Confieso que las declaraciones de algunos de nuestros líderes políticos relacionadas con las sentencias dictadas en torno al procés me generan una intensa desazón, sobre todo porque no son fruto de la ignorancia puntual en relación con un tema concreto, sino que obedecen a una estrategia y a un posicionamiento determinado que, no nos engañemos, choca contra las estructuras de convivencia paridas por la Transición hace poco más de 40 años.
Cuando Carmen Calvo e Isabel Celaá, vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones respectivamente, afirman sin ambages que la sentencia de Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del procés supuso “que la política estuviera en las sentencias”, hacen que se tambaleen todos los cimientos de nuestro Estado de Derecho: cuestionar la legitimidad de una sentencia que señala con nombres y apellidos a los responsables de un golpe de Estado supone, al fin y a la postre, legitimar ese golpe de Estado y conferir categoría política a un acto delictivo.
El PSOE tiene como fin que Pedro Sánchez resulte investido, y entiende que todos los medios para la consecución del mismo están justificados
No se me ocurre mayor politización de una sentencia que el pretender que ésta exima de responsabilidad a quienes cometen delitos tan graves como la sedición y la malversación por su mera condición de políticos. El PSOE tiene como fin que Pedro Sánchez resulte investido, y entiende que todos los medios para la consecución del mismo están justificados.
Luego toca pedir las sales cuando Vox dice que no acatará la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la inmunidad de Oriol Junqueras. Pero lo cierto es que no acatar una sentencia se mueve en el mismo plano que pasársela por el arco del triunfo, por mucho que el pretexto sea la judicialización de la política mientras repiten el mantra de que todo es culpa del PP. No se judicializaría la política si los políticos no cometiesen delitos. Así de sencillo.
En manos de los independentistas
Sólo me queda pedir a los señores del PSOE que dejen de buscar responsables del golpe de Estado en Cataluña en todas partes menos entre sus socios de investidura: los únicos que fueron condenados por sedición fueron ellos, y no es la sentencia la que hace política, sino ustedes quienes pretenden politizarla. Toca de una vez reconocer que, ante la imposibilidad de gobernar en solitario, es el PSOE y sólo el PSOE quien ha decidido poner la gobernabilidad de nuestro país en manos de los independentistas catalanes y vascos sin intentar otras vías. Nadie les obligó a hacerse la foto de la vergüenza con los representantes de Bildu en el Congreso, ni a apoyarse en los herederos de ETA para gobernar Navarra.
Eso no hace que tengamos que dejar de señalar a Pedro Sánchez por carecer de palabra por pactar con quienes había negado tres veces (o más) durante la campaña electoral: las marionetas carecen de palabra propia más allá de la que pueda tener su ventrílocuo. Y para todas estas cuestiones quien maneja la marioneta -que es lo que realmente es Pedro Sánchez- y le confiere su voz es Miguel Iceta. Ganó las elecciones el PSOE, pero nos va a gobernar el PSC, que es quien ya nos gobierna en funciones. Porque todo esto ya lo hemos visto antes, recuerden si no a todos los líderes del partido socialista catalán encabezando las manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto.
Responsabilidades penales
La evidencia histórica demuestra que quienes se niegan a acatar las sentencias en un Estado democrático y de derecho por una mera cuestión de oportunidad política, sean del partido que sean, lo que pretenden realmente es politizarlas. Porque, por muy nobles que nos puedan parecer a priori los fines que unos y otros aducen para hacerlo, la realidad que nos espera al final del camino no es otra que la de la creación de espacios de impunidad. Un motivo de exención de la responsabilidad penal por razón de la condición de político de su autor, una suerte de reservados VIP para políticos donde no alcance el poder judicial.
Los problemas de independencia del poder judicial son responsabilidad directa del legislativo y se resuelven incidiendo en reformas que eliminen los obstáculos que impiden su consecución, no reduciéndola a cenizas. Por muy atrayente que nos resulte el mito del Ave Fénix, la realidad es que de las cenizas nunca renace nada y tras la enorme hoguera sólo nos quedará el polvo.
