Opinión

La excusa perfecta

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la Ley de Igualdad Catalana que entraban en materia laboral y cuya regulación es competencia de la administración central.

  • La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, Dolors Bassa.

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la Ley de Igualdad Catalana que entraban en materia laboral y cuya regulación es competencia de la administración central. No han tardado en aparecer grandilocuentes declaraciones, cargadas de indignación, como la de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que califica de “inconcebible” el recorte de la ley y afirma que continuará obedeciendo “el mandato del Parlament”. O como Teresa Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD) la cual considera que "la sentencia del TC impide la mejora de los derechos que promueven la igualdad en materia laboral" o que representa "un obstáculo en la promoción de los derechos de las mujeres que está desarrollando el Gobierno catalán" y que se está limitando "la capacidad de Cataluña para ejercer sus competencias en materia de igualdad y avanzar en la mejora de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito del trabajo".

Lo que no dicen es que la Generalitat no necesita una norma habilitante. Si el Govern hiciera su trabajo esa anulación no debería tener ningún efecto porque no necesita esa ley para actuar. ¡Es que es su deber actuar! Ese deber se encuentra en la Constitución Española, en el Estatut de Autonomía de Cataluña y, más concretamente, en la Ley de Igualdad española de 2007. Y como la Generalitat tiene competencias en materia de igualdad debe promover políticas para conseguirla, así como también tiene competencias en materia de inspección de trabajo o competencias ejecutivas en la negociación colectiva. Es decir, todas esas competencias ya estaban reguladas y lo que tiene que hacer el Govern es ejecutarlas sin excusas.

Lo que no dicen es que la Generalitat no necesita una norma habilitante. Si el Govern hiciera su trabajo esa anulación no debería tener ningún efecto

La Directora General de Igualdad, Mireia Mata, ha lamentado también que "el tribunal haya considerado que no tenemos potestad para crear una figura como el responsable sindical de igualdad dentro de los comités de empresa porque la negociación colectiva se regula a nivel estatal". Pero parece ignorar que los sindicatos son entidades con capacidad para auto organizarse y proponer que dentro de la representación de los trabajadores de una empresa existan personas encargadas de velar por la igualdad. Es más, la ley nacional, la del 2007 dice que “todos los representantes sindicales deben luchar por la igualdad y contra el acoso”. Por lo tanto, si quieren especializar a un representante sindical en materias de igualdad, nada se lo impide. No se necesitan los artículos suspendidos para hacerlo porque la ley española ya lo reconoce.

Pero al Govern le da igual, lo que busca permanentemente es poder excusarse en que es el Estado español el que no le permite llevar a cabo sus avanzadísimas políticas cargadas de buenas intenciones. ¡Qué cómodo debe ser eso! Así pueden despreocuparse de su acción de gobierno y esquivar cualquier responsabilidad. Es la excusa perfecta del mal estudiante. Mucho mejor decir que es el Tribunal Constitucional el que no te deja hacer tus políticas que reconocer que eres un incompetente o que simplemente no te da la gana. Es la archiconocida y manida excusa de "la culpa es del perro que se comió mis deberes" o "la culpa es del profe que me tiene manía".

Todo apunta a que han llegado a la conclusión de que les conviene crear esa sensación de frustración permanente

Pero no seamos malos, no sólo la vagancia explica el permanente victimismo del Govern de la Generalitat. Todo apunta a que han llegado a la conclusión de que les conviene crear esa sensación de frustración permanente. Les conviene dar imagen de que desde la Generalitat se impulsan mogollón de políticas avanzadísimas que el anquilosado, centralista y reaccionario Estado español reprime, cuando la realidad es que la Generalitat tiene muchas competencias y muchas de esas medidas, como la ley de igualdad, ya estaban recogidas por la normativa estatal desde hace casi una década. Pero, claro, para que la sociedad catalana les pueda comprar el discurso populista de que para solucionar las cosas hay que salir de España nada puede funcionar. ¿Quién va a querer romperlo todo y asumir los riesgos de la independencia si las cosas funcionan, si se perciben avances?

Noemí de la Calle (@Noemi_delaCalle)

Diputada y portavoz de C’s en Asuntos Sociales en el Parlament de Cataluña

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