A estas alturas, casi dos semanas después de las elecciones, podemos afirmar que 2020 no será 1960. A diferencia de Nixon, Trump ha decidido dar la batalla a pesar de que lo tiene francamente complicado. En origen se pensó que la cosa no iba a pasar de una rabieta momentánea y que, de un modo u otro, daría su brazo a torcer y reconocería -seguramente a regañadientes- a Joe Biden como presidente electo. Pero no, no ha sido así. Trump quiere llegar hasta el final, agotar los plazos y no dejar ni un solo recurso sin atender. Se juega la presidencia, sus bases le animan a perseverar y el partido se ha puesto de su lado.
Esta semana, el líder republicano en la cámara, Kevin McCarthy, apoyó los esfuerzos del presidente por contar hasta el último voto y llevar a buen término su plan de reclamaciones en los Estados clave. Poco después se unió Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, por lo que ya no estamos hablando de una campaña exclusivamente trumpista, sino de un movimiento mucho más amplio que involucra a buena parte del partido. Pero no a todo; algunos congresistas han reconocido a Biden públicamente, creando así una fractura interna de consecuencias imprevisibles en el futuro.
Entre los votantes, el apoyo es mucho mayor. Los tuits y las declaraciones del presidente que cuestionan la legitimidad de las elecciones se han demostrado muy efectivos para moldear las creencias de sus partidarios en torno a este tema. Las redes de seguidores republicanas están en llamas, prácticamente todos coinciden en que se ha producido un tongo monumental, que les han robado las elecciones y que esto no puede quedar así. Pero al final lo único que cuenta son los votos. Para recontarlos la indignación y el pataleo no son suficientes, hace falta una estrategia bien definida, que es lo que ha adoptado finalmente el equipo legal de Trump esta semana.
Es poco probable que los jueces den el plácet a semejante iniciativa, al menos mientras no reciban pruebas concluyentes de fraude o irregularidades lo suficientemente generalizadas
Desde el lunes, aparte de solicitar los recuentos que crean pertinentes y que contemplen las diferentes legislaciones estatales, han empezado a presentar demandas para evitar que finalicen los recuentos y que a éstos asistan observadores. Es poco probable que los jueces den el plácet a semejante iniciativa, al menos mientras no reciban pruebas concluyentes de fraude o irregularidades lo suficientemente generalizadas como para revertir el sentido de las elecciones. En los dos Estados donde han interpuesto estas denuncias, Michigan y Pensilvania, la diferencia es de 146.000 votos en el primero y de 55.000 en el segundo.
En Pensilvania la demanda alega que los observadores estaban demasiado lejos de los que realizaban el escrutinio, por lo que no podían comprobar si se llevaba a cabo con diligencia. En Michigan acusan al Estado de contar votos por correo de electores que no podían votar. Tanto Pensilvania como Michigan han presentado sus alegaciones elogiando el procedimiento y presentando las pruebas pertinentes. En estos dos Estados hay además un problema añadido. La fecha límite para constituir el Colegio Electoral es el 14 de diciembre, pero cada Estado decide la suya. En Michigan y Pensilvania debe constituirse el 23 de noviembre, es decir, en apenas diez días por lo que el asunto urge especialmente.
Veinte votos decisivos
El fiscal general, William Barr, autorizó este lunes a los fiscales federales investigar un posible fraude, lo cual fue especialmente llamativo porque el Departamento de Justicia no suele entrar en estas cosas hasta que no se han certificado los resultados. Pero la ofensiva más allá. Un grupo de diez fiscales afines al Partido Republicano ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la extensión de tres días que el Estado de Pensilvania concedió para recibir votos por correo. Pensilvania, como vemos, fue clave antes de las elecciones, durante las mismas y también después. Sus 20 votos en el Colegio Electoral pueden desequilibrar la balanza y, aunque no le darían la victoria a Trump, sí pondrían en aprietos a Biden, que se quedaría con los 270 votos pelados.
Su ventaja en este Estado es ajustada, sólo 55.000 votos o, lo que es lo mismo, ocho décimas porcentuales. En septiembre el Tribunal Supremo del Estado cambió la normativa de voto por correo obligando a admitir y a escrutar los votos que llegasen hasta el 6 de noviembre. Estas papeletas que llegaron tarde, aproximadamente 10.000, permanecen separadas por orden de Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo federal. A partir de aquí se abren dos vías: o se invalidan esos votos o se recuentan. Para lo primero el Tribunal Supremo de Washington tendría que enmendar la plana al de Pensilvania, ocasionando un conflicto de competencias y una nueva batalla, esta vez entre tribunales. Lo segundo daría por bueno el cambio de normativa hecho en el último momento, un cambio que también se produjo en otros Estados como Georgia, Wisconsin y Michigan, pero que no prosperó porque apelaron con éxito a nivel estatal.
Los republicanos han sido tradicionalmente los principales aliados de la soberanía de los Estados frente a los demócratas, que apuestan casi siempre por la supremacía de Washington
Pongamos que los 10.000 votos que llegaron tarde en Pensilvania son todos para Biden y hay que anularlos. En ese caso en la candidatura demócrata pasaría de tener 3.396.000 votos a 3.386.000 frente a los 3.341.000 de Trump. Nada cambiaría, simplemente se estrecharía al margen un poco más y todo al coste de enfrentar al Tribunal Supremo federal con el de Pensilvania. Los republicanos han sido tradicionalmente los principales aliados de la soberanía de los Estados frente a los demócratas, que apuestan casi siempre por la supremacía de Washington. Esta es una sorpresa más que añadir entre las muchas que se han presentado en los últimos meses en torno a estas elecciones.
Quizá lo mejor sea admitir esos votos y recontarlos. Salga lo que salga no va a alterar el resultado final. Otra cosa sería que se produjesen cambios sustanciales en otros Estados, pero habría de ser en varios. Donald Trump actualmente cuenta con 217 votos, necesita 53 para alcanzar la mayoría en el Colegio Electoral. Eliminando Pensilvania le haría falta confirmar Georgia (16) y Carolina del Norte (15), lo que le daría 31 votos. Le faltarían 22, es decir la suma de Michigan (16) y Wisconsin (10) o recuperar Wisconsin y hacer lo propio con Nevada (6) y Arizona (11). Por poder, podría suceder, pero las posibilidades son muy pequeñas, tendría que producirse algo así como una conjunción astral para revertir los resultados provisionales.
Pero todo este jaleo podría terminar sirviendo para algo bueno. Esta experiencia tan amarga puede verse como un aviso, algo así podríamos encontrarnos en el futuro y no es presentable que en unas elecciones se termine hablando más del recuento que de la campaña. No harían mal en tenerlo en cuenta y, para las próximas elecciones, evitar cambios arbitrarios de última hora en la normativa como sucedió en Pensilvania. La democracia más antigua del mundo se merece algo mejor.
