“¿Y cuál es el teléfono de Europa?”. Esta pregunta retórica atribuida a Henry Kissinger –y probablemente falsa, como tantas de las que se atribuyen a Winston Churchill– pone de manifiesto la dificultad para saber dónde se concentra el poder europeo. Y tiene sentido, porque la respuesta no es nada evidente.
El pasado 6 de abril la canciller alemana, Angela Merkel, dijo en una conferencia que “la respuesta” a esta crisis del coronavirus sólo podía ser “más Europa”. Pero igual hay que aparcar el sentido retórico, arremangarse y decir: “Estupendo. ¿Y qué quiere decir exactamente más Europa?". Porque en el ámbito del euro, uno de los grandes pilares del proyecto europeo, da la sensación de que algunos países lo que quieren es “cuanto menos Europa, mejor”. Si no, no se entiende que retrasen la unión bancaria al bloquear el fondo de garantía de depósitos europeos, el mecanismo de protección (backstop) del Fondo Único de Resolución o que renuncien a crear un activo común sin riesgo como los eurobonos.
Vamos a ponernos por un momento en la piel de un alemán, un holandés, un austriaco o un finlandés y pensar en sus motivos para rechazar la posibilidad de coronabonos. Para ello definamos los coronabonos, que en el fondo no son muy distintos de los eurobonos en el sentido más relevante: deuda emitida por la Unión Europea con la garantía solidaria de sus Estados miembros que permite llevar a cabo un gasto decidido por una institución europea.
¿Qué quiere decir esto? Vayamos por partes. “Deuda emitida por la Unión Europea” quiere decir deuda emitida por un ente con personalidad jurídica propia que se compromete a devolverla. Por tanto, no es deuda de los Estados miembros propiamente dicha.
Se está gastando el dinero de los impuestos de los ciudadanos de distintos países, pero sin la fiscalización de los Parlamentos de los países que han recaudado esos impuestos
“Con la garantía solidaria de sus Estados miembros” quiere decir que, aunque la Unión Europea tenga fondos presupuestarios que podamos llamar “propios”, no son suficientes para garantizar una emisión elevada, y son los propios Estados miembros quienes, en última instancia, van a tener que responder con sus ingresos, es decir, con los impuestos recaudados de sus ciudadanos. Como hay países más ricos que otros y con menos deuda, es evidente que los países con finanzas más sólidas son reacios a compartir riesgos con países más endeudados.
“Que permite llevar a cabo un gasto” quiere decir que, en última instancia, se está gastando el dinero de los impuestos de los ciudadanos de distintos países, pero sin la fiscalización de los Parlamentos de los países que han recaudado esos impuestos. Esto es importante, y plantea un problema de legitimidad: todas las constituciones europeas vienen a decir que sólo se podrán recaudar impuestos que sean previamente establecidos por una Ley refrendada por el Parlamento, luego el control parlamentario está íntimamente ligado a la relación de ingresos y gastos. No se puede disponer “libremente” de los ingresos de los ciudadanos sin un control adecuado, y de hecho el Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe expresamente que la deuda de un país financie a otros Estados miembros (no que no puedan prestarles dinero, sino que no puede ser que un Estado gaste libremente los impuestos de otro).
Por eso la última parte de la definición de que sea un “gasto decidido por una institución europea” es importante. Porque quien debe decidir el gasto no puede ser otro Estado, sino una institución supranacional a quien se ceda esa capacidad. Lo lógico es ceder ingresos y con ellos la capacidad de gastarlos o de servir de garantía a una emisión de deuda. Ahora bien, “por una institución europea” quiere decir que la institución tendrá una regla para decidir esos gastos, que en general será la de la mayoría cualificada.
¿Problema de legitimidad?
Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión. ¿Por qué Alemania y Holanda están dispuestos a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) emita deuda pero no a que lo haga la Comisión? Aquí hay dos versiones. Si el problema fuera de legitimidad, entonces la solución sería sencilla: la Comisión emitirá deuda con la garantía de una parte de los impuestos nacionales asignados a tal efecto, un nuevo impuesto de solidaridad para la pandemia o un incremento del presupuesto comunitario, y el Parlamento Europeo, donde está representada la voluntad de los Estados miembros, se encargará de fiscalizar ese gasto. Problema de legitimidad resuelto.
Y aquí estaría la pregunta clave que cabría hacerle a la canciller Merkel. ¿Qué parte de los ingresos y gastos quiere que mutualicemos? ¿Cómo creamos un embrión de política fiscal europea? ¿Quizás un subsidio de desempleo, no como el SURE en forma de préstamos, sino como gasto puro y duro financiado con la garantía de un porcentaje de los impuestos nacionales y gestionado por una entidad supranacional europea con competencias compartidas en inspección laboral y en formación y políticas activas de empleo? Si les preocupa que “los del sur” abusen de subsidios, les ofrecemos la gestión de esos subsidios a nivel europeo, con los mecanismo de control que hagan falta, para que funcionen como un auténtico estabilizador automático de la eurozona (como funcionan en EEUU) y mitiguen sus shocks asimétricos.
Creo sinceramente que países como España, Italia o Francia deberían ser atrevidos y, al mismo tiempo que piden eurobonos, ofrecer a Alemania, Holanda y otros que dicen reclamar “más Europa” la posibilidad de integrarse más fiscalmente.
No quieren que ninguna institución europea que funcione por mayoría cualificada (en la que los países del sur podrían ser mayoría) decida nada que tenga que ver con el gasto
¿Saben cuál es el problema? Que no está claro que quieran. La oferta debería plantearse para poner de manifiesto cuál es el deseo real de estos países de ir hacia más Europa. Porque, si al final se niegan a emitir eurobonos incluso con nuestra disposición a renunciar a compartir parte de nuestra soberanía fiscal, entonces comenzaremos a pensar que la cuestión no va de legitimidad jurídica, sino de otra cosa. A ver si va a ser que se niegan simplemente a que la Comisión gestione el gasto común porque, como cuenta Marco Buti que ocurrió durante la crisis de 2010, Alemania no quería avalar a la Comisión para “para que no se desequilibrase el balance institucional con el Consejo”. Traducción al román paladino: no quieren que ninguna institución europea que funcione por mayoría cualificada (en la que los países del sur podrían ser mayoría) decida nada que tenga que ver con el gasto, y sólo están dispuestos a que de eso se encarguen organismos intergubernamentales como el MEDE, regidos por la regla de la unanimidad, donde tienen derecho de veto sobre todo aquello que no les guste.
¿Saben dónde está verdaderamente la solidaridad y el europeísmo? En compartir decisiones por mayoría cualificada. ¿Saben cómo se toman las decisiones en los organismos como el MEDE? Por unanimidad. ¿Saben cómo se puede limitar la capacidad de un Estado miembro de actuar como un paraíso fiscal? Por unanimidad. ¿Y saben cómo se han tomado las decisiones –seguro que con algún voto en contra– en las únicas instituciones que han estado a la altura durante esta crisis, la Comisión y el BCE? Por mayoría cualificada.
