No va a reformarse la Constitución de 1978. Al menos no en un plazo cercano, como podrían hacer pensar movimientos y declaraciones recientes. Sin poner en duda la buena voluntad de quienes promueven su revisión, a día de hoy las dificultades y escollos son insalvables. Por tanto, esta expresión tan horrenda de “abrir el melón constitucional” seguirá asaltando los discursos cada cierto tiempo, pero no irá más allá de hacerlos más feos, previsibles y aburridos.
1) La imposible lealtad constitucional
Algunos piensan en una modificación constitucional para tratar de “solucionar” el problema territorial. Inútil esfuerzo. Está en lo más profundo de los nacionalistas identitarios reivindicar que catalanes y vascos son diferentes al resto de los españoles que, estos sí, constituirían una unidad más o menos exitosa en sí misma pero, en todo caso, ajena a los primeros. Es así como lo ven y lo defienden; legítimamente, además, mientras se exprese con respeto.
Es por eso que no pueden aceptar participar como un miembro más en foros decisorios con altos representantes de otras autonomías. Por eso faltan cuidadosamente a citas que no sean extraoficiales. Porque acudir, por ejemplo, a un Senado que realmente fuese una cámara territorial efectiva y decisoria sería aceptar que un President o un Lehendakari estarían al mismo nivel que los presidentes de Castilla, Aragón o Extremadura y eso, puede que usted lo piense, y yo, pero ellos no.
2) El imposible cierre de competencias
En los estados federales está bien claro cuáles son las atribuciones concretas de las instituciones nacionales y cuáles las de las Administraciones regionales. En España no. Se intentó con la LOAPA en 1982 y la escandalera fue mayúscula, hasta el punto de que se llegó a vender con éxito que aquello era un peaje a los golpistas del 23F.
La indefinición competencial y el mantenimiento de listados de transferencias supuestamente pendientes viene al pelo a los grandes partidos nacionales para negociar acuerdos parlamentarios puntuales con las minorías vasca y catalana de las Cortes, pero para los nacionalistas, esa provisionalidad, esa indefinición, no es que sea ventajosa, es que les resulta absolutamente imprescindible e irrenunciable, ya que, de otro modo, sus reivindicaciones tendrían un techo insalvable y eso les resulta, desde su lógica, inaceptable. Por si fuera poca dificultad, les recuerdo que aquella ley orgánica fue declarada inconstitucional por entrar en colisión con los Estatutos, que también son leyes orgánicas.
3) La imposible recentralización
Por mucho que el papel de calco y las xerocopias de cuando se aprobó la actual Constitución hayan sido sustituidos por Internet, y aunque hoy una simple App pueda controlar el funcionamiento de servicios diarios para millones de personas, sigue en plena vigencia la idea de que un traspaso competencial solo es aceptable si es para cederlo de las instituciones comunes a las autonómicas y nunca al revés.
Las opiniones que, también legítimamente, se expresan en favor de que las instituciones del Estado recuperen algunas decisiones hoy autonómicas encontraría muros insalvables y seguramente ruidosos, no solo en materias tan sensibles como la educación, sino en casi cualquier cosa. La resistencia a ceder la más leve competencia (que siempre es un espacio de poder) a órganos comunes a toda la nación, será tan enorme como previsible; y en todas las autonomías, las gobierne quien las gobierne.
4) El imposible acuerdo sobre los derechos subjetivos
La salud y la educación son derechos que van a más allá de los relacionados con la libertad individual de los ciudadanos porque requieren para su ejercicio no solo de la no intromisión del poder sino, por el contrario, de una considerable inversión económica por parte del erario público. Una nueva negociación constitucional abriría sin duda el debate sobre la oportunidad de introducir en su texto el reconocimiento expreso de otros derechos, también económicamente relevantes, precisamente con objeto de que, figurando en la nueva Carta Magna, quedasen fuera de la discusión política para siempre. Podría ser el caso de la vivienda, la dependencia, el salario universal y otros. Introducir tales costes económicos como obligaciones el Estado, en un documento pretendidamente intocable, desde luego que no haría de la negociación un camino de rosas.
5) El imposible rescate de soberanías cedidas a la UE
Salvo para quienes piensen que Europa no tiene ya futuro y va camino de desaparecer, otro de los flancos abiertos en una modificación constitucional sería ajustarse a nuestra pertenencia a una Unión a la que hemos cedido importantísimas cuotas de soberanía: monetarias, económicas, regulatorias, ambientales, etcétera, de ahí que nos multen a veces o nos obliguen a transponer normas y leyes aprobadas en Bruselas.
La modificación del artículo 135, que tan a menudo se presenta como una traición de Zapatero a España y los españoles, solo sería una muestra de los cambios a los que nuestra futura Carta Magna se vería sometida. La cesión de soberanía, puede que incluso fiscal, no tiene pinta de remitir, por lo que nuestra nueva constitución del Siglo XXI tendría que tener permanente abierto el portillo por el que entrasen las modificaciones decididas por nuestros socios. Nada fácil.
6) El consenso imposible
Sobre todos los puntos ya citados, y sobre muchos otros, como la propia forma de Estado, si monarquía o república, que enciende corazones y despierta pasiones, el desacuerdo entre los partidos actuales es enorme, sean estos grandes o pequeños, nuevos o viejos, nacionalistas o constitucionalistas. De forma que un consenso como el que protagonizaron hace cuatro décadas los dirigentes políticos de la España que salía de la dictadura, se antoja hoy inalcanzable en plena democracia.
Demasiados imposibles para que de verdad estemos ante el inicio de una modificación constitucional. Por eso no la habrá.
