Que en enero sube el paro no es noticia; sí lo es, en cambio, que suba del modo en el que lo ha hecho este año. Y no sólo por el paro, que esa es sólo una cara de la moneda, la que nos muestra las personas que se han inscrito en las oficinas de empleo, lo que antes conocíamos como INEM. La otra cara de la moneda es la afiliación a la Seguridad Social, es decir, los que trabajan y contribuyen con sus retenciones. En enero el número de afiliados a la Seguridad Social decrece y el de inscritos en la oficina de empleo crece. La razón es fácil de entender, se junta el final de la campaña navideña y que aún queda lejos la temporada turística.
De promedio, la afiliación en enero suele caer entre 150.000 y 200.000 personas, y este año se ha ido a casi las 250.000. La última vez que cayó tanto fue en enero de 2013, cuando la Seguridad Social perdió 263.000 afiliados en un mes. Aún así en aquel momento nos parecía poco, porque en enero de 2012 el derrumbe fue mayor, de 271.000 personas, y en enero de 2009 se produjo una escabechina con más de 350.000 bajas en 31 días. En un mercado laboral como el español, tan marcado por la estacionalidad, es importante mirar el mes y no tanto el año. El año nos da la tendencia, el mes nos dice el modo exacto en el que se está comportando el empleo con respecto a años anteriores.
La economía española ha aprendido a convivir con un número de desempleados extraordinariamente alto, muy por encima del promedio europeo y que no baja ni con el PIB creciendo con fuerza
Pues bien, el mes de enero de este año ha sido especialmente malo. El paro sube y la afiliación baja, la combinación maldita con la que están empedradas todas las crisis. Quedémonos con tres cifras importantes. Las 244.000 personas que han salido de la Seguridad Social, las 90.200 personas que se han inscrito en el Sistema Nacional de Empleo y los 3.350.000 parados que había a 1 de febrero. Este último dato es clave porque nos muestra cómo la economía española ha aprendido a convivir con un número de desempleados extraordinariamente alto, muy por encima del promedio europeo y que no baja ni con el PIB creciendo con fuerza.
La tasa de paro según la EPA es del 13,7%; esa es la media nacional, pero hay grandes diferencias regionales. Hay seis comunidades autónomas con la tasa por debajo del 10% (Navarra, País Vasco, La Rioja, Baleares, Aragón y Madrid) y dos por encima del 20% (Andalucía y Extremadura). Otra de las peculiaridades del desempleo en España es que se concentra en los jóvenes, la tasa de paro en menores de 25 años supera holgadamente el 30% mientras que de 25 a 65 años se queda en el 12%. Resumiendo, que la economía española no encuentra la manera de proveer un trabajo a los jóvenes y se muestra incapaz de generar empleo suficiente en las regiones meridionales.
Todos sabemos que es así, que si eres un joven andaluz o extremeño lo más seguro es que estés desempleado y no te queden muchas más salidas que emigrar o buscar un subsidio. Nadie en cuarenta años ha querido remediar esta disfunción laboral típicamente española. Simplemente han puesto parches en forma de subvenciones y formación. Subvenciones en el sur, donde los planes de empleo rural se han convertido en el ingreso básico de cientos de miles de personas durante toda su vida laboral. Y formación en toda España, que tiene una de las tasas de población con estudios superiores más alta del mundo, pero sus jóvenes no encuentran empleo.
La reforma laboral iba en la dirección adecuada, la de flexibilizar un mercado muy rígido y que, por lo tanto, sólo se ajusta rompiéndose
Para acabar con este círculo vicioso harían falta una gran cantidad de reformas que exceden con mucho la reforma laboral de 2012, la misma que ahora se quieren cargar los ministros de Podemos porque creen que es la responsable del desempleo. Los datos nos dicen otra cosa, pero ya se sabe que la ideología es una ceguera voluntaria que impide ver lo que se tiene delante. La reforma laboral iba en la dirección adecuada, la de flexibilizar un mercado que es muy rígido y que, por lo tanto, sólo se ajusta rompiéndose, es decir, destruyendo empleo en grandes cantidades.
Eso mismo es lo que nos dicen en voz alta las cifras de paro del mes pasado. El empleo, a fin de cuentas, es un indicador retrasado de la actividad económica. Contratar o despedir se lleva a cabo cuando el empresario ya tiene más o menos claro que las cosas le van a ir mejor o peor. Si tiene perspectivas positivas para su negocio porque las ventas así se lo indican es cuando se plantea contratar nuevo personal y viceversa, cuando lleva dos o tres meses renqueando piensa en ir aligerando la plantilla para no comprometer la viabilidad de la empresa. A veces incluso ni eso, espera a que se presenten las primeras pérdidas y cuando ya no puede aguantar más empieza a despedir.
La torpe reacción de Zapatero
Hay aquí un dato preocupante: si miramos la contratación indefinida observamos que viene cayendo desde marzo del año pasado. Pasó de crecer un 16% de promedio durante 2018 a descender un 5% en 2019. Los empresarios han seguido contratando, pero no las tenían todas consigo y se han decantado por empleados temporales por si acaso. Es más sencillo y barato prescindir de un empleado temporal que de uno fijo. La temporalidad es siempre la antesala del desempleo. Se empieza contratando temporalmente, luego a tiempo parcial, luego por horas, luego no se contrata en absoluto y al final se despide.
Esto funciona así se ponga como se ponga el Gobierno. Cuando Zapatero se encontró de frente con el problema en 2008 después de cuatro años de expansión económica pensó que se solucionaría gastando dinero público. La clásica medida keynesiana que no ha funcionado nunca y que lo único que consigue es endeudar al Estado o disparar la inflación. El Gobierno español no tiene la carta de la inflación porque no emite moneda, así que sólo le queda la de la deuda, que el Tesoro emita toneladas de bonos, letras y obligaciones para que el Gobierno pueda financiar planes de estímulo y dar trabajo a los parados.
Pensiones y funcionarios
En 2008 era posible hacerse esa trampa porque la deuda pública era baja, estaba por debajo del 40% sobre PIB. Ahora es del 100% sobre PIB y no queda margen tal y como pudo comprobar Mariano Rajoy al poco de llegar al poder. Le hicieron ver que seguirían comprando bonos, pero a intereses cada vez más altos, la prima de riesgo se disparó y el resto es bien conocido por todos. El prestamista está dispuesto a prestar con riesgo, pero a cambio de un interés mayor que le compense un posible impago. Esos intereses estrangulan las cuentas públicas y todo salta por los aires.
En estas mismas está ahora Sánchez y su Gobierno de justicieros sociales. Si el mercado laboral entra en barrena no tendrán de donde sacar el dinero para todas las promesas que han hecho de revalorizar las pensiones o subir el sueldo a los funcionarios, que son los dos capítulos en los que se va el grueso del gasto público. Entre pensiones y sueldos públicos el Estado tiene que destinar unos 300.000 millones de euros al año, que se financian con la recaudación obtenida de las retenciones a los trabajadores, de los beneficios de las empresas y del consumo. Sin empleo la recaudación de IRPF, de IVA y de impuesto de Sociedades se desploman. Ellos verán a lo que se exponen, pero todo su experimento de progreso puede naufragar antes de tiempo porque nadie se ocupó de hacer los números previamente.
