La mañana del lunes día 13 estábamos pendientes de cómo, con qué palabras, con qué ademanes, con qué indumentarias, con qué coletas, prestarían promesa de cumplir las obligaciones de sus cargos, cada uno de los veinticuatro miembros del Gobierno que habían sido designados la víspera por el presidente Sánchez. La convocatoria era ante don Felipe VI en el salón de audiencias del palacio de La Zarzuela. Defraudando muchas expectativas todos se ajustaron al guion que marcaba el protocolo y se abstuvieron de añadir estridencia alguna. Se limitaron a comprometerse a cumplir las obligaciones de sus cargos, con lealtad al Rey, y a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Y entonces llegó Pedro y mandó parar, lanzando por sorpresa una carga de profundidad con el nombramiento de la recién cesada ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. Se trata, sin duda, de otro hito histórico de esos que tanto gustan pregonar al primer gobierno progresista de coalición en cuarenta años. El caso es que es la primera vez que alguien pasa directamente de la cartera de Justicia a la Fiscalía General. Un alguien cuya dimisión reclamaba preso de indignación el actual vicepresidente segundo, Pablo Manuel Iglesias, quien consideraba inaceptable las relaciones de la Delgado con el comisario Villarejo y las cloacas del Estado.
Comparecencia de Segarra en el Congreso
Llegados aquí, resulta esclarecedora la lectura en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de la comparecencia de la señora María José Segarra Crespo el 27 de junio de 2018 ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de que se formalizara su nombramiento como Fiscal General del Estado, pocos días después de llegar Pedro Sánchez a Moncloa. Se daba así cumplimiento a lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a tenor del cual, una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará la propuesta de nombramiento de quien vaya a ser titular de la Fiscalía al Congreso de los Diputados, a fin de que la persona elegida pueda ser emplazada ante la Comisión de Justicia de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento, y se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato o candidata propuesta.
Delgado viene de servir como ministra de Justicia bajo la disciplina del Gobierno de Sánchez en sintonía con los intereses del partido socialista
La señora Segarra Crespo, al comparecer, subrayó que el sistema de nombramiento diseñado por la Constitución y el Estatuto Orgánico implica a los tres poderes del Estado: al Ejecutivo, que hace la propuesta; al Judicial, que ha de ser oído por el Gobierno; al Legislativo, que debe valorar los méritos y la idoneidad del candidato propuesto y al Rey que formaliza la designación. La señora Segarra Crespo, que hubiera podido continuar en el cargo durante toda esta legislatura, hizo promesa de que en el caso de ser nombrada su actuación estaría regida por la plena autonomía, principio irrenunciable del que jamás abdicaría, e invocó el Estatuto Orgánico cuyo texto define con claridad el marco de relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado, al que no se le pueden dar órdenes de ningún tipo. Por eso, subrayó que ejercería el cargo con absoluta independencia, sin más compromiso que hacer cumplir la Ley, y desde la más radical imparcialidad. De ahí que insistiera en considerar deber imprescindible “superar la sospecha de parcialidad o politización que desde siempre persigue a nuestra institución”. Su comportamiento, resistiendo las presiones del Gobierno en la vista del procés ante la Sala II del Tribunal Supremo donde la Fiscalía mantuvo la acusación de rebelión, dio prueba de esa actitud indomable y a la vista queda que le hizo merecer el relevo.
Es precisamente esa sospecha de parcialidad o politización la que se refuerza ahora con el nombramiento de Dolores Delgado que viene de servir como ministra de Justicia bajo la disciplina del Gobierno de Pedro Sánchez en sintonía con los intereses del partido socialista. Sospechas que se acrecientan después de la confusión que en plena campaña electoral transparentó Sánchez a propósito de la situación de dependencia del Gobierno en la que sostenía que se encontraba el Fiscal General del Estado. Enseguida, los nuevos incondicionales del poder que en estos días se fragua salen a replicar aduciendo otros nombramientos para la Fiscalía General del Estado que tampoco fueron ejemplares o que también fueron sospechosos. Pero los que ahora llegan con su coleta y su canesú venían a otra cosa. Para hacer lo mismo que criticaron en sus predecesores ninguna falta hacían.
