Nos pide el presidente un tiempo de reflexión. En efecto, hay que reflexionar, pero no de los males y amenazas que sostiene acechan a la sociedad o a su entorno, sino de cuál es la formación y espíritu de la sociedad española ante la manipulación que se viene gestando sobre la existencia de supuestos ataques contra la democracia.
No debe olvidarse que la democracia española y sus instituciones son fruto del consenso que nació de la Transición, de forma que, bajo el arbitrio de la Corona, los poderes se organizan en un Estado social y democrático de Derecho y que, con tal configuración, existen y deben existir poderes y contrapoderes propios de cualquier sociedad avanzada en el respeto a los derechos fundamentales.
La mera sospecha de la existencia de un plan mundial de ataque a un gobernante ya indica la presunción de defensa del dirigente tras un parapeto en el que resiste a ser interpelado. No cabe en democracia distinguir entre periodistas buenos o malos, jueces buenos o malos, políticos buenos o malos. Todos tienen sus derechos y obligaciones y cercenar la libertad de expresión o la garantía del cumplimiento de la ley, atendiendo a una determinada ideología, convertiría este país en una dictadura de las ideas; con apariencia de democracia avanzada, sí, pero con límites a la expresión y a la aplicación de la Ley en la práctica.
El principio de igualdad, base de la convivencia y del respeto entre todos, no puede suponer la existencia de excepciones a la carta. Las condiciones que dispone el sistema para que, en igualdad y libertad, cualquier ciudadano pueda presentarse a unas elecciones, deben respetarse por el candidato que finalmente haya sido investido presidente, el cual debe ajustarse a las reglas de juego y no romper la baraja para que todos nos sometamos a nuevas reglas surgidas de sus caprichos o necesidades.
Preocupa mucho la deriva defensiva y victimista de la situación, y ello nos obliga a reflexionar sobre qué sociedad queremos ser. Si una sociedad sumisa, callada y anestesiada, que se conduce a un abismo en el silencio de su condena; o, por el contrario, una sociedad crítica, despierta, atenta a la custodia y garantía de sus derechos y libertades, respetuosa con el diferente, pero consciente de que sin el respeto a la libertad de expresión, caerá en el totalitarismo de las ideas, abandonando el debate y la opinión, la sana discrepancia y el juicio crítico y, en definitiva, los avances por los que sus antecesores lucharon para lograr un país de concordia, progreso y prosperidad.
Cercenar la libertad de expresión o la garantía del cumplimiento de la ley, atendiendo a una determinada ideología, convertiría este país en una dictadura de las ideas
Mientras tanto, es muy loable la iniciativa que varias asociaciones de altos funcionarios están desarrollando en el Pacto de profesionales por la Defensa del Estado de Derecho, que se ha presentado en varios foros y recibe sucesivas adhesiones.
Ante los anuncios que buscan democratizar la justicia -y los medios de comunicación-, es imprescindible seguir defendiendo la Constitución Española y los valores que representa, así como la independencia del Poder Judicial y sus jueces y tribunales. Un Poder Judicial independiente, ajeno a las injerencias del poder político, es la máxima garantía de una Justicia que pueda recibir tal nombre en democracia.
En otro nivel, sucede lo mismo con la Administración, a cuyos funcionarios debe garantizarse, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, que dicha Administración sirva con objetividad a los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. En este sentido llama poderosamente la atención que tengamos que ser los propios funcionarios los que, en estos momentos, estemos defendiendo nuestras funciones, como garantía para que se preserve el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico, y, en primer lugar, la propia Constitución, con los valores y principios que propugna, pues lo contrario redundaría en un gran perjuicio para los ciudadanos.
No debe olvidarse que, en democracia, el propio juego de poderes y contrapoderes garantiza un equilibrio de fuerzas para evitar los abusos de un poder frente a otros, y que la independencia judicial, y la imparcialidad de los funcionarios de la Administración, tiene por objeto la garantía de los derechos y la protección de los intereses de los ciudadanos, pues es gracias al trabajo de nuestros servidores públicos con lo que se construye una sociedad democrática aplicando el Derecho y garantizando la atención de sus intereses generales.
Esperemos pues, que se mantenga la libertad de expresión, tal cual la conocemos, y podamos manifestarnos libremente, más aún en defensa de la Constitución y de sus valores, fruto de una generosa Transición entre los españoles, en aras a construir una sociedad democrática y avanzada, de la que nos sintamos orgullosos herederos.
Antonio Morales Martín es inspector de Hacienda del Estado
Juanmanuelito
Pedro Sánchez ha sido claro y categórico. Su actitud y predisposición se pueden resumir en cuatro palabras dirigidas, por extensión, a dos poderes, el judicial y el llamado cuarto poder: SEGUIRÉ Y OS PERSEGUIRÉ.