En la misma semana, la Comisión Europea ha lanzado una primera emisión de bonos Next Generation EU por valor de 20.000 millones de euros con vencimiento a diez años, que ha tenido una excelente acogida en los mercados (con una demanda siete veces superior), y ha anunciado la aprobación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Si el Consejo de la UE, como es previsible, aprueba la propuesta de la Comisión, pronto España dispondrá de fondos y podrá comenzar a ejecutar proyectos… y reformas.
La evaluación del Plan español ha sido realmente satisfactoria: de los once elementos que se han evaluado, España ha recibido la máxima nota en diez de ellos. Se demuestra, por tanto, que no hay nada que objetar al diseño del documento español, que presenta un elevado grado de detalle en la parte de inversiones, bastantes menos detalles pero orientaciones razonables en la parte de reformas, y coherencia interna. Podemos felicitarnos por eso. Los problemas que tiene el Plan son los que ya tenía desde su concepción: una gobernanza poco clara, escasa información sobre procedimientos, riesgos derivados de la escasa flexibilidad de los recursos humanos y materiales destinados a su implementación y escasa búsqueda de consenso con otras fuerzas políticas. Aún hay tiempo para corregir estas deficiencias. Pero no mucho.
Ha llegado el momento de la verdad, el de la ejecución de proyectos y reformas. Si todo va bien, España recibirá enseguida 9.000 millones (el 13%, en concepto prefinanciación) y deberá cumplir una serie de hitos y metas antes de finales del tercer trimestre para acceder a otros 10.000 millones a final de año. Pronto surgirán concursos, convocatorias de subvenciones y anuncios de PERTE, y se hablará del reparto de fondos entre Comunidades Autónomas y entidades locales. Todo ello mientras la economía vuelve progresivamente a la normalidad gracias a las vacunas.
Las reformas son ahora más urgentes que nunca, y no sólo porque condicionen los fondos (que lo harán)
Llegados a este punto, es posible que la urgencia de las reformas se difumine, o que éstas pasen a percibirse como un molesto escollo que habrá que sortear con la Comisión cada pocos meses para conseguir los siguientes tramos de ayudas. Sin embargo, es justo lo contrario. Las reformas son ahora más urgentes que nunca, y no sólo porque condicionen los fondos (que lo harán), sino por tres motivos.
El primero es la incertidumbre sobre la evolución económica mundial. El virus sigue campando a sus anchas en muchos lugares. Los recientes aumentos de la inflación no deberían asustarnos, pues reflejan en gran medida un efecto base (es decir, la comparación con el hundimiento de la demanda en 2020, en plano pico de la pandemia), la influencia de elementos volátiles como la energía y la existencia de una demanda embalsada que hoy se desborda tanto como nuestras ganas de disfrutar de la vida. Pero los mercados no siempre atinan a la hora de percibir los riesgos, y pueden interpretar que el riesgo de inflación en Estados Unidos (donde los recursos productivos ociosos son mucho menores y el impulso fiscal considerablemente mayor que en la eurozona) podría terminar impulsando los tipos de interés y un cambio de ciclo a nivel global. A ello se une la debilidad de la deuda soberana en muchos países en desarrollo, que podría tensionar los mercados.
Ausencia de reglas claras
El segundo es la incertidumbre sobre las condiciones de financiación en la eurozona. Actualmente la comodidad de la que disfrutan sus Estados miembros a la hora de emitir deuda depende de forma crucial no de mecanismos automáticos establecidos en los tratados, sino de la actitud decidida del Banco Central Europeo. Asimismo, la suspensión de la aplicación del pacto de estabilidad y crecimiento (y, por tanto, de las reglas de control de déficit y deuda) no se deriva de reglas claras, sino de la voluntad de los Estados miembros. Voluntad que, como cualquier opinión humana, podría cambiar, bien por convicción o por motivos electorales (recordemos que Alemania decide en septiembre quién sucederá a Merkel).
Estos dos riesgos (externos e internos) podrían alterar los equilibrios actuales y tensar las condiciones de financiación de países muy endeudados como España, hipotecando su estabilidad. La única forma de prevenir esos riesgos es lanzar señales correctas a los mercados, de modo que confíen plenamente en la capacidad de crecimiento de España y en su senda de reducción de deuda. Y eso es sólo es posible si las reformas estructurales avanzan a buen ritmo.
El tercer motivo que hace imprescindible acometer reformas ambiciosas cuanto antes tiene que ver con el futuro de la unión monetaria europea, que para sobrevivir a largo plazo requiere instrumentos fiscales comunes. El Next Generation EU es el mejor campo de pruebas para una futura capacidad fiscal común, y su éxito no se va a medir sólo en función de su capacidad para impulsar la demanda, sino, sobre todo, en función de su utilidad a la hora de impulsar reformas. Al final, la base de la integración monetaria radica en la confianza entre países tradicionalmente acreedores y deudores. Si queremos que en el futuro la eurozona se plantee la posibilidad de completar la unión monetaria con instrumentos fiscales de reparto de riesgo, son las economías con finanzas más débiles y por tanto más propensas a utilizar dichos instrumentos quienes deben predicar con el ejemplo y demostrar que el dinero europeo gastado en apoyar gasto y reformas es dinero bien utilizado.
La información, rendición de cuentas y la iniciativa de búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas corresponde al gobierno, autor del Plan
A cada cual, su responsabilidad. La información, rendición de cuentas y la iniciativa de búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas corresponde al gobierno, autor del Plan. Al resto de fuerzas políticas, la crítica constructiva. A todas las fuerzas políticas, evitar la utilización partidista de un plan que para tener éxito ha de ser de país, como otros grandes planes de reforma que ha vivido España. Y a todos, incluidos agentes sociales y ciudadanos, asumir que las reformas estructurales son imprescindibles no sólo para garantizar el futuro económico de España, sino también el del proyecto europeo.
La Unión Europea ya ha emitido deuda común. Ahora sólo falta que algunos países, entre ellos España, se dediquen a emitir confianza.
