irresponsabilidad legendaria de la izquierda con motivo de los atentados del 11M y del episodio magnificado del ébola, que terminó después de los tumultos callejeros con un perro muerto.
No es probable que el tándem Sánchez-Iglesias salga bien parado de esta crisis monstruosa, y este será el único efecto colateral positivo del virus ominoso. Cuando se produce un colapso económico de las dimensiones inéditas del actual, con su reguero colosal de paro, todas las miradas se dirigen a La Moncloa y estas serán más ácidas e inquisitoriales si, como es el caso, la opinión pública percibe, porque así está trascendiendo, que está dirigida por un Gobierno sobrepasado por los acontecimientos y dividido. Otro efecto igualmente esperanzador de la pandemia es que ha arrasado, al menos momentáneamente, con las ensoñaciones falsamente progresistas del Gabinete, que antes del suceso pandémico había diseñado un hachazo fiscal a las empresas y a los ciudadanos para aumentar el gasto público con subsidios y prebendas diversas sobre el salario mínimo o las pensiones despreciando un nivel de deuda pública que roza el 100% del PIB.
Hemos crecido estos años más que la media de la UE, pero hemos sido incapaces de recortar el déficit público y de disipar las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública
Entre el epílogo desastroso de Rajoy y la estancia de Sánchez en La Moncloa se han tirado a la basura tres años preciosos para ganar el colchón fiscal del que disponen sobre todo Alemania, pero también Francia y Portugal a fin hacer frente a eventuales situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. La política pueril y la ideología anacrónica que animan el tándem progresista que mal dirige los destinos de la nación ha primado durante todo este tiempo sobre las necesidades económicas del país, que son apoyar el tejido empresarial y favorecer la genuina creación de empleo. Hemos crecido estos años más que la media de la UE, pero hemos sido incapaces de recortar el déficit público y de disipar las dudas sobre la sostenibilidad de una deuda pública, que regresarán con fuerza ante el exuberante aumento de recursos decretado para combatir el colapso productivo.
Cotizaciones sociales
Irónicamente, un equipo de Gobierno que se ha empleado a fondo en demonizar a las empresas y a la banca, y que no ha tenido clase de consideración alguna con los autónomos se ha visto obligado a aprobar un paquete histórico de recursos a fin de conservar un tejido productivo que amenaza ruina. La disposición de 100.000 millones en avales públicos para garantizar el crédito y la liquidez de las compañías es una medida crucial -la más notable- para evitar el reguero de quiebras que puede ocasionar una eventual caída del PIB incluso superior al 10%; igual que es perentorio agilizar fehacientemente los expedientes de regulación de empleo. Es clave la suspensión de las cotizaciones sociales para mantener las plantillas, así como la extensión temporal del seguro de desempleo, y la concesión del subsidio, aunque no cumplan las condiciones, a todos aquellos que pierdan el puesto de trabajo, un extremo quizá poco compatible con la moratoria de hipotecas y de servicios básicos, que puede prestarse a abusos y castigar a las empresas a las que se desea proteger.
De modo que Sánchez, acuciado por la hecatombe que se avecina, ha adoptado decisiones correctas…aunque insuficientes. Es ilusorio pensar que, una vez controlada la pandemia, las empresas que se salven podrán desarrollar su actividad con los mismos costes que tenían en 2019. Esta certeza debería obligar al Gobierno a olvidar para siempre su pretensión de subir los impuestos, y conminarle a reducir con carácter permanente -no temporal- las cuotas sociales, así como a revertir el salario mínimo al menos hasta los niveles de 2017 previos a las escandalosas subidas posteriores. De lo contrario, despejado parcialmente el horizonte, las empresas volverán a contratar, pero en una proporción notablemente menor. El presupuesto de reconstrucción que también anunció el martes Sánchez para cuando la pandemia esté superada es totalmente incompatible con el programa de Gobierno que manejaba antes de la catástrofe, y ya no digamos con los postulados delirantes que inspiran a Iglesias y sus cuatreros. Este es el único dato positivo del Covid19: que será letal para la izquierda desalmada que nos ha venido gobernando hasta la fecha.