La semana pasada, en la habitual sección que protagoniza en un programa radiofónico de éxito, Joaquín Estefanía relataba: “El ciudadano camina bajo la lluvia y pasa por uno de los espacios culturales de referencia. Allí, en un voluminoso cartel que no pasa desapercibido, se anuncia una conferencia titulada Impuestos o libertad¨. No, querido Jaoquín, no es así. No se trataba de una conferencia, era algo tan emotivo en la actual era digital como la presentación de un libro -Impuestos o libertad- editado en papel. Conviene contar las cosas como son. Es absolutamente legítimo ¡Faltaría más! que no te guste un libro, también lo es que no te guste su autor -espero que no sea eso-, que no te guste el título o que no te guste el contenido, pero piénsate si es legítimo contar las cosas como no son.
Acaso antes de este subidón nuestras calles eran de barro, carecíamos de centros hospitalarios para nuestros niños y nuestras madres tenían que parir al aire libre? ¿Verdad que no?
Acudiendo al fondo del asunto, proseguía Estefanía: “El espacio en cuestión está en una de las calles más céntricas de la ciudad, bien asfaltada. Hacia la derecha, a unos centenares de metros, se encuentra el hospital de referencia para niños. Caminando hacia la izquierda se llega a una gran maternidad. Ambos son públicos y casi enfrente está el Parque del Retiro. En estas condiciones, el título de la conferencia parece una obscenidad ideológica digna de tiempos oscuros". Estimado Joaquín, lo obsceno es pretender que el asfalto de las calles, los hospitales infantiles, o las maternidades requieran que la presión fiscal sufrida por los españoles haya crecido hasta situarse en torno al 39%. ¿Acaso antes de este subidón nuestras calles eran de barro, carecíamos de centros hospitalarios para nuestros niños y nuestras madres tenían que parir al aire libre? ¿Verdad que no? Pues entonces la obscenidad es utilizar semejante imagen.
Lo que hace Estefanía es recurrir al habitual mantra que utiliza nuestra izquierda, según el cual no se pueden bajar impuestos -es más, hay que seguir subiéndolos- para atender las necesidades básicas de la población. Pero no hay tal. Recordemos lo que sin duda constituye un referente histórico para Joaquín Estefanía y para la izquierda española como es la etapa de gobierno de Felipe González. En todos aquellos años, la presión fiscal que sufríamos los españoles no pasó nunca del 33%. Joaquín, ¿afirmarías que entonces existían en España necesidades básicas sin cubrir? Me imagino que no, pues explícame entonces por qué hemos de soportar ahora el 39%
Como digo, es el discurso de la izquierda. Un ejemplo, tras el acto de presentación del libro antes citado entré a un bar cercano con un grupo de amigos. Entre ellos estaba Fernando Casani, antiguo responsable -final de los años 70- de la agrupación del PCE en la facultad de Económicas de la UAM y, por tanto, mi superior orgánico en aquellas fechas cuando, emulando el título de García Márquez, éramos felices e indocumentados Con el codo derecho apoyado en la barra y sosteniendo una cerveza con la mano izquierda, Fernando argumentaba: “Está muy bien que queráis bajar los impuestos, pero dime qué gastos eliminamos”.
La cuestión no puede estribar en demostrar la ausencia de necesidad del nuevo gasto -prueba diabólica en términos jurídicos-, sino en justificar la obligatoriedad de realizarlo
Es obvio que argumentando así se invierte la carga de la prueba. La cuestión no puede estribar en demostrar la ausencia de necesidad del nuevo gasto -prueba diabólica en términos jurídicos-, sino en justificar la obligatoriedad de realizarlo. Por ello, nos deben explicar qué necesidades dejó desatendidas Felipe González que sea necesario atender ahora con el tremendo aumento de la factura fiscal que se nos exige. No obstante, se me ocurren a botepronto varias ejemplos de gastos innecesarios que se han realizado y realizan. Entre ellos, el estrambótico Plan E de Zapatero (15.000 millones de euros); los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real (más de 1.500); la cúpula de la sede de la ONU (60); las subvenciones anuales que, según la AIREF se conceden sin controlar el cumplimiento de las condiciones de acceso ni la realización de las actividades subvencionadas (14.000, en este caso, cada año); la dotación presupuestaria al esotérico Ministerio de Consumo (60, también por año) …
Inventándonos actividades públicas como las expuestas y muchas más que se inventan, es obvio que resulta explicado el aumento del expolio fiscal que sufrimos. Con esta imaginación para idear gastos públicos a financiar no hay límite posible a lo que el Estado detrae coactivamente a los individuos.
Mazarino
El gasto político ABSOLUTAMENTE DISEÑADO PARA EL MANTENIMIENTO de LOS APARATOS CLIENTELARES QUE MANTIENEN EN EL PODER A ESTOS ESPECIALISTAS TAN INNECESARIOS como insufribles,alejados de la calle. ES UN DESPILFARRO CERRAR NUCLEARES Y NO EXPLOTAR LOS RECURSOS NATURALES EN NUESTRO SUBSUELO POR UNA IDEOLOGÍA YA TRASNOCHADA Y SIEMPRE RUSO-SUBVENCIONADA.El resultado lo estamos padeciendo. ¿El camarada caviar Estefanía sigue dando tumbos por esas calles llenas de parques,hospitales y demás servicios de ocio de esa CIUDADANÍA exclusiva y presuntuosa por su intelectualidad inaccesible?. Vale ya Steban,erees un dejá vu.Demodé
Vicente
Gasto innecesario: 20.000 millones para impulsar políticas feministas. Dado que Espana es el séptimo país exportador de armas del mundo, quizá se podría poner un impuesto especial, llamado así como una especie de "plus de martalidad", para esas empresas que la izquierda no quiere ver y que mueven 4.000 millones anuales con sus exportaciones a Arabia Saudí, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel y Turquía, que se utilizan en Yemen, Libia o los Territorios Palestinos Ocupados, sin dejar de lado la venta de material antidisturbios a países cómo Argelia, Perú, Francia, Togo y Túnez. En la izquierda ante estos temas se callan como muermos.
Petrapacheco
A ver cuando pilla cacho el señor idem propietario de esta cosa y arregla la cuestión digital de estos comentarios, que así no hay quien se anime....
Wesly
Como cualquier empresa privada, las empresas públicas y también las Administraciones públicas han de ser competitivas, han de prestar sólo los servicios públicos necesarios para el interés general siempre al menor precio posible. El Gobierno exige que las empresas privadas sean competitivas, creando incluso una Comisión Nacional de la Competencia, mientras las empresas públicas y la Administración Pública (que estamos obligados a financiar tanto si nos gusta como si no) quedan al margen de esta exigencia de competitividad. Es injusto. Los políticos y empleados públicos quedan exentos de las exigencias que conlleva la competencia mientras sus financiadores han de soportarlas. En el contexto de crisis, paro y deuda en el que nos encontramos, es urgente conseguir la máxima competitividad también en las empresas públicas y en las Administraciones Públicas. Hay mucho margen para reducir gasto público y para que efectivamente prevalezcan la Justicia, la Libertad y la Igualdad, pilares en los que, según el artículo 1 de la Constitución, se fundamenta nuestra convivencia
Wesly
Claro que hay que pagar impuestos, pero, antes de decidir cuánto hemos de pagar, habría que dejar absolutamente claras y resueltas tres cuestiones previas. La primera es delimitar, con criterios claros y perfectamente justificados, para qué es justo que se nos exija que paguemos impuestos. ¿Para subvencionar generosamente a partidos políticos y sindicatos?, ¿ para pagar el sueldo y los privilegios de políticos y empleados públicos no sujetos a la competencia?, ¿para contratar a amigos y familiares de los políticos como funcionarios?, ¿para engordar una Administración mastodóntica e ineficiente?, ¿para repartir regalos a cambio de votos para el partido del Gobierno?. La segunda es qué controles efectivos, qué criterios claros, qué procedimientos operativos, qué auditorias exhaustivas están ya implantados para asegurar 1) que todo el dinero público se gasta sólo de la forma más eficaz posible para servir al interés general, y 2) que todo intento de incumplir el punto 1 anterior será detectado y denunciado ante la justicia. Y la tercera es qué sanciones aumentadas están ya previstas en el código penal para castigar el robo, la malversación, y la gestión negligente o desleal del dinero público.
Leonidas
Hay mucha grasa que vive de nuestros impuestos. Ahí se puede meter mano